La Comunidad de Madrid pretende obligar a los objetores a EpC a entrar en clase

(Agencias/ReL) PPE denunció que la Consejería de Educación de Madrid está enviando una carta a los directores de los centros para que los alumnos de 2º y 4º de ESO cursen las asignaturas de EpC y los Derechos humanos "sin adoctrinamiento de ningún tipo, conforme a las sentencias del Tribunal Supremo y al Decreto 23/2007 de 10 de mayo de la Comunidad de Madrid y de acuerdo con el proyecto educativo de su centro". Sin embargo, advirtió que se está propiciando "una real segregación de alumnos en función del centro educativo al que acudan y, en buena medida, de su nivel de renta". Esta segregación, indicó, está prevista "porque autoriza que los alumnos de centros con proyecto educativo propio puedan recibir una Educación para la Ciudadanía adaptada, mientras que los alumnos de centros públicos, que además son mayoría, quedan a expensas de unas asignaturas y unos libros de texto que imponen criterios morales que no son compartidos por todos". PPE calificó de "injustificable precipitación" la carta enviada por la Comunidad de Madrid, que dice que el Tribunal Supremo (TS) "ha fijado doctrina sobre la asignatura y sus efectos", ha negado "la objeción de conciencia en materia educativa y recuerda que todos los alumnos deben cursar la asignatura". "Desde el punto de vista jurídico, ninguna de las cuatro sentencias del Tribunal Supremo afecta a Madrid y, además, van a ser recurridas ante el Tribunal Constitucional", señaló PPE, que afirmó que la Comunidad de Madrid "ha cedido, por motivos políticos, a las presiones de los sindicatos" que actúan "como correa de transmisión del Gobierno socialista". PPE también anunció que solicitará una entrevista a la presidenta Esperanza Aguirre "para mostrarle el más firme rechazo del cambio de postura adoptado con esta circular" y recordarle que el TS ha abierto nuevas vías para rechazar el adoctrinamiento y, "lejos de descartarla por completo, admite abiertamente la posibilidad del reconocimiento de la objeción de conciencia". Con esta decisión, denunció, la Consejería ha abandonado a los cerca de 16 mil objetores registrados en Madrid. PPE reafirmó su apoyo a aquellos padres que "opten por mantener a sus hijos fuera de clase" y seguirá ofreciendo "la asistencia jurídica necesaria para el ejercicio de cuantas acciones sean oportunas".