El Gobierno italiano gana el primer asalto a favor de la vida de Eluana

(Darío Menor/La Razón) El ministro de Bienestar Social, Maurizio Sacconi, argumentó su postura recurriendo a una interpretación libre de una disposición del comité de bioética y de una convención de Naciones Unidas. Desafío judicial La amenaza, que supuso un desafío al fallo del Tribunal Supremo y enfrentó al poder ejecutivo con el judicial, ha resultado definitiva. Ayer, los responsables de la clínica «Ciudad de Údine» dieron finalmente marcha atrás en su intención de facilitar la muerte de Eluana e indicaron que no se harán cargo de ella. El centro médico justificó su cambio de parecer por el miedo a las represalias del Gobierno. Según informó en un comunicado, si se produjese la «hospitalización» de la mujer y se llevase a cabo la «desconexión», la reacción del Gobierno «pondría en peligro los puestos de trabajo de las más de 300 personas» empleadas en el «Ciudad de Údine». El consejo de administración de la clínica no quiso polemizar ni hacer declaraciones, pero en su comunicado quedó claro que las amenazas del Gobierno han pesado más que la decisión de la más alta institución judicial de Italia. Beppino Englaro, padre de Eluana, dijo que «respetaba la decisión de la clínica» y agradeció «su gran humanidad, disponibilidad y generosidad demostrada hasta el 16 de diciembre». Ése fue el día en que el ministro Sacconi lanzó su prohibición. Tras la marcha atrás del «Ciudad de Údine», la familia de Eluana podría recurrir a algún centro médico de la región de Emilia Romaña. Su presidente se ha mostrado dispuesto a proporcionar los medios sanitarios necesarios para quitar la sonda a la mujer y acompañarla durante los días que tarde en morir.