El obispo de Salamanca asegura que la EpC es un ataque frontal contra el derecho de los padres

(VERITAS) El obispo de Salamanca, monseñor Carlos López, dedica una extensa carta a Educación para la Ciudadanía (EpC) y la objeción de conciencia a la asignatura, así como a su concreta situación en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. El obispo justifica con numerosos argumentos legales la inconveniencia de esta asignatura que “ha creado de forma innecesaria profundas tensiones sociales y significativas divergencias también entre las Administraciones educativas de las Comunidades autónomas”. Monseñor López sostiene “la necesidad de un pacto escolar del Gobierno con las familias es, en materia de educación ética y moral, una exigencia de la recta interpretación y aplicación de los preceptos constitucionales”, y añade que “el Gobierno no ha realizado los esfuerzos necesarios para alcanzar el acuerdo con las familias sobre los mínimos éticos compartidos por todos, es decir, sobre una ética civil común que pudiera ser el contenido de la Educación para la Ciudadanía”. Por el contrario, el obispo de Salamanca mantiene que los contenidos de EpC representan “un ataque frontal al derecho de los padres a la educación religiosa y moral de sus hijos, limita de forma ilegítima el derecho fundamental de libertad de conciencia y de religión”. En este contexto, el obispo aprueba la actitud de “los padres se han visto obligados a defender los derechos de sus hijos con el recurso a la objeción de conciencia”, y aunque matiza que “éste un medio extraordinario y de consecuencias delicadas”, añade “que se justifica como único medio legítimo de defensa ante el grave atropello de los derechos que pretende llevar a cabo el Gobierno”. Apoyándose en la interpretación que el Tribunal Constitucional ha dado a la objeción de conciencia, monseñor López cree que ésta “es una exención legítima de la observancia de una ley y no puede ser confundida con la insumisión a la ley” y que por tanto “no parece legítimo considerar a los objetores como insumisos ni tratar de intimidar a los padres objetores con la amenaza de que sus hijos no recibirían el correspondiente certificado académico final”. “En todo caso –continúa el obispo de Salamanca-, después de pronunciamientos divergentes de los Tribunales Superiores de Justicia de varias Comunidades autónomas, la cuestión del derecho de objeción de conciencia a la Educación para la Ciudadanía, y la misma legalidad de la normativa que desarrolla la referida asignatura, están pendientes de resolución en el Tribunal Supremo”. “Mientras tanto, hay que seguir reconociendo a los padres su derecho de objeción”, concluye.