Chiapas: detenciones y cancelación "por decreto" de derechos sociales a evangélicos

(La Jornada/ACPress.net) La asamblea de la comunidad Muctavits, municipio de San Andrés Larráinzar (San Cristóbal de las Casas, Chiapas) integrada por mayoría católica tradicionalista, acordó privar de los derechos a recibir apoyos de programas sociales de gobierno a 24 familias que profesan la religión evangélica, y se niegan a cooperar para construir una ermita, informó Hortencio Vázquez, representante de la Iglesia adventista del séptimo día. El pastor y dirigente evangélico Esdras Alonso González advirtió a su vez que si las autoridades no actúan en estos casos, los conflictos por intolerancia religiosa “se van a generalizar”, por lo que solicitó la intervención del gobernador Juan Sabines Guerrero. De acuerdo con Vázquez, este caso de intolerancia religiosa fue acordado durante una asamblea realizada el pasado 3 de noviembre, en la cual los católicos convinieron en despojar de todos sus derechos comunitarios a los protestantes, y en consecuencia algunos de ellos que tenían cargos públicos, como en los comités de educación, ya no podrán desempeñarlos. Afirmó que, de igual manera, los tradicionalistas determinaron “amenazar a las esposas de los hombres para que dejen de ser integrantes de la junta de mujeres, y de recibir orientaciones de salud por parte de personal médico”. Agregó que las mujeres evangélicas también han sido amenazadas con que van a perder las becas que reciben sus hijos del programa Oportunidades, lo mismo que los apoyos para construcción de viviendas que obtienen de autoridades municipales. “Lo que se percibe claramente es que todo lo que plantean y exigen los católicos de la comunidad son ideas de los miembros del ayuntamiento priísta de San Andrés Larráinzar, para que los protestantes sean amonestados por la mayoría”, consideró. Las mismas consideraciones de han aplicado a miembros de la Iglesia adventista. Detienen a evangélicos Cinco indígenas evangélicos, habitantes de la comunidad Nachit, del municipio de Zinacantán, Chiapas, fueron privados de su libertad durante 24 horas acusados de no aceptar “cargos tradicionales” vinculados con la religión católica, informó la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice). Los afectados fueron puestos en libertad, pero se condicionó su liberación a que abjuraran de su fe, apercibidos de que, en caso de insistir, les serían fabricados delitos, se les dejaría a disposición del Ministerio Público y posteriormente se les llevaría a centros penitenciarios. El pastor Arturo Farela, presidente de Confraternice, adelantó que se convocó a una mesa de diálogo para este viernes en San Cristóbal de las Casas, con la intervención de autoridades del gobierno de Chiapas, pero, de no resolverse el conflicto en esta ocasión, se solicitará la mediación de la Secretaría de Gobernación. Intentan detener construcción de templo evangélico Católicos de la comunidad de San Nicolás, en el municipio de Ixmiquilpan (Chiapas), intentaron frenar la construcción de un templo evangélico, lo que obligó al gobierno a enviar policías estatales para evitar un enfrentamiento entre ambos grupos religiosos que mantienen disputas desde hace más de una década. Encabezados por Roberto Barquera Joaquín, los evangélicos llegaron por la mañana a continuar con la obra, pero católicos liderados por Noé Gerardo Nicolás Guerrero intentaron impedir la continuación de la obra argumentando que los evangélicos violaban un acuerdo previo, según el cual la construcción del templo evangélico sería autorizado por la asamblea comunal. Barquera Joaquín advirtió que sus representados no detendrán la obra y aunque dijeron que no responderán a agresiones de los católicos, se manifestó dispuesto a defender su libertad de culto y la edificación de su templo en la misma comunidad de San Nicolás. El director de gobierno para el valle del Mezquital, Martín Quezada Salvador, reunió a representantes de los dos bandos en busca de una solución, pero ninguno cedió, por lo que se pidió la presencia de la fuerza pública en la construcción, que ahora se encuentra resguardada por los uniformados. Los evangélicos lamentaron que este conflicto sigue sin resolverse pese a la intervención de los tres niveles de gobierno y pidieron que se garantice la seguridad de los vecinos y que se aplique la ley contra quienes dirigen el movimiento por parte de los católicos, a quienes acusaron de violentar el derecho de culto en San Nicolás. Nicolás Martín Mendoza, presidente de la Comisión de Gobernación del cabildo, manifestó que la asamblea municipal no conoce oficialmente el caso, pero se convocará a sesión extraordinaria para exhortar a las autoridades municipales, estatales, federales y de la propia comunidad a resolver el problema. Aseguró que la congregación cuenta con los permisos de construcción y que en todo caso se deberá garantizar que los grupos evangélicos tengan libertad de culto. Un rayo de esperanza en San Juan Chamula Católicos tradicionalistas y evangélicos de Chicumtantic, municipio de San Juan Chamula, decidieron que los cargos religiosos y las cuotas para fiestas del pueblo ya no serán obligatorios para los miembros de ninguno de ambos grupos. El pastor Domingo Ruiz Santis manifestó que el convenio logrado, mediante el sistema de usos y costumbres, garantiza la libertad religiosa de los protestantes, que accedieron a donar voluntariamente 25 pesos en cada una de las tres fiestas anuales de la localidad. A este acuerdo se llegó el jueves pasado en asamblea, que contó con la asistencia del alcalde de San Juan Chamula, Domingo López González; funcionarios de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos del estado, y de la delegación de Gobierno, entre otros. “Hasta la fecha, en ninguna otra comunidad del municipio se ha tomado un acuerdo similar, en que los católicos decidan libremente aceptar o no los cargos religiosos”, expresó el pastor oriundo de Chicumtantic, donde coexisten unas 150 familias evangélicas de la Iglesia Pentecostés de La Esperanza y 120 católicas tradicionalistas. En 2002, la mayoría católica decidió en asamblea que los cargos religiosos y la cooperación económica para las fiestas serían obligatorios para todos los pobladores, pero “hoy se ha roto ese convenio y los habitantes quedamos en libertad de aceptar”, explicó el dirigente religioso indígena. El acuerdo zanja el conflicto por diferencias religiosas entre habitantes de la comunidad, perteneciente a San Juan Chamula, municipio de donde fueron expulsadas miles de familias evangélicas y católicas romanas entre 1970 y 2000, acusadas de atentar contra los usos y costumbres. Ruiz Santis comentó que en la asamblea del jueves algunos católicos tradicionalistas se oponían a que los cargos y cooperaciones se decidan voluntariamente, lo que provocó una discusión de horas; pero el alcalde intervino para convencerlos de tomar en cuenta el planteamiento de los protestantes, ya que “se vive una nueva realidad social”. Al final, agregó, varios tradicionalistas se unieron a los evangélicos y al ser votada la propuesta se aprobó por mayoría que los cargos de castilleros y alférez, entre otros, y las cooperaciones económicas para las fiestas de Chicumtantic, sean voluntarias. El vicepresidente del Comité de Educación del paraje, Domingo Santis Díaz –también evangélico– señaló que por desempeñar ese cargo él debía organizar las fiestas católicas, conseguir la pólvora, los grupos musicales, dar de comer a los músicos y asumir otras obligaciones no remuneradas. “Cuando imponían el cargo uno debía levantarse a la una de la madrugada y trabajar todo el día para sacar el compromiso, porque la comunidad exige las cosas bien hechas y transparentes”, aseveró. Con el acuerdo del jueves, los integrantes de los comités de Educación y los patronatos de agua, luz y salud, se enfocarán sólo a tales actividades y ya no atenderán las festividades católicas.