La educación sexual obligatoria generalizada no previene embarazos ni enfermedades

El curso que viene será, sin duda, escenario de un nuevo episodio de batalla escolar debido a que el Gobierno y las Comunidades Autónomas se disponen a aplicar el capítulo educativo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Con este motivo, Profesionales por la Ética ha mantenido una entrevista con la Dra. María Alonso, médico de Familia de la Comunidad de Madrid, experta en educación sexual.

·         ¿Por qué se ha planteado el debate sobre la educación sexual en los centros escolares?
 

Actualmente, la imposición de los contenidos vienen definidos como obligatorios en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción voluntaria del embarazo (Ley del aborto), planteados sin excepciones para todos los colegios e institutos. Concretamente, este tema aparece presentado desde una estrategia de salud preventiva. Se parte de la falsa idea de que el único modo de prevenir las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos imprevistos y los abortos es introduciendo  la idea de una enseñanza colectiva que no tendría por qué respetar las diferentes convicciones individuales de los padres. Todo esto, además, sin considerar que este planteamiento carece de base científica,  ya que no se ha demostrado eficaz en otros países, tales como Estados Unidos o Reino Unido, que han optado por este tipo de medidas en el ámbito escolar. En nuestro propio país hemos comprobado ya la clara ineficacia de las campañas de salud sexual, basadas en la promoción del preservativo, que se han realizado repetitivamente sin lograr sus objetivos.

·         ¿A qué edad cree que debe darse la educación sexual en las escuelas?

La respuesta depende mucho de lo que entendamos por educación sexual. La educación sexual de la que habla la Ley del aborto contempla la promoción de anticonceptivos, incluyendo la conflictiva píldora del día después (PDD), la visión del aborto como un derecho reproductivo y la  aceptación de las conductas homosexuales o bisexuales desvinculándolas de posibles valoraciones morales, a través del apartado «aceptación de la diversidad sexual» . Se propone implantar esta enseñanza, carácter obligatorio, desde los 11 años a través de profesionales sanitarios, según ha informado la Ministra de Sanidad.

A los 11 años, la formación se debe referir a aprender a reconocer,  valorar y apreciar  las diferencias objetivas orgánicas, neurológicas y psicológicas (sobre las que existen interesantes trabajos científicos), que presentan ambos sexos, orientándolas hacia el respeto y la aportación original de cada uno, para enseñar a una sana convivencia  familiar y social.  A partir de los 13 años, coincidiendo con su formación académica sobre la reproducción humana en la asignatura de Ciencias, se puede,  de modo progresivo, ir preparando al joven para el amor, la entrega mutua, la búsqueda de la felicidad duradera, la delicadeza en el trato, orientando la educación hacia el compromiso y no sólo como goce personal exclusivo, siempre respetando el  desarrollo individual de cada alumno y el deseo de los padres a recibirlo en ese momento.

·         ¿Dónde están los límites en este tema tan amplio? ¿Qué pueden hacer los padres ante la educación sexual que viene?

Evidentemente los folletos con imágenes de sexo explícito editados para adolescentes, el material «Sexpresan» de la página web del Ministerio de Educación, o el portal en internet sobre sexo para jóvenes de la Generalitat de Cataluña, con la promoción de la masturbación y sexo oral, exceden por completo los límites establecidos, siendo una de las causas del conflicto actual de los padres respecto a la educación en los dos últimos años.

Por un lado, yo recomendaría a los padres que exigiesen con antelación,  de modo coordinado, los contenidos teóricos y los materiales de las clases y talleres de educación sexual,  para que cada familia adopte las actuaciones oportunas, como medida acorde al principio de neutralidad ideológica del Estado y su derecho, reconocido por la Constitución, a educar a sus hijos. Esta es una recomendación clave para salvaguardar este derecho básico.

En mi opinión, ningún centro debería verse obligado  a dar una información o educación que pueda ser contraria a los valores propios de cada familia. Esto vale para los colegios con ideario, de iniciativa social, y para los de carácter público. En una misma clase, de hecho, conviven chicos y chicas procedentes de familias con situaciones muy distintas. Se deben respetar las diferencias ya que no estamos hablando sólo de transmisión de conocimientos y habilidades sino de algo que afecta a la propia conducta moral sobre cómo vivir la sexualidad. Ningún centro debe verse obligado a dar información contraria a los valores de cada familia. Y ninguna familia debe aceptar una educación sexual impuesta por el Gobierno o la Comunidad Autónoma que atente contra sus convicciones y valores.

Se adjunta portada del folleto «¿Quien educa a nuestros hijos?», de Profesionales por la Ética.