El gobierno regional respeta pero no comparte la sentencia
Castilla y León recurrirá al Supremo contra la retirada del crucifijo de las aulas
El Gobierno de Castilla y León recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad la sentencia que obliga al colegio público Macías Picavea de Valladolid a retirar los símbolos religiosos de sus aulas. Según explicó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, «el Gobierno regional respeta pero no comparte y recurre», a lo que agregó que «nosotros no hemos judicializado esta cuestión, y en un Estado de Derecho todos tenemos las mismas armas».
(J.M.Sánchez/La Razón) El consejero portavoz argumentó que desde que asumieron las competencias en Educación, hace ocho años, se han abierto 168 nuevos centros educativos, con 2.000 aulas. «La Junta no ha puesto crucifijos ni símbolos religiosos en ninguna de ellas; tampoco los ha quitado, porque hemos sido respetuosos con la autonomía de cada consejo escolar», explicó a los periodistas. Asimismo, el consejero manifestó que, si la Junta recurre la presencia de los símbolos en ese colegio -algo que se acordó en su consejo escolar-, también lo hace porque no entiende que se vulneren derechos fundamentales y libertades públicas que consagra la Constitución Española. En este contexto, ironizó sobre el hecho de que «¡llevamos 30 años vulnerándola y no nos habíamos dado cuenta!». Para De Santiago-Juárez, la presencia de los crucifijos en los colegios «está muy lejos de ser considerada por la inmensa mayoría de la sociedad española como un elemento de agresión o vulneración de derechos». Mientras tanto, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds presentaron ayer una proposición no de ley en el Congreso, que se debatirá en la Comisión Constitucional, en la que pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar la aconfesionalidad del Estado y la inexistencia de símbolos religiosos en sus edificios, informa Efe. El texto cita la polémica sobre la colocación de un símbolo religioso en el Congreso e indica que «demuestra que éste es un asunto no resuelto sobre el que, a menudo, se improvisa».
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