La ministra británica de Igualdad quiere condicionar los requisitos para el sacerdocio católico

Los prelados no podrán impedir que sacerdotes ordenados se casen con mujeres, ni que formen una unión civil homosexual, bajo los preceptos de la ley de igualdad que prepara la ministra británica de Igualdad, Harriet Harman. Los obispos no estarán capacitados para impedir que los sacerdotes se realicen operaciones de cambio de sexo, mantengan estilos de vida abiertamente promiscuos, o realicen cualquier otro tipo de actividades que sean reconocidas como formas legales de expresión sexual.

 
Richard Kornicki, un ex alto funcionario del Ministerio del Interior, que trabaja como coordinador parlamentario para los obispos, asegura que la Iglesia podría ser perseguida por discriminación sexual si rechaza a mujeres o a homosexuales activos que se presenten como candidatos al sacerdocio. «El Gobierno está diciendo que la Iglesia no puede mantener sus propias creencias respecto a sus propios sacerdotes», asegura Kornicki.
 

Si el proyecto de ley termina aprobándose, y los obispos desafían al Gobierno, no sólo podrían ser acusados de discriminación sexual, sino que, en el peor de los casos, también podrían enfrentarse a penas de prisión, graves multas o embargos de sus activos.

 
Las propuestas de Harman, de alcanzar el rango de ley,  pondrán inevitablemente a la Iglesia católica del Reino Unido en una posición de colisión con el Gobierno, – en particular en la poderosa Comisión de Igualdad y los Derechos Humanos– en lo concerniente a la libertad religiosa.
 

La última advertencia sobre la amenaza planteada por el Gobierno británico fue realizada en una reunión mantenida por la Conferencia Episcopal Católica de Inglaterra y Gales, unos días antes de que se llevara a cabo la segunda lectura de la proposición en la Cámara de los Lores el pasado martes. Los obispos explicaron que la propuesta reduce drásticamente la capacidad de la Iglesia para determinar el estilo de vida de sus miembros.
 

El proyecto de ley plantea que sólo es exigible una coherencia en el estilo de vida a aquellas personas que dirigen el culto o enseñan la doctrina y los principios morales de la fe católica. Pero según han apuntado algunos expertos a los obipos, la redacción de esta cláusula hace «ilegal que se pida que un sacerdote católico sea hombre, soltero o que no pertenezca a una asociación civil, desde el momento en que ningún presbítero podrá demostrar que su tiempo está dedicado principalmente a la promoción y explicación de la doctrina. El proyecto de ley no refleja el tiempo que un sacerdote gasta en su trabajo pastoral, oración probada, estudio, administración, mantenimiento de los edificios, etc».
 

La nota remitida por los prelados dice: «Esta definición polémica se decidió sin consultar y ha sido defendida por el Gobierno a pesar de la preocupación de los obispos y representantes de otros organismos religiosos en el Reino Unido». Según Kornicki , la Iglesia ha estado protestando por el proyecto de ley desde hace dos años, pero el Gobierno se ha negado a negociar.
 

Los obispos están animando a los fieles a luchar para enmendar la cláusula y proteger la naturaleza del sacerdocio así como la credibilidad de quienes trabajan para la Iglesia.
 

Neil Addison, director del Thomas More Legal Centre, creado para defender la libertad religiosa contra los excesos de las autoridades, ha asegurado que la proposición de ley es mortalmente defectuosa, porque en ella se trata a los ministros religiosos como empleados, en lugar de como titulares de cargos.
 

El abogado y experto en discriminación religiosa, añadió al semanario The Catholic Herald, que dudaba de que el Gobierno pudiera obligar a la Iglesia a ordenar mujeres, pero que sí podría poner trabas para definir a los sacerdotes ya ordenados cómo deben comportarse. Esto significaría que los sacerdotes católicos podrían comportarse como quisieran con el único límite de lo que sea aceptable para el Estado.
 

Addison asegura que el Gobierno británico está buscando de forma deliberada un enfrentamiento con la Iglesia católica y que no es verdad que haya una directiva europea que le obligue a modificar la ley. «Los partidarios de esta proposición de ley, no entienden por qué la Iglesia no tiene mujeres sacerdotes y clero homosexual, pero quieren que los tengan», ha explicado. «Los partidarios están muy ideologizados. Les encantaría que un transexual pleiteara para seguir siendo sacerdote». Y ha añadido: «Las exenciones para la religión en la actual ley de discriminación han sido aprobadas por los tribunales y están conformes al derecho comunitario. El Gobierno está diciendo que hay que cambiar algunas de estas cosas para ajustarlas a la legislación europea, pero esto no es verdad. Es, simplemente, una mentira. Se trata del Gobierno, y en particular Harriet Harman, colocando su propia ideología por encima de los requisitos europeos».
 

El Gobierno, por su parte, niega que la propuesta de ley pueda producir algún daño a la Iglesia. «La definición de trabajador a los efectos de las organizaciones religiosas, incluido en el párrafo 2 del anexo 9 en la Ley de Igualdad incluye a los ministros religiosos como los sacerdotes católicos» ha asegurado un portavoz del Ejecutivo. «El procurador general ha aclarado expresamente este extremo».

Desde el ejecutivo se ha insistido a la Iglesia que en la medida en que los sacerdotes inviertan al menos un 51 por ciento de su tiempo a dirigir el culto y a predicar el Evangelio, la Iglesia estará protegida contra posibles acciones legales.

Los obispos, por su parte, aseguran que la labor sacerdotal es muy diversa (trabajo pastoral, la oración personal y el estudio o el mantenimiento de los templos, por ejemplo) de tal forma que es imposible garantizar que la condición del 51% pueda ser verificada. Al mismo tiempo, los obispos se oponen a que le Gobierno decida lo que los sacerdotes están obligados a hacer o dejar de hacer.

Los prelados también han advertido al Gobierno que el proyecto de ley podría efectivamente significar el fin de la celebración pública de la Navidad. También dijeron que las escuelas católicas y centros de asistencia podrían verse obligados a quitar los crucifijos y las imágenes sagradas de sus paredes en caso de que ofendieran a los trabajadores de la limpieza ateos.
 

La semana pasada fue rechazada en la Cámara de los Comunes una enmienda al proyecto de ley para proteger la libertad de las confesiones religiosas. Presentada por el diputado laborista David Drew, habría protegido el derecho de las organizaciones religiosas para restringir sus puestos a las personas cuya conducta es coherente con las enseñanzas de la Biblia. Fue derrotada por 314 a 170 votos.