Alegan que el decreto vulnera los acuerdos entre el Vaticano y el Estado
Los obispos vascos llevan a su gobierno autonómico a los tribunales por la asignatura de religión
Los obispos vascos han interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra el currículo de bachillerato aprobado el 3 de febrero por el Gobierno autonómico porque ni se atiene a la legalidad ni valora suficientemente el bien social que aporta la enseñanza de la Religión. En una nota difundida hoy, los dos obispos de Bilbao, Ricardo Blázquez y el auxiliar Mario Iceta; de San Sebastián, Juan María Uriarte, y de Vitoria, Miguel Asurmendi, han criticado el citado decreto, que establece que la Religión siga siendo de oferta obligatoria y de elección voluntaria, sin que ello suponga que quienes optan por no cursarla tengan que recibir obligatoriamente clase de otra actividad educativa organizada.
(Terra/ReL) Los prelados vascos han afirmado que durante muchos meses han mantenido un diálogo franco con el Gobierno vasco en torno al tratamiento de la Religión en el nuevo currículo de bachillerato, aunque finalmente no se ha logrado llegar a una fórmula concertada y el Decreto ha salido tal cual estaba diseñado por el Departamento de Educación en este punto delicado. Los obispos han asegurado que el mero anuncio de este decreto ha provocado, en este curso académico, un descenso drástico de la matrícula de Religión en el bachillerato, desmotivación del alumnado y alarma en profesores y en familias. Además, han criticado que cualquier clase desprovista de alternativa vinculante pierde rango académico y talla numérica, y que con mucha frecuencia los centros educativos han desplazado estas clases (las de Religión) a horas marginales. Los obispos han fundamentado su recurso ante el alto tribunal vasco en que el decreto contraviene el texto y el espíritu de los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado, un pacto internacional al que el Gobierno de Vitoria debe atenerse. En dichos acuerdos, han destacado los obispos, se estipula que el hecho de recibir o no la enseñanza religiosa no suponga discriminación alguna en la actividad escolar, lo que, según han defendido, no ocurre con el actual currículo de bachillerato, ya que los alumnos que cursan religión tienen una carga académica mayor y ello supone una discriminación. Los prelados de Bilbao, Vitoria y San Sebastián han argumentado también su postura remitiéndose a dos sentencias del Tribunal Supremo de 1998 que establecen que la ausencia de actividades alternativas supone una penalización de la Religión y un motivo disuasorio en contra de su elección. Además, han recordado que el Parlamento Europeo aconseja a los Estados miembros que procuren potenciar la enseñanza de la Religión Cristiana y que ésta es un manantial saludable de valores y una fuente de motivos de peso para vivir y convivir. Todo lo que contribuye a devaluar la Religión a los ojos de los alumnos y la sociedad debilita tales valores y motivos, han afirmado los obispos vascos, que han anunciado que mantendrán una postura firme para lograr que la clase de Religión recobre cuanto antes el estatuto legalmente normal que hoy no se le reconoce.
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