El Gobierno británico podría dar marcha atrás en su acoso a la Iglesia católica

La decisión se produce después de que líderes religiosos hayan planteado graves preocupaciones por que el proyecto de ley podría obligar a la Iglesia católica a ordenar mujeres como sacerdotes así como hacer imposible la aplicación del derecho canónico.

El ministro Michael Foster, ha asegurado que, contrariamente a las publicaciones en la prensa, la Ley de Igualdad «seguirá permitiendo a las iglesias contar en exclusiva con clero masculino». También ha explicado que  la ley permitirá contratar a personal de una determinada creencia». «El gobierno ha sido absolutamente claro durante la elaboración del proyecto de ley, pero como ha habido un malentendido en torno a nuestras intenciones vamos a modificar el proyecto de ley para que esté fuera de toda duda», ha añadido.
 

Según el portavoz gubernamental, los cambios clarificarán la legislación para evitar que la Iglesia católica y otras organizaciones religiosas tengan que enfrentarse a procesos legales debido a sus requerimientos de empleo.
 

Los obispos, por su parte, temían que la ley, en su texto original, pudiera significar que las medidas disciplinarias hacia los sacerdotes implicados en escándalos sexuales, estuvieran fuera de la ley. La Iglesia también se ha mostrado preocupada porque la redacción de la norma pudiera forzar a abandoner la doctrina del celibate sacerdotal, ya que un presbítero podría casarse o formar parte de una unión civil bajo la legislación propuesta. Si los obispos eligieran desafiar las leyes, podrían enfrentarse no solo a demandas judiciales, sino también a penas de de cárcel, multas y a la confiscación de sus bienes.

Un portavoz de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales aseguró al semanario «The Catholic Herald» que aún no había tenido oportunidad de conocer las modificaciones en profundidad, y que aún podría haber algunos problemas, pero que las perspectives del proyecto de ley ya no eran «tan sombrías como antes porque al menos el Gobierno está abordando algunas de nuestras preocupaciones».
 

Del mismo modo, reseñó que el Gobierno solo ha dado pasos hacia las modificaciones una vez que se reflejaron las dudas sobre la legalidad de las disposiciones de contratación referidas a entidades religiosas. Dijo: «Desde que la ley salió a la luz, el Gobierno ha rechazado acercarse o escuchar nuestras preocupaciones sobre el texto. Sólo ahora que se ven con dificultades ante las elecciones, han empezado a mostrar algún interés por las partes problemáticas de la ley».

Baroness O´Cathain, del partido conservador, presentó una enmienda junto al Obispo anglicano de Winchester y Lord Lord Anderson de Swansea, en la quye se proponñia eliminar estas disposiciones, de tal forma que quedaran tal y como fueron aprobadas en 2003. Esto es, que se permita a los contratadores discriminar en razón de las creencias y de la orientación sexual de los candidatos, siempre y cuando el proceso de contratación fuera para una religión organizada.
 

El portavoz de los obispos asegura que la enmmienda «devuelve la ley al punto anterior» lo que constituye «la única opción prudente hasta que el Gobierno tome conciencia de las inquietudes e incertidumbres jurídicas» contenidas enla ley.
 

La Ley de Igualdad define con exactitud los tipos de trabajos religiosos exentos de no tener en cuenta la orientación sexual o la creencia, como los que «total o principalmente implican» un «liderazgo o asistencia en la observación de las prácticas o rituales religiosos» o «la promoción o explicación de la doctrina religiosa».