Ayudando a los embarazos «demostraría que no persigue masacrar miles de fetos»

La promoción del efectivo cumplimiento de la voluntad de la embarazada requeriría que, además de la posibilidad de abortar, las autoridades públicas pusieran a su disposición una serie de prestaciones que ayudaran a la mujer a completar su proceso de gestación. Ésta es la propuesta que ha lanzado el catedrático de Derecho Eclesiástico y académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Rafael Navarro Valls, durante su intervención el I Congreso de Juristas Católicos, celebrado en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y organizado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

Con la articulación de esta serie de ayudas, que, según ha expuesto Navarro Valls, podrían canalizarse a través de la Seguridad Social, «el legislador demostraría que su intención no es masacrar miles de fetos al año, sino cumplir realmente con la voluntad de la madre».

El jurista también ha valorado la denominada «Ley del Aborto», a la que considera «anticonstitucional», ya que, tal como se regula el caso, no se presenta como un conflicto de intereses, sino «como la imposición de una voluntad». Asimismo, a juicio del catedrático, la ley quiebra el principio de que la vida del nasciturus es algo merecedor de tutela, algo que se consagraba en la sentencia que el Tribunal Constitucional dictó al respecto en 1985.

La idolatría del «yo quiero»

Por su parte, Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia, ha insistido en que hay que ver la realidad de las cosas. En lo que se refiere al aborto dice que «hay que ver al niño no nacido. Mucha gente no sabe qué es el hombre porque no lo miran». Y ha reflexionado, «¿Cómo se puede hablar de derechos humanos sin saber qué es el hombre?». En este contexto, Blanco, ha explicado que una de las características más singulares de nuestra época es que «vivimos en una sociedad donde hemos perdido la fe en la razón». Así, ha afirmado que «cuando cae la razón sólo está la voluntad del ‘yo quiero’».

Estas declaraciones de hoy, vienen precedidas por las intervenciones en el Congreso de ayer de, entre otros, Silverio Nieto, que fue el encargado de inaugurar ayer el Congreso, donde aseguró que, la existencia de una mayoría parlamentaria no es en sí fuente absoluta de legitimidad, pues «la justicia va más allá de mayorías coyunturales. La justicia exige respeto a la dignidad de la persona, con independencia de la fase de su vida en que se encuentre, desde su misma concepción hasta su muerte natural», aseguró Nieto.

En la misma línea se manifestó el catedrático de Filosofía del Derecho y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Andrés Ollero, quien recordó la necesidad de la referencia a un derecho natural que esté por encima y marque los límites de la acción legislativa. «Ganar unas elecciones no da derecho a cambiar el código moral de una sociedad».

La desnaturalización de las instituciones

El presidente de la ACdP y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfredo Dagnino, denunció las violaciones de los derechos fundamentales de la persona que se producen «también en nuestras modernas y progresistas democracias». Esto sucede aún cuando «en apariencia se busque su defensa mediante la creación de nuevos derechos», añadió.

Se llega por este camino a una «desnaturalización de las instituciones». Una situación que «lleva a muchos de nuestros contemporáneos a no respetar o subestimar el derecho a la vida, como si fuese algo disponible».

El abogado del Estado, José Ramón Recuero, matizó, por su parte, que la norma jurídica tiene una causa formal y otra material, siendo el contenido de la norma el bien o el mal. «La ley positiva humana, por su contenido, es justa cuando respeta la ley natural. Por eso hablamos de derecho justo o injusto». «Hay que seguir la ley natural, que procede de la voluntad de Dios».