DURAS CRÍTICAS AL GOBIERNO AUTONÓMICO DEL PP
Otras 21 sentencias en Castilla y León eximen de cursar EpC por «adoctrinamiento»
Como era previsible, tras las primeras dos sentencias favorables a 3 alumnos objetores, en los últimos días el TSJCyL ha notificado 21 nuevas sentencias que eximen a 31 alumnos de cursar las asignaturas correspondientes a la asignatura de EpC.
Francisco José Ramos Vega, abogado de los objetores castellanoleoneses, recuerda que, al igual que las sentencias notificadas el mes pasado (las primeras de un Tribunal Superior de Justicia tras las sentencias del Supremo) «el Tribunal avala el derecho a objetar a EpC porque entiende que, en la interpretación de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, es vinculante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y no la del Supremo. Es el Tribunal Constitucional el intérprete supremo de la Constitución».
El letrado también ha reiterado que las sentencias hacen un riguroso análisis de los Reglamentos que regulan EpC en Castilla y León y llegan a la conclusión de que, al imponer a los menores la reconstrucción y nueva creación progresiva de valores, exigen que «donde había unos valores ya construidos, provenientes del ámbito familiar, se proceda a sustituirlos por otros de nuevo cuño», lo que denota, con palabras de los magistrados, «un marcado fin de adoctrinamiento». Existe, por tanto, un riesgo exorbitante de injerencia en la esfera de privacidad que el art. 27. 3 CE reserva a los padres, y que éstos no vienen obligados jurídicamente a soportar ni a esperar que cristalice, por lo que les reconoce el derecho a la objeción de conciencia.
En resumen, a fecha de hoy el TSJCyL ha notificado un total de 23 sentencias que eximen a un total de 34 alumnos (19 de Salamanca, 12 de Soria y 3 de Valladolid. Estas sentencias reconocen que, puesto que la administración autonómica tiene competencias en materia educativa, «cualquier incidencia que surja en relación con la educación de un alumno ha de ser resuelta por las autoridades educativas autonómicas», por lo que éstas podrían y deberían haber reconocido los derechos de los padres y hacer efectivo su respeto, evitándoles tener que acudir a los Tribunales para defender unos derechos que la propia Constitución les reconoce y que la Junta de CyL no ha protegido.
La noticia ha sido recibida con enorme alegría por parte de las 10 plataformas de padres objetores de Castilla y León. Para Marisa Pérez Toribio, presidente de Soria Educa en Libertad y portavoz, en este caso, de los padres objetores de esta región, «hoy los alumnos de Castilla y León son más libres porque la justicia ha confirmado un derecho constitucional recogido en la Constitución. Y esta es una buena noticia para todos los ciudadanos».
Críticas al Gobierno autonómico
Sin embargo, Pérez Toribio no puede ocultar la indignación de estas familias con la Junta de Castilla y León. Y es que el gobierno que preside Juan Vicente Herrera sigue ninguneando a los objetores a las EpC mientras repite que en su Comunidad Autónoma estas asignaturas son menos adoctrinadoras que en el resto de España.
Ante esta actitud, Marisa Pérez Toribio recuerda a Herrera:
Por todo ello, las 10 plataformas de objetores de Castilla y León han exigido la dimisión del consejero de Educación, Juan José Mateos y del viceconsejero, Sánchez Pascuala, «por su nefasta gestión del conflicto de EpC y su reiterado menosprecio a los padres objetores». Igualmente, Marisa Pérez Toribio ha manifestado que el presidente Herrera tendrá que recibir a los representantes de las plataformas y rectificar sus declaraciones por constituir una afrenta a la verdad de los hechos.
El letrado también ha reiterado que las sentencias hacen un riguroso análisis de los Reglamentos que regulan EpC en Castilla y León y llegan a la conclusión de que, al imponer a los menores la reconstrucción y nueva creación progresiva de valores, exigen que «donde había unos valores ya construidos, provenientes del ámbito familiar, se proceda a sustituirlos por otros de nuevo cuño», lo que denota, con palabras de los magistrados, «un marcado fin de adoctrinamiento». Existe, por tanto, un riesgo exorbitante de injerencia en la esfera de privacidad que el art. 27. 3 CE reserva a los padres, y que éstos no vienen obligados jurídicamente a soportar ni a esperar que cristalice, por lo que les reconoce el derecho a la objeción de conciencia.
En resumen, a fecha de hoy el TSJCyL ha notificado un total de 23 sentencias que eximen a un total de 34 alumnos (19 de Salamanca, 12 de Soria y 3 de Valladolid. Estas sentencias reconocen que, puesto que la administración autonómica tiene competencias en materia educativa, «cualquier incidencia que surja en relación con la educación de un alumno ha de ser resuelta por las autoridades educativas autonómicas», por lo que éstas podrían y deberían haber reconocido los derechos de los padres y hacer efectivo su respeto, evitándoles tener que acudir a los Tribunales para defender unos derechos que la propia Constitución les reconoce y que la Junta de CyL no ha protegido.
La noticia ha sido recibida con enorme alegría por parte de las 10 plataformas de padres objetores de Castilla y León. Para Marisa Pérez Toribio, presidente de Soria Educa en Libertad y portavoz, en este caso, de los padres objetores de esta región, «hoy los alumnos de Castilla y León son más libres porque la justicia ha confirmado un derecho constitucional recogido en la Constitución. Y esta es una buena noticia para todos los ciudadanos».
Críticas al Gobierno autonómico
Sin embargo, Pérez Toribio no puede ocultar la indignación de estas familias con la Junta de Castilla y León. Y es que el gobierno que preside Juan Vicente Herrera sigue ninguneando a los objetores a las EpC mientras repite que en su Comunidad Autónoma estas asignaturas son menos adoctrinadoras que en el resto de España.
Ante esta actitud, Marisa Pérez Toribio recuerda a Herrera:
- Que los decretos autonómicos que desarrollan EpC en Castilla y León tienen los mismos objetivos, contenidos y criterios de evaluación que los decretos estatales, como confirmó el propio Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en sentencias dictadas en los meses de abril y junio pasados. Por tanto, contra lo que afirma Juan Vicente Herrera, el decreto autonómico que desarrolla EpC en Castilla y León no ha rebajado en absoluto el carácter ideológico y adoctrinador de las asignatura».
- Que la actitud de la Junta de Castilla y León ha sido tan beligerante con los padres objetores como el Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero. En este sentido, las plataformas castellanoleonesas que se oponen a EpC recuerdan las amenazas del consejero de Educación a los objetores sorianos en julio de 2008, así como las maniobras de la Junta para evitar la presentación de objeciones y la negativa del viceconsejero de Educación, Fernando Sánchez Pascuala a adoptar ninguna medida para prevenir el adoctrinamiento en EpC tras las sentencias del Tribunal Supremo.
- Que la Junta de Castilla y León ha patrocinado cursos de formación de profesores de EpC impartidos por autores marxistas (como Carlos Fernandez Liria, autor del libro de EpC de la editorial Akal) y altos cargos del Ministerio de Educación (como Pedro Uruñuela).
Por todo ello, las 10 plataformas de objetores de Castilla y León han exigido la dimisión del consejero de Educación, Juan José Mateos y del viceconsejero, Sánchez Pascuala, «por su nefasta gestión del conflicto de EpC y su reiterado menosprecio a los padres objetores». Igualmente, Marisa Pérez Toribio ha manifestado que el presidente Herrera tendrá que recibir a los representantes de las plataformas y rectificar sus declaraciones por constituir una afrenta a la verdad de los hechos.
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