Sanidad se ampara en el «secreto estadístico» para no dar cifras de abortos en los centros privados

Ésta es la respuesta que recibió el senador Luis Peral cuando interpeló a la ministra de Sanidad, por medio de una pregunta parlamentaria, para que revelara qué proporción de «interrupciones del embarazo» se practican en cada uno de los centros privados que existen en España. El dato resulta jugoso, pues revelaría quién se lleva la gran tajada del negocio del aborto, señala La Razón.

Además, sólo el Ministerio de Sanidad dispone de esta información, no así las comunidades autónomas, por lo que está en su mano que haya claridad en este asunto.

El «secreto estadístico» al que se acoge Sanidad está regulado en el artículo 13.2 de la Ley 12/89 de la Función Estadística Pública. «No se puede facilitar el número de interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en cada uno de los centros, ya que esta estadística, como medida importante de protección, se ha incluido en el Plan Estadístico Nacional», regulado por la citada ley de la Función Estadística Pública, argumenta el Ministerio que dirige Trinidad Jiménez en su respuesta al senador.

Según esta ley «se entiende que son datos personales los referentes a personas físicas o jurídicas que o bien permitan la identificación inmediata de los interesados o bien conduzcan por su estructura, contenido o grado de desagregación a la identificación indirecta de los mismos».

Como la respuesta «no convence» al senador, Peral ha decidido transformarla en una pregunta oral y emplazar a Jiménez a que la responda en la próxima Comisión de Sanidad. Poner fecha a cuándo se responderá su duda es difícil, pues a la ministra se le acumulan al menos 78 preguntas para contestar verbalmente a sus compañeros de banco, algo que Peral califica como «una falta de respeto al Parlamento».

Los retrasos, las evasivas y el «oscurantismo» encienden al senador popular que critica «la falta de transparencia» sobre una cuestión, las «interrupciones voluntarias del embarazo», «que se hacen a cargo del contribuyente».

Servidumbre
Para Peral, esta falta de transparencia le compromete, pues «no sólo cambiaron la ley del aborto para atender a la petición de las clínicas privadas, sino que ahora ampara el oscurantismo de ese negocio».

El senador lleva desde enero de 2009 planteando al Gobierno la pregunta de cuántos abortos hace cada centro acreditado de España. Las respuestas han sido siempre tardías y poco claras. Lejos de rendirse, el senador ha insistido y reformulado las preguntas. Tras las difusas respuestas, solicitó la reconversión en pregunta oral en comisión y ahora espera el momento en que Jiménez le niegue de viva voz el derecho a conocer ese dato.