Caamaño asegura que «con la nueva ley no veremos abortos de no sé cuántos meses»

«Lo necesitábamos, la sociedad española necesitaba poner orden porque sigue habiendo muchísimos embarazos no deseados en España y sigue habiendo muchas interrupciones de embarazos en nuestro país», afirma Caamaño en una entrevista concedida a la agencia Efe.

Según el titular de Justicia, la nueva ley «permitirá ganar en seguridad, porque a partir de ahora las mujeres saben que pueden interrumpir voluntariamente su embarazo, pero también saben que sólo lo pueden hacer en un plazo determinado, y por tanto no veremos abortos de no sé cuántos meses».

El ministro asegura que, a pesar del debate que la reforma ha suscitado, «la demanda social existía», y defiende los puntos más polémicos de la ley, como el de que las jóvenes de entre 16 y 18 años puedan abortar sin el consentimiento paterno e incluso sin que se informe a sus progenitores.

«Nosotros creemos que esa edad se debe mantener para todo tipo de intervención sanitaria en la que uno decide, pero además creemos que esa edad responde a una situación real (...) A mí como padre sí me preocupa que una mujer de 16 años, en lugar de ir al sistema público de salud, vaya a un sistema paralelo que no tenga absolutamente ninguna garantía».

Según Caamaño, esa reflexión también tiene que estar en el debate sobre el aborto, aunque a veces se ha ocultado tras la polémica de si los padres deben o no ser informados: «El derecho regula las autorizaciones, las edades, lo que nunca podrá regular es la relación de confianza entre padres e hijos. Eso nunca lo va a regular una norma».

Ante el recurso de inconstitucionalidad que el PP ya ha anunciado en caso de que se apruebe la nueva ley, el ministro afirma no estar preocupado porque la norma no cuente con el respaldo ni del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni del Consejo Fiscal, cuyos integrantes se dividieron prácticamente al cincuenta por ciento entre quienes apoyaban la norma y quienes la rechazan.

«El texto no es que llegue sin el respaldo del CGPJ y del Consejo Fiscal, porque gran parte de los miembros de esos órganos sí estaban a favor", dice Caamaño, que sostiene que la ley "es plenamente constitucional y homologable a muchas otras que existen en otros países de nuestro entorno».

Por último, el ministro dice que el proyecto de ley «nada dice ni cambia el régimen jurídico actual en materia de objeción de conciencia» y apuesta por que sean las Cortes Generales, «con el debido consenso», las que regulen esta cuestión.