Cáritas Española acoge al doble de personas necesitadas en 2009 que hace dos años

Por segundo año consecutivo, la Conferencia Episcopal realiza este signo de compromiso con las víctimas de la crisis, que se materializa a través de los ámbitos diocesanos y parroquiales de Cáritas. Durante la rueda de prensa convocada para proceder a la entrega de esa donación, monseñor Martínez Camino hizo un llamamiento «a todos los católicos y a todos los ciudadanos a seguir colaborando con Cáritas en las acciones de respuesta a las víctimas de la crisis». Y ha reiterado «un año más» el mensaje de que «Cáritas es la Iglesia y la Iglesia es Cáritas», en la medida en que «la caridad, junto con la profecía y la celebración de la palabra, constituye una dimensión esencial de la vida de la Iglesia».

Junto a la entrega de la donación de la CEE, en la rueda de de prensa el nuevo secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, presentó el IV Informe del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas, en el que se analiza cuál está siendo la respuesta de los servicios sociales públicos ante la crisis.

 

«En esta mi primera intervención como secretario general –comenzó su intervención Sebastián Mora— quiero poner en el centro de ella a Jesucristo, quien nos hace girar la mirada, los afectos y el compromiso hacia los más pobres y excluidos, que son los únicos protagonistas de esta rueda de prensa y que, desde situaciones de injusticia son víctimas de un modelo social que no genera verdadero desarrollo humano».

 

Según señala el IV Informe del Observatorio de Cáritas, al analizar el actual sistema de protección social en España, cuyo modelo gira fundamentalmente en torno al empleo y a la cotización, se constata, como indicó el secretario general de Cáritas, que «cuando el trabajo es escaso, se tambalea, lo que, unido al escaso y desigual desarrollo de otros ámbitos de la protección social, como servicios sociales, garantía de rentas, servicios y prestaciones para vivienda, pone de manifiesto la precariedad de la protección social en España».

 

Este hecho cuestiona «el pretendido crecimiento económico como impulsor de un verdadero desarrollo social, ya que cuando hubo crecimiento no hubo desarrollo». En la actualidad, la proporción del gasto social en España con relación al PIB (22,7 %) está 5 puntos por debajo de la media europea, que era de un 27,7% en 2007.

El último informe del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas muestra también que el número de personas atendidas por nuestra red estatal de Servicios de Acogida y Asistencia aumentó de 400.000 a 600.000 personas del 2007 al 2008, y que previsiblemente alcanzará las 800.000 personas en el 2009. Esto supone que en dos años se ha duplicado el número de personas atendidas por Cáritas en sus servicios de Acogida y Asistencia, lo cual, como aseguró Sebastián Mora, «supondrá un récord en los datos de atención de este área de trabajo de Cáritas».

 

Al mismo tiempo, los datos del Informe revelan que, en general, los servicios sociales públicos no se cubren muchas necesidades básicas de las personas más acuciadas por la crisis, bien porque no están incluidas dentro de las prestaciones básicas que ofrecen, o bien porque los criterios de acceso a estas prestaciones se han endurecido y son muy desiguales entre Comunidades Autónomas en cuanto a tiempo de tramitación, cuantías concedidas y duración de la prestación. De hecho, los agentes de Cáritas en toda la Confederación constatan la lentitud o la falta de respuesta de los servicios públicos ante situaciones de emergencia: mientras que para las citas los períodos de espera van de 30 a 90 días como promedio, los tiempos para la valoración y la resolución de las ayudas son de tres meses o superiores.

 

Esta demora lleva como consecuencia que Cáritas debe asumir en muchos casos la cobertura inmediata de las necesidades urgentes de estas personas y familias, e incluso el «adelanto» de cantidades que vayan a ser concedidas por los servicios públicos. Como aseguró Mora, «Cáritas realiza una ingente labor de contención», una afirmación que viene avalada por el dato de que el 52% de las personas atendidas por la institución vienen derivadas de los servicios sociales públicos. A este respecto, el secretario general recordó que «la opción de Cáritas es la de complementar a los servicios sociales públicos, no sustituirlos».

 

Junto a este déficit, Sebastián Mora apuntó también a la fragmentación de nuestra política social en diversos ámbitos de actuación, donde los servicios sociales, además de carecer de una definición legal y técnica unificada, están sometidos a un proceso de legislación desigual y abierto. Por ello, uno de los retos ante el impacto de la crisis «pasa por definir claramente las tareas básicas y mínimas de los servicios sociales como una condición necesaria para racionalizar su gestión».

 

Como señaló el secretario general de Cáritas, los servicios sociales «tienen que establecer una gradación de sus servicios y prestaciones, y distinguir entre los que constituyen un derecho subjetivo del ciudadano y aquellos otros que, siendo responsabilidad u obligación de la Administración, tienen carácter discrecional y no se originan por el reconocimiento de un derecho».

Además del análisis de los servicios sociales públicos, en el Informe del Observatorio de la Realidad de Cáritas se recogen hasta diez propuestas concretas dirigidas a corregir la actual falta de respuesta ante la crisis, que van desde el incremento del esfuerzo en protección social para acercarlo al porcentaje medio de la UE sobre el PIB hasta la revisión de la acción social de acuerdo con prioridades y criterios, para que sean garantía cercana y operativa de inserción social, pasando por el aumento de los recursos humanos y económicos para garantizar la cobertura de las mismas necesidades básicas en todo el Estado o unificar los criterios de acceso y concesión en el Sistema de Garantía de Rentas Básicas o Mínimas, entre otras.

 

Por último, el Informe presentado esta mañana recoge también algunas iniciativas innovadoras puestas en marcha por Cáritas para responder con mayor eficacia ante la crisis en las respuestas a las demandas de ayudas básicas de emergencia, de vivienda y de empleo.