DURAS CRÍTICAS A LA IGLESIA
Martín Pallín propone una insólita censura a los médicos formados en Navarra y en el CEU
Albacete ha sido testigo este sábado de la VI Jornada Laicista, inaugurada con presencia de la alcaldesa socialista de la ciudad, Carmen Oliver, e intervención del coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara. Pero las palabras más esperadas eran las del ex magistrado del Tribunal Supremo y voz autorizada del sector autodenominado «progresista» de la judicatura española.
La VI Jornada Laicista organizada por Europa Laica se desarrolló este sábado en Albacete en una doble sesión que, por la mañana, transcurrió en el Centro Cultural de la Asunción, en la calle de las Monjas. El tema central del encuentro fue Diversidad de convicciones en un Estado laico. La libertad de conciencia y de convicciones en un Estado de Derecho.
La inauguración corrió a cargo del presidente de la asociación, Francisco Delgado, quien aseguró que seguirán luchando «para que se den condiciones políticas, sociales y jurídicas de las que emerja una sociedad laica». Coincidió en ese objetivo con la alcaldesa socialista de la ciudad, Carmen Oliver, quien saludó a los presentes como «un grupo de librepensadores» y les animó a trabajar por «una ciudadanía que no esté bajo imperativos».
La intervención más dura contra la Iglesia fue la del coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara. Sus críticas se dirigieron, por ejemplo, al hecho de que con el dinero que recibe del IRPF haga «campañas muy duras contra el aborto o el matrimonio homosexual o pida el voto para la derecha sin ningún tipo de tapujos». Lamentó también que el último soldado español muerto en Afganistán, John Felipe Romero Meneses, recibiese un funeral de Estado, algo, según él, incompatible con la aconfesionalidad del Estado.
La propuesta de Martín Pallín
Pero sin duda el momento álgido de la jornada era la intervención del magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, quien a sus casi 75 años sigue siendo un referente para el autodenominado sector progresista de la judicatura.
Libertad de conciencia y de convicciones en un Estado de Derecho era el título de su conferencia. Afirmó que «los seres humanos nacen laicos y otros les van inculcando creencias», y lamentó el influjo que la Iglesia ha tenido secularmente en el sistema de enseñanza, desde la Constitución de Cádiz en 1812 hasta los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, pasando por el Concordato de 1953.
Asimismo, apoyó sin reservas la decisión judicial de quitar los crucifijos del Colegio Público Macías Picavea de Valladolid, y la del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo haciendo lo propio con un instituto italiano.
Y en el mismo sentido que lo haría después Cayo Lara, señaló que España es el único país que «pone la Agencia Tributaria al servicio de la Iglesia».
Pero donde llegó la propuesta más radical fue el hablar del aborto, al proponer medidas restrictivas al ejercicio de la profesión de los médicos contrarios a esa práctica. Mostró su respeto por el hecho de que instituciones como la Universidad de Navarra o el CEU hayan declarado que no enseñarán a sus alumnos a realizar abortos, contrariamente a las intenciones del Gobierno de convertirlo en asignatura obligatoria en la carrera de Medicina. Pero, acto seguido, Martín Pallín afirmó que sería «un peligro» que los médicos que no saben practicar abortos (algo prohibido por el juramento hipocrático) ejercieran en la sanidad pública. Así que abogó, directamente, por impedirles el acceso a ella.
El pasado 13 de junio de 2009, en un artículo en El País, Martín Pallín había enjuiciado así el debate sobre la nueva ley: «Los eclesiásticos están en su derecho al amenazar con los males del infierno, y los legos antiabortistas pueden utilizar el tremendismo de la trituradora de fetos como argumento de impacto visual si no tienen capacidad para debatir la cuestión en el terreno de la lógica, la ética y la inteligencia. Sólo la intolerancia es inconstitucional.»
La inauguración corrió a cargo del presidente de la asociación, Francisco Delgado, quien aseguró que seguirán luchando «para que se den condiciones políticas, sociales y jurídicas de las que emerja una sociedad laica». Coincidió en ese objetivo con la alcaldesa socialista de la ciudad, Carmen Oliver, quien saludó a los presentes como «un grupo de librepensadores» y les animó a trabajar por «una ciudadanía que no esté bajo imperativos».
La intervención más dura contra la Iglesia fue la del coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara. Sus críticas se dirigieron, por ejemplo, al hecho de que con el dinero que recibe del IRPF haga «campañas muy duras contra el aborto o el matrimonio homosexual o pida el voto para la derecha sin ningún tipo de tapujos». Lamentó también que el último soldado español muerto en Afganistán, John Felipe Romero Meneses, recibiese un funeral de Estado, algo, según él, incompatible con la aconfesionalidad del Estado.
La propuesta de Martín Pallín
Pero sin duda el momento álgido de la jornada era la intervención del magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, quien a sus casi 75 años sigue siendo un referente para el autodenominado sector progresista de la judicatura.
Libertad de conciencia y de convicciones en un Estado de Derecho era el título de su conferencia. Afirmó que «los seres humanos nacen laicos y otros les van inculcando creencias», y lamentó el influjo que la Iglesia ha tenido secularmente en el sistema de enseñanza, desde la Constitución de Cádiz en 1812 hasta los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, pasando por el Concordato de 1953.
Asimismo, apoyó sin reservas la decisión judicial de quitar los crucifijos del Colegio Público Macías Picavea de Valladolid, y la del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo haciendo lo propio con un instituto italiano.
Y en el mismo sentido que lo haría después Cayo Lara, señaló que España es el único país que «pone la Agencia Tributaria al servicio de la Iglesia».
Pero donde llegó la propuesta más radical fue el hablar del aborto, al proponer medidas restrictivas al ejercicio de la profesión de los médicos contrarios a esa práctica. Mostró su respeto por el hecho de que instituciones como la Universidad de Navarra o el CEU hayan declarado que no enseñarán a sus alumnos a realizar abortos, contrariamente a las intenciones del Gobierno de convertirlo en asignatura obligatoria en la carrera de Medicina. Pero, acto seguido, Martín Pallín afirmó que sería «un peligro» que los médicos que no saben practicar abortos (algo prohibido por el juramento hipocrático) ejercieran en la sanidad pública. Así que abogó, directamente, por impedirles el acceso a ella.
El pasado 13 de junio de 2009, en un artículo en El País, Martín Pallín había enjuiciado así el debate sobre la nueva ley: «Los eclesiásticos están en su derecho al amenazar con los males del infierno, y los legos antiabortistas pueden utilizar el tremendismo de la trituradora de fetos como argumento de impacto visual si no tienen capacidad para debatir la cuestión en el terreno de la lógica, la ética y la inteligencia. Sólo la intolerancia es inconstitucional.»
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