«Expertos» socialistas piden confiscar la catedral de Córdoba: su informe, refutado y vacuo

A instancias del Ayuntamiento de Córdoba (gobernado por el Partido Socialista desde 2015) un "informe de expertos" presentado el pasado sábado con gran pompa mediática pide que el Ayuntamiento reclame la titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba. El informe pretende que el Rey Fernando el Santo, al conquistar la ciudad, no hizo "donación expresa" del edificio a la Iglesia (o, al menos, asegura que no hay documentos sobre ello) y que es "edificio público" porque el Estado y el Ayuntamiento han colaborado en su protección. (Se puede consultar el informe completo en la web de una asociación laicista, aquí).

Los "expertos" son:

- el exdirector general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza (doctor en Farmacia, simpatizante público del PSOE),
- Alejandro García Sanjuán (historiador de la Universidad de Huelva experto en Al-Ándalus),
- Juan B. Carpio Dueñas (concejal socialista licenciado en Historia)
- y Carmen Calvo (socialista especializada en Derecho Constitucional y desde hace unos meses vicepresidenta del Gobierno de España).

La vicepresidenta Carmen Calvo es una de las "expertas" que ha elaborado el informe del Ayuntamiento socialista de Córdoba para confiscar la catedral

El "informe de expertos" no ha impresionado a las autoridades católicas de Córdoba, y un ejemplo son las declaraciones del canónigo de la catedral, José Juan Jiménez, que explica en La Contra TV que "este informe de los expertos que encargó el Ayuntamiento de Córdoba no aporta nada nuevo, ni en el ámbito histórico ni en el jurídico".

"Lo más curioso es que no han acudido a las fuentes, que es lo que debería hacer un trabajo con rigor histórico", lamenta el canónigo.

Sí hay documentos

Aunque el "informe de expertos" socialistas niega que haya documentación que avale que la catedral tiene a la Iglesia como titular, el canónigo no está de acuerdo.

"Hay documentos en el Archivo de la Catedral de Córdoba y en el Archivo de Simancas que avalan que la Iglesia es la titular de este templo desde el año 1236. Está en las Crónicas de 20 Reyes, que hablan expresamente de esa donación, lo tenemos también en el Libro de Tablas de la Catedral; también en el Archivo de Simancas, el testimonio de Alfonso X y de Fernando III... podría estar un buen rato citándole documentos de la historia que muestran que la Iglesia de Córdoba es la legítima propietaria de este bien".

Las Crónicas de 20 Reyes se escribieron en el siglo XIII, bajo el impulso de Alfonso X el Sabio, que reinó de 1252 a 1284. Su padre fue el rey Fernando III el Santo, conquistador de Córdoba (1236), Jaén (1246) y Sevilla (1248).

Una y otra vez las instituciones han reconocido la titularidad católica

Jiménez también habla de los precedentes jurídicos del debate actual. En 2014, recuerda, "tres exalcaldes de Izquierda Unida de Córdoba, Julio Anguita, Herminio Trigo y Rosa Aguilar, interpusieron una demanda con respecto a esta propiedad en el juzgado, y se determinó en el juzgado que no ha lugar porque la propiedad es de la Iglesia".

Jiménez recuerda que también "la Dirección General del Patrimonio Nacional del Ministerio de Hacienda afirmó que era propiedad de la Iglesia y que nunca había estado en el inventario del Estado".

"Pero es más, Asesoría Legal del Ayuntamiento de Córdoba, en el año 2016, emite un informe donde dice que jamás la Catedral ha estado en el inventario ni del Consejo, antiguamente, ni del Ayuntamiento en época moderna". Hay que tener en cuenta que en ese año ya gobernaba la ciudad el Partido Socialista.

Objetivo de la polémica: atacar a la Iglesia para distraer

¿A qué se debe entonces la absurda polémica de intentar que una catedral de la Iglesia sea apropiada por el ayuntamiento socialista?

José Juan Jiménez lo tiene claro: "Cuando hay un momento de crisis institucional, de imagen y de reputación por parte de nuestros gobernantes, también en el cogobierno de Córdoba, lo más recurrente es atacar a la Iglesia Católica. Dicen: 'vamos a distraer la atención'. Pero el pueblo, la gente, no es tonta".

Y añade: "Si la Iglesia puede destacar por algo, respecto a otros, es que sabe conservar sus bienes y sus fuentes documentales. Estamos muy tranquilos porque la Iglesia sí tiene las fuentes, los argumentos". La carga de la prueba recae sobre los que pretendan reivindicar algo novedoso sin documentación novedosa.

Vídeo del canónigo José Juan Jiménez en La Contra TV (5 min.)

Las cofradías de Córdoba, contra la ofensiva laicista

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba (hermandadesdecordoba.es), que agrupa a unas 40 de estas entidades, ha publicado un comunicado criticando el informe y la voluntad del Ayuntamiento de apropiarse de la catedral.

