La Ley Aído aumenta el índice de agresividad de la legislación española sobre el aborto

La nueva ley del aborto que prepara el Gobierno de España, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, es «notablemente» más agresiva para el niño no nacido, la madre abocada al aborto y la sociedad y sus instituciones familiares, que la actual legislación, promulgada durante los mandatos del también socialista Felipe González, según un informe de la plataforma Derecho a Vivir.

El Índide de Agresividad del Anteproyecto de Ley de Reforma del Régimen jurídico del Aborto, ha sido elaborado por la sección jurídica del Comité de Expertos de esta plataforma ciudadana, formada por el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Abat Oliva CEU, Pablo Nuevo, el profesor de la misma espedcialidad en la UNED, Carlos Vidal, y el magistarado del consejo General del Poder Judicial, José Luis Requero.

Según desvelan en el informe estos expertos juristas,  «con el nuevo anteproyecto, se pasa de una ley previa ya de por sí agresiva contra el valor de la vida humana y la salud de la madre, a otra que atenta aún más contra esos valores y obliga a la sociedad a contribuir con su trabajo y su dinero».

Según denuncia el informe, es «altamente llamativo el aumento del índice de agresividad social del anteproyecto elaborado por el Gobierno Zapatero».

Nasciturus, madre y sociedad

El docuemnto analiza las agresiones de la legislación sobre aborto en tres campos: el niño no nacido o nasciturus, la madre gestante y la sociedad y sus instituciones naturales.

En el primer bloque, referido al niño por nacer, sobre un máximo de 10 puntos, la legislación actual arroja un índice de agresividad de 8, mientras que la impulsada desde el Ministerio de Igualdad que dirige Bibiana Aído, sube hasta 9. La diferencia fundamental en este campo, estriba en que la nueva legislación autoriza a la madre a disponer de la vida de su hijo sin alegar motivo alguno o supuesto jurídico. En el resto de parámetros, ambas legislaciones anteponen la vida de la madre y su salud física y psíquica a la del hijo, así como discriminan a los niños discapacitados, castigan a los hijos de violadores por un crimen que no cometieron, descartan el dictamen de una comisión médica para abortar,  y permiten la eliminación de la vida intrauterina con métodos químicos sin receta médica. La única asignatura que aprueban ambas legislaciones en este bloque es que no permiten procedimientos especialemnte dolorosos para dar muerte al niño como el nacimiento parcial.

En el análisis sobre la agresividad que ambas legislaciones confieren sobre la mujer, las dos son calificadas con cuatro de los seis puntos posibles, aunque con diferencias. Ni la legislación actual, ni la preparada por el Gobierno permiten informar de alternativas al aborto en una entrevista mientras sí permiten la ocultación de las consecuencias de un aborto para su salud física o psíquica. Tampoco prevén un seguimiento durante el periodo postaborto para tratar posdibles complicaciones. De la nueva legislación se rescata como factor atenuante de agresividad que no se permite abortar sin periodo de reflexión, aunque éste queda descalificado ya que no estipula que se ofrezca a la madre una información objetiva y neutral sobre el estado de salud de su hijo.

La relación de factores de agresividad que provocan estas legislaciones sobre la sociedad y sus instituciones naturales, con un aumento explosivo de aprobarse la nueva legislación. Con la legislación aprobada en tiempos de Felipe González, la agresividad en este sector se sitúa en 1,5 puntos de los 7 posibles. Con la nueva ley, siete de siete. Así, los expertos jurídicos que han elaborado el informe constatan que la nueva ley convierte el delito en un derecho; permite abortar a una menor sin conocimiento de sus padres o tutores; castiga la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios; permite matar al niño sin consultar a su padre; supone un gasto añadido para la sanidad española e interfiere en la prestación de otros servicios; obliga a los estudiantes de medicina a formarse en la práctica abortiva; y obliga a los contribuyentes a financiar abortos con sus impuestos.

De un total de de 23 puntos de agresividad, la legislación actual obtiene 13,5, mientras que la que pretende aprobar el Gobierno, llega a 20.

España, a la cabeza del «radicalismo» en la desprotección de la vida prenatal

 En otro informe comparativo, esta vez sobre las diferentes legislaciones sobre aborto que existen en Europa, la nueva ley es, a juicio de DAV, «la única que deja completamente sola a la mujer» y se coloca en el tercer lugar de los que establecen un plazo superior para abortar, por debajo de  Suecia y los Países Bajos. Además la propuesta de Aído «establece las peores garantías de procedimiento, niega información a la muejr y deja sin protección a los no nacidos», situando a España «a la cabeza del radicalismo en la desprotección de la vida prenatal».

En Europa, la legislación sobre aborto se rige por dos modelos, no necesariamente excluyentes: el de indicaciones y el de plazos. Entre los que siguen el primero, se sitúan Italia, Finlandia, Luxemburgo, Polonia y Reino Unido. Entre éstos, según el informe, el anteproyecto aprobado por el Gobierno español es «sustancialmente más permisivo» ya que es la única que no contempla la alegación de causa alguna para la eliminación de una vida gestante durante las primeras 14 semanas (tres meses y medio) de embarazo. Además, la nueva ley, no incluye en la información previa al aborto, ninguna referencia a las consecuencias que éste tiene para la mujer embarazada.

Entre las naciones europeas que siguen el modelo legislativo de plazos, a saber, Alemania, Portugal, Países Bajos, Suecia, Francia y Bélgica, España tampoco destaca por su moderación con la nueva ley. Así, se omite parte de la información que debe recibir la mujer embarazada, y ésta se entregará -según está previsto- en un sobre cerrado, negando la posibiildad de la ayuda de personal especializado. De esta forma, denuncian, «se deja completamente sola a la mujer».

En conclusión, la nueva regulación española incluirá «los aspectos más permisivos» de todas las legislaciones europeas y excluye «las garantías más estrictas» de las mismas, según denuncia el informe, con lo que España, de aprobarse la propuesta del Gobierno, se pondría «a la cabeza del radicalismo en la desprotección de la vida prenatal».