Asociaciones provida critican que el sistema público "ha sido concebido para abortar"

(Análisis Digital) Para la asociación E-Cristians, el sistema público y cultural "ha sido concebido para abortar". En un comunicado, la entidad aseguró que las políticas gubernamentales y la cultura de masas "trivializa la relación sexual, promueve la promiscuidad, no otorga ninguna importancia ni ningún derecho al que ha de nacer, trivializa también por tanto sus existencia y está en la raíz del problema". Lamentó que la mujer continúa estando fuertemente discriminada y desprotegida "sin que las leyes de igualdad hayan otorgado ninguna clase de protección", por lo que exigió políticas públicas para encaminadas a restringir el aborto y apoyar a las mujeres que deciden quedarse embarazadas. E-Cristians afirmó que considerar que el aumento de abortos se debe sólo al fracaso de la educación sexual entendida únicamente como prácticas anticonceptivas supone "una falsa razón", ya que aseguró que las mujeres entre 20 y 29 años son las que más abortan a pesar de tener "una información sexual indudable". Igualmente, Derecho a Vivir (DAV), lamentó que el 80 por ciento de las mujeres que abortan sufre síntomas depresivos, mientras que el 40 por ciento ha pensado en suicidarse, según se detalla en la primera nota técnica del grupo de trabajo sobre aspectos médicos del aborto, integrado en el Comité de Expertos de la iniciativa. El informe, realizado por la psiquiatra de la Universidad de Navarra (UNAV) Carmen Gómez-Lavín, revela otros síntomas relativamente frecuentes entre mujeres con el Síndrome Post-Aborto. Estos son los trastornos de la sexualidad (40 por ciento), el abuso de drogas, particularmente entre adolescentes (30), alteraciones de la conducta (60) o irritabilidad (70). Durante el proceso y en el año que sigue a un aborto provocado, añade la nota, la mortalidad de las mujeres que se someten a un aborto es entre 3,5 y 6 veces más elevada que la de las que dan a luz, principalmente debido a suicidios, accidentes y homicidios, por este orden. "La incidencia del suicidio es entre 6 y 7 veces mayor que la de las mujeres que dan a luz", indica. Las evidencias científicas cuestionan, a juicio del comité de expertos de DAV, que el supuesto legal de "peligro para la salud física o psíquica de la madre", bajo el que actualmente se practica el 90 por ciento de los 112.138 abortos de la última estadística anual del Ministerio de Sanidad (correspondiente a 2007), "ayude a proteger realmente la salud de la mujer". Por el contrario, el comité DAV se pregunta "si realmente disminuye el aborto el riesgo para la salud psíquica de la madre". Por otro lado, la subcomisión del Congreso se propone finalizar las comparecencias antes de Navidad. En las cuatro reuniones que se han celebrado hasta ahora, la subcomisión ha recibido a 16 de los 30 especialistas que están llamados a comparecer, y se pretende que los 14 expertos restantes comparezcan en tres reuniones antes de Navidad. Cuando finalicen las comparecencias, las letradas comenzarán a redactar un informe en el que se recogerán las principales ideas expuestas por los ponentes. Una vez elaborado este documento, los diputados deberán confeccionar un texto común sobre las recomendaciones que quieren enviar al Ejecutivo para que éste las tenga en cuenta a la hora de elaborar la nueva ley sobre el aborto. La subcomisión quiere que este informe esté en manos del Comité de Expertos del Gobierno hacia el mes de febrero, aunque todo depende del tiempo que se demoren las negociaciones entre los grupos parlamentarios. Las formaciones políticas que no estén de acuerdo con las conclusiones acordadas por la subcomisión podrán emitir un voto particular en el que manifiesten sus discrepancias. En el caso de finalizar en febrero, la subcomisión habría terminado su misión antes de la fecha prevista, ya que tenía seis meses desde octubre para redactar las conclusiones. Por su parte, el Comité de Expertos del Ministerio de Igualdad que elabora la nueva ley, puesto en marcha en septiembre, debe presentar su reforma legislativa hacia febrero. El Gobierno tiene la intención de que la nueva norma entre en vigor "a finales de 2009 o principios de 2010".