El episcopado de Costa Rica defiende al obispo condenado por pedir un voto coherente con la fe

La Conferencia Episcopal de Costa Rica hizo público un comunicado en defensa de monseñor José Francisco Ulloa Rojas. Una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones llama al obispo de Cartago a no exhortar a los fieles sobre propuestas políticas de los candidatos.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) decidió sobre el recurso de amparo electoral interpuesto contra monseñor José Francisco Ulloa Rojas, por amenaza a los derechos político-electorales de los ciudadanos, informa Zenit.

El obispo de Cartago pidió no votar en febrero por los candidatos presidenciales que apoyaran la eliminación del carácter católico del Estado costarricense y otras prácticas que contravienen la doctrina de la Iglesia, en su homilía de 6 de setiembre de 2009, durante la festividad religiosa conocida como «La pasada de la Virgen».

«Este Tribunal, de acuerdo a los mandatos constitucionales que rigen la materia, está obligado a hacer un llamado al recurrido, monseñor Ulloa, para que en lo sucesivo, evite exhortar de manera expresa a los feligreses para que declinen el ejercicio del sufragio cuando las propuestas de orden político que hagan los candidatos no resulten acordes con las ideologías religiosas preceptuadas por la Iglesia», explica la sentencia del TSE.

El comunicado
Ante esta resolución, el comunicado de la Conferencia Epispocal de Costa Rica hace una serie de manifestaciones relativas al caso.

En primer lugar afirma que «la resolución antes citada, lesiona la libertad de expresión, como derecho humano fundamental defendido en toda sociedad democrática».

Añade que «esta excepción a la libertad de expresión contemplada en el párrafo tercero del artículo 28 de la Constitución, es una odiosa discriminación, que amerita una reforma acorde con la doctrina universal de los Derechos Humanos».

Los obispos de Costa Rica afirman además que «el Tribunal Supremo de Elecciones en funciones de tribunal constitucional, opta injustificadamente por una interpretación extensiva a una limitación a las libertades públicas de los ciudadanos».

Según los prelados, monseñor Ulloa «en el desempeño de su misión como pastor, cumplió con el deber de iluminar el momento político que vivía el país. Nunca impuso a los fieles seguir su criterio, ni señaló su incumplimiento como pecado».

En su resolución, el TSE prevenía también a la Conferencia Episcopal de Costa Rica, por medio de su presidente, el arzobispo Hugo Barrantes, que debe «advertir a los obispos que la conforman, de no incurrir en conductas como la cuestionada».

A esto, el comunicado responde que «dada la naturaleza de la Conferencia Episcopal como órgano colegial para coordinar algunas acciones pastorales, su presidente no ejerce potestad jurisdiccional-disciplinaria alguna sobre los obispos en sus diócesis, por lo que resulta impropio el mandato dado al presidente de la Conferencia Episcopal, emitido en la sentencia».

Los obispos se solidarizan «en el espíritu de comunión que nos anima» con monseñor José Francisco Ulloa «en este momento y en las acciones que emprenda en defensa de sus derechos fundamentales, ante las instancias y organismos competentes».

Y concluyen afirmando que no cejarán en su misión de anunciar el Evangelio a todo hombre y mujer de buena voluntad, «en especial predicando el valor absoluto de la Vida Humana, los valores de la familia y de la Doctrina Social de la Iglesia en fidelidad a Cristo y a nuestro pueblo».