Las hermandades creen que algunos partidos y fuerzas políticas buscan «eliminar a los cristianos de la sociedad» y que dan «su primer paso intentando arrebatar los templos a su legítima propietaria: la Iglesia». Al "comité de expertos" del Ayuntamiento lo descalifican porque su «afinidad política y sesgo ideológico permitían prever las conclusiones expuestas».

Las hermandades ofrecen su «más firme apoyo al obispo de Córdoba y al Cabildo de la Catedral en todas las acciones» que emprendan. Y manifiestan su «más enérgico rechazo a la campaña que el propio Ayuntamiento de la ciudad está promocionando, con la única intención de crear división y discordia entre los propios cordobeses».

En opinión de las cofradías, «las falsedades conscientemente incluidas en este informe sobre la propiedad de la principal iglesia de la Diócesis cordobesa solo pretenden elevar el rango de la confrontación y desviar la atención de los ciudadanos de la ineficacia en la gestión, para centrarlas en la propiedad de un templo, como si fuera normal y razonable considerar que las iglesias pertenezcan a gestores públicos y a políticos intolerantes en lugar de a los fieles que a ellas van a orar y, por ende, a la jerarquía eclesiástica que los representa».

Además, para la Agrupación de Hermandades y Cofradías, «el intento de elevar incluso al Gobierno de España las abyectas conclusiones del informe no hacen más que corroborar la actitud insidiosa de tal propuesta, dado que, precisamente, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, fue una de las componentes de la comisión que lo elaboró --si bien salió de la misma tras su nombramiento como vicepresidenta--, y no hacen otra cosa que introducir en la dinámica de un gobierno débil un asunto que volverá a servir para marcar el paso mediático de la actualidad, hasta que se vean en la obligación de rectificar y corregirse a sí mismos una vez más».

Lo que dice la legislación autonómica moderna

El diario ABC en Córdoba ha consultado a sus propios expertos sobre la petición que hace el informe de "anular el registro a nombre de la Iglesia y dejar las cosas como estaban antes de 2006". "Solo hay un problema. Es ilegal", afirma el diario en un artículo publicado este 19 de septiembre.

Lo explican en ABC el notario Rafael Díaz Vieito y el registrador Juan José Jurado. Plantean dos posibilidades: si se considera a la mezquita-catedral un bien privado (de la Iglesia) o bien si te trata como un bien público.

Primera hipótesis: si fuese bien privado. Desde el año 2007, en que se aprueba la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, todos los bienes de esta naturaleza han de estar en el Registro de la Propiedad. No es una sugerencia. El artículo 12 de esa norma dice lo siguiente: «La Consejería competente en materia de patrimonio histórico instará la inclusión gratuita en el Registro de la Propiedad de la inscripción de los bienes inmuebles en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz». Además, el certificado de la Junta «es título suficiente» para la inscripción sin necesidad de más comprobaciones de propiedad. La Mezquita es monumento desde el año 1882 por orden del ministro José Luis Albareda.

La razón de este artículo es lógica. La Junta tiene derecho de tanteo y retracto sobre todas las transmisiones onerosas que se realicen sobre los bienes protegidos privados en Andalucía. La única manera de que eso se realice es que, antes de vender un castillo o un convento, el registrador alerte a Cultura. Quien asegura que el obispado podría vender la Mezquita se le olvida siempre alto importante: solo podría hacerlo con la aquiescencia de la Junta.

Segunda hipótesis: si fuese propiedad pública. Los portavoces de la plataforma que reclama esta cuestión siempre sostienen que el dominio público no se inscribe. Pero eso es falso. La modificación del Reglamento Hipotecario de 1998, que realizó Margarita Mariscal de Gante, dijo que la Iglesia podría inscribir centros de culto. También, aseguraba que «los bienes inmuebles de dominio público también podrán ser objeto de inscripción».

La cuestión cambió en 2003, cuando se promulga la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Lo que era un «podrá» se convirtió en un deber. Desde el momento de su entrada en vigor, todas las Administraciones deben inscribir en los registros -al margen de los correspondientes inventarios- «los bienes y derechos de su patrimonio, ya sean demaniales o patrimoniales».

Lo que quiere decir el artículo es que el Gobierno central o la Junta de Andalucía tenían la obligación de haber registrado a su nombre la Mezquita en el caso de que hubieran considerado que era una propiedad pública. «Al menos, durante tres años alguien estuvo empanado», afirma Díaz Vieito con sorna. Si la Junta, el Ayuntamiento o el Gobierno nunca registraron la Mezquita no fue por plazo. Ocho años antes de que el Cabildo lo hiciera, ya pudieron realizar ese trámite. Si no pasó fue porque nunca consideraron el monumento como propio.

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