Domingo, 06 de octubre de 2024

Religión en Libertad

LUCA VOLONTE, EN LA ENCRUCIJADA

Un provida al frente del ambiguo Partido Popular Europeo

El político italiano pro-vida Luca Volontè obtuvo la presidencia del Partido Popular Europeo (PPE) en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa la semana pasada, tras derrotar al candidato francés Jean-Claude Mignon, quien obtuvo el segundo lugar y contó con el apoyo de los miembros de tendencia socioliberal una vez que sus candidatos favoritos perdieron terreno.

Piero A. Tozzi, J.D./C-Fam

Luca Volonte, presidente del Partido Popular Europeo
Luca Volonte, presidente del Partido Popular Europeo
Inmediatamente después de asumir la presidencia del PPE, partido democristiano de la cámara europea, Volontè debió afrontar una serie de desafíos relacionados con asuntos sociales controvertidos. Gracias a la oposición coordinada del PPE, un informe sobre «discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género» patrocinado por el socialista suizo Andreas Gross fue retirado y remitido a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la mencionada Asamblea Parlamentaria. Volontè fue artífice de unas setenta reformas sustanciales del proyecto de ley, junto con sus pares italianos Renato Farina y Lorenzo Cesa, a los que se sumó Marco Gatti en representación de San Marino, microestado independiente de la península italiana.

El PPE careció de unidad, sin embargo, cuando la Asamblea Parlamentaria aprobó un informe de la diputada británica laborista Christine McCafferty en el que se conmemora el decimoquinto aniversario de la Conferencia de El Cairo sobre Población y Desarrollo como «Recomendación oficial». El informe reclama el acceso universal a los «derechos sexuales y de salud reproductiva», a los «servicios de aborto seguro» y a «la formación e información en las escuelas sobre sexualidad y relaciones, sensibles al género y apropiadas según la edad».

La Recomendación sirve como plan de acción no sólo para los 47 países representados en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa: también afecta a las naciones en desarrollo del mundo entero. En ella se solicita a los gobiernos que «asignen el 10% de la AOD (Asistencia Oficial al Desarrollo) para los [programas de] derechos y salud reproductiva y sexual/poblacional», y exige que los beneficiarios de dichas ayudas destinen dos tercios del total de su «presupuesto para reproducción y población/sexualidad» provenientes de fondos nacionales. 

Si bien se trata de un documento no vinculante, el informe de McCafferty apela al Comité de Ministros – rama encargada de la toma de decisiones, compuesta por ministros extranjeros de los Estados Miembros – para que considere la posibilidad de una «convención europea sobre salud sexual y reproductiva».

Las tácticas parlamentarias que funcionaron en el caso del proyecto de Gross no lograron detener la propuesta de McCafferty, ya que las 60 enmiendas presentadas por los aliados de Volontè en el PPE y por el parlamentario irlandés Ronan Mullen no fueron aprobadas por distintos márgenes; la más cercana estuvo a sólo tres votos de ser incorporada. Entre las reformas que fracasaron se encuentra la referida a las expresiones que reafirman el rechazo del aborto como método de planificación familiar en la declaración de El Cairo. 

Muchos miembros del PPE no respaldaron las reformas de Volontè, se unieron al bloque socialista y votaron a favor de la aceptación de la recomendación en su totalidad. La oposición interna estuvo encabezada por el francés Mignon y la holandesa Corien Jonker, candidata favorita de los socioliberales del PPE y simpatizante de los «derechos» al aborto.

A pesar de la evidente fractura entre los miembros del PPE que adhieren a los principios fundacionales del bloque y quienes desean desdibujar las diferencias que los separan de los partidos progresistas, la semana cerró con una victoria de aquellos que están a favor de un menor activismo por parte de las instituciones europeas. Guido Raimondi fue ascendido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ocupando la banca italiana en reemplazo de un socioliberal. Raimondi, católico práctico, goza del respeto de diferentes tendencias ideológicas por su actuación en el pasado como representante de Italia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y su servicio en calidad de asesor jurídico de la Organización Internacional del Trabajo. También se destacó como jurista en la Corte Suprema de Casación, tribunal italiano de última instancia en asuntos que no son de índole constitucional.
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