Álvaro Cuesta insiste en involucrar a la Iglesia en la crisis del PP

(M. Martínez/Lne.es) Álvaro Cuesta, diputado socialista asturiano en el Congreso, acusa a «los sectores más radicales de la Conferencia Episcopal» de buscar la confrontación y de pretender «la subordinación del Estado, que se convierta en un apéndice regresor al servicio de la Iglesia». En declaraciones a La Nueva España defiende que la crisis del PP está incidiendo en la Conferencia Episcopal, «porque los sectores más duros han pedido amparo a los más integristas y a cambio ejercen de manera desenfocada de espadas vengadoras y martillo de herejes aplicando el nacionalcatolicismo». El ejemplo más claro, dijo, es Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid. El enfrentamiento entre el Gobierno socialista de Zapatero y la Iglesia católica no es nuevo. Y aunque daba la impresión de haberse relajado, nada más lejos de la realidad. La última acción del Ejecutivo que ha ofendido a la Iglesia ha sido el anuncio de la reforma de la ley de Libertad Religiosa. Pero le precedían el matrimonio entre personas del mismo sexo y la Educación para la Ciudadanía, entre otras. Cuesta está en el punto de mira por sus duras críticas a la Iglesia católica tras las últimas manifestaciones de los cardenales de Madrid, Antonio María Rouco, y de Toledo, Antonio Cañizares. Fue, sin embargo, quien defendió votar en contra de la propuesta legislativa de IU de retirar los símbolos religiosos en actos y ceremonias institucionales. «Hay que avanzar, pero el Gobierno apuesta por hacerlo desde la moderación y el entendimiento», afirma. Rouco afirmó recientemente que existe «una fuerte tentación de declarar la muerte a Dios». Posteriormente, Cañizares aseguró que la Iglesia soporta «insultos, ofensas y agravios» en un ambiente de falta de libertad religiosa y de «grandes ataques». Álvaro Cuesta fue rotundo en su respuesta: «El sector más radical e integrista de la Conferencia Episcopal pretende que el Estado se convierta en un apéndice regresor al servicio de la Iglesia». Y añadió que «la mayor parte de los que procesan la religión católica no comparte la visión rancia y represora» de Rouco y Cañizares, «ni tampoco los durísimos ataques a un gobierno democrático». El diputado nacional explicó que el «principio elemental es la libertad religiosa, que es la libertad de creer o no creer». Y añadió que España debe avanzar hacia la «laicidad positiva», que es lo que acusó el Tribunal Constitucional en el año 2000. Es decir, matizó, la separación absoluta entre el Estado y la Iglesia, y promocionar en condiciones de igualdad la libertad religiosa como libertad de pensamiento e ideológica. «Por tanto, el Estado no es un gendarme al servicio de una confesión religiosa, ni un instrumento coactivo al servicio de un dogma, como pretende el sector más radical y rancio de la Conferencia Episcopal», dijo. Y fue en este punto en el que Cuesta enlazó la situación con la Iglesia católica y la división interna del PP. «Esperanza Aguirre es el ejemplo más claro de cómo se buscan amparos y se hacen favores. Ahí está el incumplimiento de la ley de Educación para la Ciudadanía y el convenio ilegal que permite la presencia de sacerdotes en los comités de ética de los hospitales madrileños. Una cosa es dar asistencia espiritual, que está muy bien, y otra es que los sacerdotes participen en las decisiones médicas. Eso no». Álvaro Cuesta insistió en que «hay que acabar con la situación de privilegio que existe», aunque «siempre desde la negociación». Pero, en su opinión, «hay que cumplir los acuerdos con el Vaticano y la Iglesia católica se tiene que autofinanciar». Y dio números: «Ingresa para sueldos 153 millones de euros del IRPF, que es dinero de todos los españoles». El diputado asturiano fue más allá y afirmó que «el 22 por ciento de los contribuyentes marca la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Si cada uno de ellos le diera 50 céntimos a la Iglesia cada domingo, ya conseguirían los 153 millones. Y ahora es dinero que sale de las arcas públicas, es decir, que ponen todos los españoles. Eso es inconstitucional y discriminatorio». «La crisis del PP está incidiendo en los obispos. El ejemplo es Esperanza Aguirre»