Musulmanes, judíos y algunos protestantes aplauden el avance en la laicidad que propone el Gobierno

(José R. Navarro/La Razón) Si el objetivo de la vicepresidenta del Gobierno al anunciar la reforma de la Ley de Libertad Religiosa era lanzar una «cortina de humo» para desviar la discusión de otros temas -como la acusa el PP- parece haberlo conseguido. Ayer, musulmanes, protestantes y judíos aprovecharon sus rápidas palabras de apoyo a la iniciativa de Fernández de la Vega para reclamar para si las «ventajas» que, según afirman, tiene la Iglesia católica. Mientras, ésta, representada por la Conferencia Episcopal, prefería guardar un prudente silencio a la espera de que el Ejecutivo concrete su propuesta. Entre los musulmanes, Riay Tatary, presidente de UCIDE (Unión de Comunidades Islámicas de España), hablaba de la necesidad de una «transición religiosa», en su defensa del anuncio de De la Vega, y se atrevía a asegurar que la propuesta «no está dirigida en contra de ninguna confesión sino que tiene en cuenta el pluralismo religioso que hay actualmente en España». En referencia a la financiación de las confesiones por parte del Estado, Tatary afirmaba que «no debe ser sólo para una, sino proporcionalmente a cada una de ellas y donde prime el principio de igualdad». El otro dirigente musulmán, Felix Herrero, secretario general de la Comisión Islámica de España, también se mostró a favor de «cualquier tipo de reforma». En declaraciones a Ep, lamentó que la actual ley «no contemple debidamente el tema de la igualdad de todas las confesiones ante el Estado». Por otra parte, el asesor de presidencia de la Federación de Comunidades Judías de España, Jacques Laredo, elogiaba al Gobierno de Zapatero, con el que la comunidad judía ha tenido «unos avances muy significativos», a la par que reclamaba para las religiones minoritarias las mismas «ventajas que tiene la religión mayoritaria, que es la católica». En distinta línea se mostraba Pedro Tarquis, vocal de la Alianza Evangélica, que aunque también pedía «un trato igualitario», calificaba de «aberración» tanto la financiación de la Iglesia católica a través del IRPF, como las subvenciones del Estado a las otras confesiones. En este baile de tópicos y frases hechas, los representantes de las religiones minoritarias parecían olvidar la Ley orgánica de 1980 que ahora se pretende reformar tiene un carácter genérico aplicable a cualquier confesión. De hecho, no cita a ninguna explícitamente. Además, la norma ha sido el marco jurídico que permitió a estas confesiones la firma de convenios de colaboración con el Estado. En cuanto a la financiación tampoco recordaban que cada una de las religiones a las que representan recibe financiación directa del Estado -a través de la fundación pública Pluralismo y Convivencia- a diferencia de la Iglesia católica cuyos ingresos no proceden de los presupuestos generales, sino de los ciudadanos que libremente deciden marcar su casilla en el IRPF. Una vía a la que las minoritarias han rehusado sumarse en varias ocasiones, a pesar de que ahora reclamen la igualdad. La razón, no confesada, es que obtendrían menos dinero y, de momento, prefieren la seguridad de la subvención.