Sábado, 23 de noviembre de 2024

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El gobierno consulta con las clínicas abortivas la reforma de la Ley del Aborto

Los responsables de la asociación que integra a los 31 centros de interrupción del embarazo en España (ACAI) formarán parte del comité de expertos que estudiará a partir de septiembre una posible reforma de la Ley del Aborto, según ha informado a EFE su vicepresidenta, Francisca García. Los representantes de ACAI mantuvieron ayer por la tarde una reunión con la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, a la que han expuesto sus propuestas en torno a una posible modificación de la ley.

(Efe/ReL) Los responsables de la asociación que integra a los 31 centros de interrupción del embarazo en España (ACAI) formarán parte del comité de expertos que estudiará a partir de septiembre una posible reforma de la Ley del Aborto, según ha informado a EFE su vicepresidenta, Francisca García. Los representantes de ACAI mantuvieron ayer por la tarde una reunión con la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, a la que han expuesto sus propuestas en torno a una posible modificación de la ley. Según García, la titular de Igualdad "se ha comprometido a que las clínicas que realizan abortos formen parte de este grupo de expertos además de más especialistas". Tal y como anunció el ministro de Sanidad, Bernat Soria, en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados este comité estaría integrado por los departamentos de Igualdad, Sanidad y Justicia, así como por otros profesionales y expertos. Además, los representantes de ACAI han recibido de la ministra la propuesta de real decreto, presentada el pasado viernes en el Consejo de Ministros, y que podría entrar en vigor antes de que finalice el año, con el fin de que se garantice la confidencialidad de las mujeres, una norma que será retroactiva y que impedirá, salvo por orden judicial, desvelar la identidad de la paciente, protegida con un código secreto. En esta línea, García ha afirmado que en el plazo de quince días responderán al ministerio después de estudiar este decreto que obliga a los centros que practican abortos, tanto públicos como privados, a separar el historial clínico de los datos personales de la paciente. Además, el decreto persigue asegurar unos criterios comunes de calidad en la prestación de este servicio en todas las clínicas entre los que figuran realizar analíticas y ecografías antes y después de la intervención, la consulta de toco-ginecología, la capacidad para monitorización cardiaca sistemática y el seguimiento post-intervención de las posibles incidencias, que incluirá la necesaria revisión ginecológica.
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