El juez Calamita, condenado a más de dos años de suspensión por "retardo malicioso"

(ReL) En realidad el retraso se produjo porque el primer informe solicitado por el juez de Familia al equipo psico-social adscrito al juzgado no se realizó evaluando a las solicitantes. Las propias lesbianas reconocieron a El País que nunca fueron entrevistadas por los profesionales del equipo. El segundo informe solicitado por el juez a la dirección general de Familia de Murcia, tampoco resultó satisfactorio porque, tras haber sido aprobado el mal llamado matrimonio homosexual, los psicólogos, los psicólogos indicaron que, puesto que en todo caso la niña viviría con las dos ‘madres’, sería mejor que ambas gozaran de la patria potestad a efectos de una mayor protección jurídico-patrimonial de la niña. Sin embargo, no respondieron a las preguntas formuladas por el juez, referentes a evaluar, a la luz de los estudios publicados sobre el teme, el eventual impacto psicológico que para la niña tendría ser educada por dos madres. Así que el juez exigió a la dirección general de Familia que propusiera prueba. ”El retraso no se debe a una actitud maliciosa por parte del juez, sino a la ausencia de informes profesionales serios sobre la idoneidad de la adoptante”, argumenta el abogado defensor, Javier Mª Pérez Roldán. Así las cosas, el abogado planea ya el recurso ante el Supremo. En primer lugar por ausencia de ‘mala fe’ en los retrasos producidos en el proceso de adopción. Y en segundo lugar, por la modificación de la calificación penal por la que fue imputado. Además, el letrado anuncia que presentará una querella contra el equipo psico-social por elevar un informe sin haber siquiera examinado a la pareja de lesbianas, lo que supone una clara falsedad documental. La misma adoptante reconoció a El País –prueba aportada por la parte querellante- que el equipo adscrito al juzgado no les entrevistó cuando se presentaron en el juzgado porque el informe ya estaba terminado. Por último, la defensa también presentará una querella contra el juez instructor de la causa, Manuel Abadía, por una prevaricación culposa y dos dolosas. Y es que Abadía aceptó la causa a pesar de no apreciar indicio de delito para no contradecir a la Sala. Posteriormente modificó la calificación jurídica sin practicar pruebas adicionales, tal y como denuncia la defensa del juez Ferrín Calamita. La sentencia en que se condena al Juez Ferrín Calamita por haber tenido el expediente 6 meses parado contrasta con el hecho de que en la justicia española multitud de asuntos están mucho más tiempo retenidos sin que se realice actuación alguna sobre ellos. Igualmente, el TSJM ni siquiera ha dictado la Sentencia de condena en el plazo que la ley establece, que son cinco días.