El Congreso pide que el aborto no sea delito y que se dé apoyo institucional a las clínicas abortivas

(Luis F. Pérez/ReL) Según el texto aprobado con el acuerdo de los partidos de izquierda, la mujer tendrá derecho a decidir sobre su maternidad y la ley establecerá el plazo, todavía no determinado, durante el cual el aborto será libre. Además se mantendrán los supuestos de malformación del feto o peligro para la salud de la mujer, en los que el aborto se permitirá en un estado de gestación mucho más avanzado. El texto del congreso también excluye la necesidad del permiso paterno para abortar a partir de los 16 años de edad. El hecho de que el texto haga mención explícita a la "derogación del delito de aborto", si finalmente es aceptado por el gobierno, puede suponer en la práctica la despenalización completa del aborto en cualquier circunstancia, pues aunque no estuvieran permitidos más que en los supuestos marcados, su comisión no tendría repercusiones penales. Aunque varios grupos lo pidieron, finalmente el documento aprobado no exige incorporar los medicamentos "de emergencia" anticonceptivos y abortivos de última generación como prestación del Sistema Nacional de Salud. Lo que sí aparece en el texto es la petición de que el Estado facilite apoyo institucional a las clínicas abortivas, de forma que se "dignifique la prestación que llevan a cabo dichos centros sanitarios". El diputado de ERC Joan Tardá advirtió al PSOE de que los votos de los partidos de izquierda son necesarios para sacar adelante la ley, de forma que no saldrá adelante si la propuesta es "derechizada" por posibles pactos del PSOE con otras fuerzas políticas o instituciones. "No aceptaremos menos que esta propuesta", afirmó el diputado catalán. El PP presentó sus propias conclusiones en la subcomisión. Además de plantear que el aborto es "malo para la mujer", la portavoz, Sandra Moneo, acusó al PSOE de "recortar" el derecho a la objeción de conciencia y se preguntó cómo es posible que "una menor necesite consentimiento para hacerse un `piercing´ y no para abortar». Los populares aseguraron igualmente que una liberalización del aborto en plazos no cabe en la Constitución. El PP reclamó también que se den "garantías públicas que eviten el actual fraude de ley en la aplicación de los abortos, lo cual se traduciría en recuperar los comités de evaluación para autorizarlos". La propuesta popular se completa con un plan de apoyo a la maternidad. ---- Acabarán dando al doctor Morín la Medalla del Mérito al Trabajo, por Luis F. Pérez