Denuncian un posible fraude fiscal del aborto, cifrado en 50 millones de euros anuales

el Foro Español de la Familia ha hecho público un informe titulado «El negocio del aborto en España», del que se extrae una conclusión clara. El negocio del aborto en España podría estar incurriendo en un delito de fraude fiscal que ascendería a un mínimo de 50 millones de euros. Presunto fraude que, por otra parte, como han denunciado, sería conocido por el Gobierno.

Basado en datos oficiales del Ministerio de Sanidad, el boletín Oficial del Estado, el Registro Mercantil y los boletines oficiales de la Asociación de clínicas Abortistas (ACAI), el estudio  estima que el precio medio de un aborto quirúrgico se sitúa en 500 euros (en función del estado de gestación el tipo de anestesia y la Comunidad Autónoma en que se realice), lo que arroja una facturación anual de unos 50 millones de euros, si nos atenemos a las cifras oficiales de aborto en España.

El Ministerio de Sanidad lo sabe
Sin embargo, respecto a los datos oficiales, la duda está sembrada también de manera oficial desde que el pasado mes de abril de 2006, la directora del Departamento de Saludo de la Mujeren el Ministerio de Sanidad, Sagrario Mateu, asegurara al semanario ALBA: «En el ministerio calculamos la cifra reral en el doble de la oficial. Las competencias están transferidas a las comunidades autónomas y no es fácil exigir estadísticas». Es decir, que si la facturación oficial según el precio medio calculado se sitúa en 50 millones de euros, la «real» según Mateu, que ocupa el cargo desde 1983, sería el doble: 100 millones. La diferencia de facturación, sería por tanto, el posible fraude fiscal tolerado con conocimiento del Ministerio de Sanidad.

Pero hay previsiones aún más drásticas. Según recoge el informe, el jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Santiago Apóstol de Vitoria, Iñaki Lete, la cifra real podría triplicar a la oficial. Luego el posible fraude se elevaría a 100 millones de euros.

Para Luis Carbonel, presidente dela Confederació Católica de Padres (Concapa), el supuestofraude fiscal es una «salvajada» que se cometería «a costa del sacrificio y el dolor de muchos miles de mujeres y niños» y ha pedido a la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado que intervenga. De no hacerlo, tanto el Foro Español de la Familia como Concapa se reservan la posibilidad de emprender las acciones penales y civiles que estimen oportunas.

Opacidad del sector abortista
Para el presidente del Foro Español de la Familia, el sector empresarial del aborto siempre se ha destacado por ser «bastante opaco». En relación al posible fraude fiscal, recordó que los empresarios del aborto que comparecieron a petición del PSOE en la subcomisión de Familia previa al proyecto de la nueva ley del aborto, se negaron en rotundo a dar información alguna al ser preguntados prosus cifras de facturación.

Además, la denunciada opacidad también se refleja en el «contrastado fraude de ley» por el que el 99 por ciento de los abortos realizados en establecimientos abortistas privados se acogen la etercer supuesto despenalizador vigente (peligro para la salud física o psíquica de la madre) sin estar debidamente acreditados. De hecho, señala Blanco, «hay procedimientos penales abiertos» por estos motivos, como el de las empresas del doctor Morín.

Otro posible fraude asociado al fiscal y al jurídico denunciado sería el relativo a la falta del preceptivo consentimiento informado del paciente, que muchas veces no es realizado conforme a la legalidad vigente.

Los principales empresario del aborto
El informe refleja los nombres de los 43 empresarios principales que se dedican a esta actividad, desglosando sus zonas de actuación preferentes, que de forma recurrente tienen además negocios relacionados con la llamada Planificación Familiar y , aunqeu también con operaciones de cambio de sexo, Giencologíapromoción inmobiliaria, fabricación de muebles, calzado...


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