La Rioja rectifica y permitirá a los padres objetar a la EpC

La Comunidad Autónoma de La Rioja ha sido la primera Administración educativa en llevar a cabo una aplicación directa de los artículos 16 y 27 de la Constitución, reconociendo el derecho de los padres a objetar al conjunto de asignaturas de Educación para la Ciudadanía. Los alumnos afectados quedan así formalmente exentos de asistir a las clases y de ser evaluados. Las resoluciones de la Consejería de Educación han empezado a ser notificadas ayer, de manera individual, a los padres objetores. En ellas, la Administración riojana rectifica su anterior postura por la que se declaraba incompetente para declarar directamente este derecho de los padres. Ahora la Consejería acepta expresamente, sin dejar a un lado algunas cautelas formales, que el derecho a la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía ha sido ya “directamente reconocido y amparado por los Tribunales de Justicia”, por lo que, “de acuerdo con una reiterada doctrina del Tribunal Constitucional”, procede “acoger la solicitud planteada”. En consecuencia, resuelve declarar a cada uno de los alumnos objetores “exento del deber de asistir a las clases de las asignaturas englobadas bajo el término Educación para la Ciudadanía y de ser evaluado de las mismas”. La Rioja es, con Andalucía, Aragón y, muy recientemente Castilla-La Mancha, una de las cuatro Comunidades en cuyos tribunales ya se han dictado fallos judiciales favorables a la objeción de conciencia a EpC. En concreto, La Rioja acumulaba 21 sentencias en las que el Tribunal Superior de Justicia da la razón a los padres, al declarar que la nueva asignatura impone una concepción moral e ideológica que supera los límites constitucionales y que, por lo tanto, conculca la libertad de conciencia de los padres. Las resoluciones conocidas ayer han sido recibidas con gran satisfacción por el movimiento objetor a EpC, que suma ya más de 44.000 objeciones en toda España y que comprueba como poco a poco su reclamación de libertad de conciencia va siendo admitida. Para Ana Lomas, presidenta de la Plataforma de padres “La Rioja Educa en Libertad”, “la decisión de nuestra Consejería de Educación implica un compromiso claro y valiente con los derechos fundamentales de los ciudadanos y con la libertad de educación. Era muy importante que por fin y frente al discurso autoritario y estatista de una buena parte de los responsables políticos, una Administración reconociera, con hechos y no sólo con buenas palabras, este espacio inviolable de libertad y pluralismo”. Fuentes de Profesionales por la Ética, una de las entidades nacionales que apoya la objeción de conciencia de los padres, también han valorado muy positivamente las resoluciones del Gobierno de La Rioja. Según Jaime Urcelay, presidente de la asociación, “estas resoluciones representan un avance fundamental desde el punto de vista de los derechos cívicos, al confirmar que la Constitución y las libertades en ella consagradas están por encima de las leyes de los gobiernos de turno, sea cual sea su color político”. “Ahora”, continúa Urcelay, “lo importante es que el resto de Administraciones educativas sigan cuanto antes el mismo camino que La Rioja. Los padres sólo estamos pidiendo que se respete algo tan elemental como es nuestro derecho a elegir libremente la educación moral de nuestros hijos. Es una cuestión de respeto y libertad. No queremos imposiciones ideológicas ni manipulación de conciencias en la escuela; queremos educar a nuestros hijos en libertad”.