La vidente del Escorial no estafó ni coaccionó a sus devotos

(Efe/ReL) La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de San Lorenzo de El Escorial, María Lourdes Platero Parada, decreta en un Auto hecho público el sobreseimiento libre de las actuaciones realizadas y el archivo de la causa, si bien recuerda que contra la resolución cabe interponer recurso de reforma. En el auto, la juez señala que de las actuaciones practicadas en base a la denuncia presentada "no se puede concluir que estemos ante la comisión de alguno de los delitos denunciados, sino más bien ante una mal llevada asunción de las creencias de un grupo de personas, que amparados en lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Española, han optado libremente por ese modo de vida". La juez dice también que "resulta gratuito recordar que en el derecho penal rige el principio de intervención mínima. Sin embargo, el querellante (Juan Carlos Bueno como presidente de la Asociación de víctimas) utiliza esta vía para resolver pretensiones o reivindicaciones no sólo ajenas al derecho penal, sino a cualquier otra rama del derecho, poniéndose así en evidencia la inconsistencia de su postura procesal". En la querella, Juan Carlos Bueno señala que "aprovechando el entusiasmo desatado por las peregrinaciones a Lourdes y Fátima, fenómenos estos sí de ámbito religioso y no espurio como los de El Escorial, y sobre la misma base inician una historia para aprovecharse de la gente, en muchos casos con problemas sicológicos e incluso siquiátricos". Comienzan, agrega la querella, cuando Amparo Cuevas dice que se le ha aparecido la Virgen en la citada finca, y a partir de ahí, utilizando estas supuestas apariciones, las personas citadas a declarar "conseguían que los fieles donasen sus bienes a estas asociaciones, a cambio de promesas de redención, desposeyéndoles de todo cuanto tenían". Para la juez, de la instrucción practicada "no se infiere ni de las instituciones a la que pertenecen los querellados ni se aprecia en ellos la existencia de una finalidad subrepticia, encubierta o solapada, tendente a obtener de las personas que se acercan a las mismas un acto de disposición patrimonial en su beneficio". "No hay indicio alguno de esto" -agrega la titular del juzgado- y "máxime cuando una de las condiciones para pertenecer a las mismas es que las personas se desprendan previamente de sus bienes, bien en favor de esas instituciones o de quienes ellos quieran". La juez dice que esas donaciones "se realizan sin coacción alguna, en el marco de una comunidad religiosa", y agrega al respecto que "no es necesario entrar a valorar jurídicamente la naturaleza libre y gratuita de toda donación".