Guerra abierta de Correa contra la Iglesia Católica en Ecuador

(Magggy Ayala/El Mundo) A su vez el presidente Rafael Correa, un joven socialista declarado católico practicante, denuncia que la cúpula de la Iglesia Católica, "que no conoce a Dios", está defendiendo a la clase oligárquica y grupos económicos del país al promover el voto por el no y los acusa de haberle traicionado y "clavarle una puñalada por la espalda". La confrontación entre La Iglesia y el Gobierno entró a escena en el marco de una campaña electoral polarizada para aprobar o rechazar un nuevo texto de Constitución, redactada por una Asamblea Constituyente, conformada con un gran peso de mayoría gubernamental, que, según dice en su preámbulo, pretende construir una nueva forma de convivencia ciudadana, para alcanzar el "sumak kawsay", palabra quichua que significa buen vivir. Los prelados hicieron público el desacuerdo con cuatro puntos "no negociables" del proyecto constitucional que se contrapone con la fe católica y llamaron a los feligreses a meditar sobre su voto, lo que para el régimen significa una clara campaña por el "no". Según la Iglesia el nuevo texto conlleva a un marcado intervencionismo estatal que violenta la creatividad y responsabilidad de las personas y de la sociedad; no se reconoce claramente el derecho a la vida desde la concepción y deja abierta la puerta para el aborto; se violenta la libertad de enseñanza; y se atenta contra la familia al reconocer la unión estable y monogámica de dos personas sin diferenciar sexo y establecer tipos de familia. Inmediata reacción de Correa La reacción virulenta de Correa fue inmediata. Pidió a los ciudadanos que, durante las misas, se levanten y llamen mentiroso al sacerdote que asegure en sus sermones, que el nuevo proyecto constitucional "es abortista o promueve el matrimonio homosexual" porque según resaltó "los pelucones (élites) también tienen sus curitas". Sus palabras, sumadas a una persistente publicidad oficial contra la oposición de los religiosos, ya han provocado incidentes durante las misas dominicales y algunos enfrentamientos entre feligreses. María Isabel Morán, militante de un movimiento de izquierda afín al régimen, interpuso una demanda penal contra el monseñor Arregui, acusándolo de incumplir el tratado firmado entre Ecuador y el Vaticano en 1937, en el que la Iglesia debe abstenerse a hacer política. En la última semana el Ministerio Público inició una instrucción fiscal en contra de monseñor Arregui por una supuesta compra valorada de bienes que hizo la Conferencia Episcopal a Filanbanco, una institución financiera actualmente en quiebra que perjudicó a varios depositantes. Arregui, que defiende el derecho de la Iglesia a "catequizar", asegura que "hay un afán oficialista de atentar y desprestigiar a la cúpula religiosa mediante estrategias como la de instaurarle un juicio por alimentos". Solidaridad con Bolivia Pese a este panorama, el director de la empresa de sondeos SP investigaciones, Santiago Pérez, sostiene que el 57% de los ecuatorianos votará sí y pese a que más del 80% de los ecuatorianos son católicos, solo el 2% de los ciudadanos que han decidido votar no, lo harán por temas de fe. Según la firma Informe Confidencial, "el 75% de la población confía en la Iglesia, mientras que la credibilidad del presidente ha bajado a un 59%", sin embargo el sí, según sus sondeos está en el 56%. Con estos resultados Correa, que asumió el poder en enero del 2007, se podrá llevar un nuevo triunfo político que le permitirá concretar cambios radicales para una nueva estructura jurídica, económica y social del país, tal como fue su ofrecimiento de campaña, y adherirse de lleno en el proyecto político regional del Socialismo del Siglo XXI. En esa línea, Correa se solidarizó este sábado con su homólogo boliviano, Evo Morales y resaltó enfáticamente que no se permitirá la "balcanización" de América Latina. "No permitiremos otro Pinochet en América Latina" señaló, al anunciar que estará presente en la cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), que se realizará el próximo lunes en Santiago de Chile, para analizar el conflicto interno que vive Bolivia.