Garzón habría solicitado de manera ilegal los datos a la Iglesia

(Libertad Digital) El Centro Jurídico señala que "se ve en la obligación de hacer diversas puntualizaciones jurídico procesales por verse implicados los derechos de los católicos". Según explica este prestigios centro jurídico, "de conformidad con lo dispuesto en los arts. 550 y 546 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Juez podrá decretar la entrada y registro, tanto en edificio o lugares públicos como privados, bien cuando se encuentre allí el procesado u objetos relacionados con el delito que puedan servir para su descubrimiento y comprobación". En este sentido, el centro destaca que estos preceptos legales exigen: 1.- Cuando menos que el Juez haya partido para dictar su Resolución de una `notitia criminis´ apoyada en evidencias concretas y no simples conjeturas sobre la existencia de un delito específico en el ámbito de su jurisdicción. 2.- La Providencia del Juez Garzón, solicitando el acceso de la policía judicial a todos los archivos parroquiales es restrictiva del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. Este derecho está garantizado en el art. 18.2 CE, art. 17 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y arts. 185 y ss. de la LOPM. Por ello debe dictarse : * En Auto motivado, y al parecer, según lo publicado en los medios de comunicación, Garzón ha dictado una Providencia, lo que hace suponer que carecerá de toda motivación jurídica. * Que sea conforme al principio de idoneidad, esto es, adecuado a la investigación que se persigue, lo cual no ocurre en este caso pues los Registros y libros parroquiales y de la Iglesia Católica no son los idóneos para la investigación de los hechos objeto del sumario. Además el Auto es ilegal por cuanto el Juez debía conocer que el Estado Español tiene reconocida la inviolabilidad de los lugares de culto, archivos, registros y demás documentos de la Iglesia Católica, en virtud de lo dispuesto en el art. 1.5 y 1.6 del Acuerdo entre España y la Santa Sede de marzo 1979 (BOE 1512-79). Este acuerdo forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y ha sido frontalmente vulnerado por Garzón en su resolución. En conclusión, señalan que es "evidente, que sin entrar en valoraciones jurídicas sobre el fondo de los supuestos delitos que pretende investigar Garzón (perseguibilidad, prescripción, Ley de Amnistía de 1977, cosa Juzgada por el mismo Juez en otro asunto similar, etc) en cuanto a la posibilidad de ordenar la entrada y registro en templos y archivos y registros de la Iglesia Católica, dicha resolución judicial adolece de graves ilegalidades que conculcan el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y al derecho fundamental a la intimidad personal de las personas que figuran en sus registros y archivos, lo que pone de manifiesto que el Juez no busca la defensa de los derechos de las supuestas víctimas, sino la oportunidad política o proyección personal que puede proporcionarle este asunto, todo lo cual no está amparado por nuestro ordenamiento jurídico ni constitucional". "Por tales razones, este Centro Jurídico valorará la oportunidad de iniciar acciones legales contra el Juez Garzón, y ello en vista de que la Fiscalía parece no decidirse a defender la legalidad vigente ante los excesos jurídico-procesales del Juez Garzón", concluye el comunicado.