«El Gobierno de España parece ahora empeñado en convocar un concilio por lo civil»

Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas española, Ollero publica en este nuevo contexto el libro «Un Estado laico. La libertad religiosa en perspectiva constitucional» (Aranzadi, Thomson-Reuters), que amplía la versión de hace cinco años (pasando de 211 a 332 páginas y de 363 a 656 notas).

Algo que se ha hecho necesario, según explica el autor a Zenit, puesto que estudia la libertad religiosa en perspectiva constitucional. «La Constitución española no ha cambiado y la libertad religiosa no es un derecho novedoso -aclara-; sin embargo, he debido añadir cien páginas y más de trescientas notas, porque para el Gobierno español la presencia de la religión católica en el ámbito público se ha convertido en una obsesión».

 

- El Tribunal Constitucional español ha sentado doctrina sobre la libertad de los obispos para proponer profesores de religión. Se ha actualizado la libre asignación tributaria a la Iglesia católica por parte de los ciudadanos. A la vez, el Gobierno ha provocado una grave polémica al convertir en obligatoria una asignatura de formación ciudadana, rebosante de opciones morales, que antes se venía proponiendo desde ámbitos socialistas como mera alternativa a la formación religiosa. Al surgir millares de objetores de conciencia, el Gobierno ha cuestionado ese derecho encontrando sorprendente apoyo en una Sala del Tribunal Supremo, aunque aún deberá pronunciarse el Constitucional. En plena crisis económica parece ahora empeñado en convocar un concilio por lo civil. 

 

- ¿Qué puede explicar esta peculiar atención a lo religioso? 

- Su convencimiento de que ganar unas elecciones confiere el derecho a imponer un código moral a la sociedad, incluso sobre aspectos no incluidos en el programa electoral. Un cargo electo socialista acaba de dimitir como protesta. La obvia autoridad moral de la Iglesia católica es gubernamentalmente percibida como poder e intenta neutralizarla por una doble vía: cuestionar y restringir la presencia de lo católico en la vida pública, a la vez que promociona la de otras confesiones minoritarias, de espaldas a su efectivo arraigo social. 

 

- El mismo Gobierno cuyos mentores cuestionan los funerales de Estado y la presencia de autoridades en actos religiosos, o pretenden ampararse en la recurrida sentencia de Estrasburgo sobre los crucifijos para quitar de inmediato los pocos que puedan quedar, propicia en una Universidad pública un curso de formación para imanes musulmanes. No sólo ha confeccionado menús especiales para los matriculados sino que ha hecho acondicionar una sala orientada a la Meca para facilitarles los ratos de oración. Todo esto merece elogio; lo que no se entiende es la curiosa asimetría de trato. 
 

- Acaba de aprobarse una ley de plazos sobre aborto, considerada inconstitucional por el Consejo Fiscal, sin el apoyo del Consejo General del Poder Judicial, que sólo ha encontrado el visto bueno del Consejo de Estado en un informe de contenido muy crítico y bastante contradictorio. Parece que ahora se pretende abrir otro frente de batalla en la sociedad, que para algunos no es sino una maniobra de distracción ante la incapacidad gubernamental para hacer frente a la crisis económica. Como no se trata de solucionar problemas concretos experimentados por los ciudadanos, puede proponerse cualquier cosa en la línea restrictiva ya comentada.