La ley italiana LGBTI marca un antes y un después en la relación entre los católicos y la política

En Italia lleva tiempo en debate y tramitación la conocida como Ley Zan (que promueve el diputado y activista gay Alessandro Zan), una ley que, so pretexto de combatir la "homofobia" y la "transfobia", establece un sistema de privilegios LGTBI y penas al disidente similar al vigente en algunas comunidades autónomas españolas y al que tiene previsto introducir la futura ley nacional.

Stefano Fontana, director del Observatorio Internacional Cardenal Van Thuân sobre la Doctrina Social de la Iglesia, considera que esta ley va a marcar, para los católicos italianos, un antes y un después, dado que no está habiendo una oposición al mal intrínseco de la norma, sino solo al ataque que implica a la libertad de expresión.

"En la línea del Piave ya no hay nadie en política" es el título de un reciente artículo suyo donde evoca la batalla del río Piave, en el noreste de Italia, en la Primera Guerra Mundial (15 a 23 de junio de 1918), un frente que había que mantener a toda costa para frenar el avance de los Imperios Centrales. Ese frente es ahora la ley natural, pero muchos representantes oficiales u oficiosos de la Iglesia, sostiene Fontana, parecen ser partidarios de abandonarlo y limitarse a minimizar daños y garantizarse un espacio de supervivencia.

Éste es el artículo, publicado por Il Timone

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En la línea del Piave ya no hay nadie en política

Puesto que los católicos ya aceptan leyes inhumanas sin ofrecer resistencia, es obvio que su relación y la de la Iglesia con la política ha llegado a un punto muerto y es necesario recuperar los principios fundamentales. O se renace o se muere.

Volver a los principios no quiere decir volver a los inicios, es decir, atrás, sino recuperar las luces fundamentales. Urge una nueva formación de base.

El proyecto de ley Zan, el punto cero de la relación entre católicos y política

La última señal la hemos visto con el debate sobre el proyecto de ley Zan. Los sociólogos dicen que al cristianismo, en Occidente, le queda solo un rincón recóndito, dado que la sociedad es esencialmente irreligiosa. Sin embargo, este reconocimiento no justifica una actitud sumisa de la Iglesia y de los católicos, y mucho menos nos consuela.

Sobre el proyecto de ley Zan, la Iglesia italiana solo ha emitido una invitación al diálogo, esperando que el texto del proyecto de ley se pudiera enmendar y no rechazar.

La Iglesia universal, en la persona del secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, ha confirmado esta línea. La mayoría de los obispos ha permanecido en silencio. Gran parte de las asociaciones católicas institucionales se han declarado a favor del compromiso, al igual que la galaxia de la prensa católica institucional, desde Avvenire [diario propiedad de la conferencia episcopal] a los semanales diocesanos.

En este caso, por compromiso se entiende la posición de quien da su consentimiento al corazón injusto de la ley, pero pide que se reduzcan las posibles limitaciones a la libertad de expresión, sobre todo para sí mismo.

La posición oficial católica, la que se transmite al gran público y la que el gran público percibe -dejando de lado áreas de pensamiento y de acción alternativas-, parece satisfecha por poder tener aún la posibilidad de leer en público los pasajes de la Escritura que condenan la homosexualidad: que la homosexualidad, la transexualidad y la bisexualidad sean cosa "del Estado"; a nosotros nos basta con que se nos reconozca la libertad de "decir lo que queremos" (siendo conscientes por otro lado de que hace ya mucho tiempo que dejamos de expresar nuestra opinión sobre estos temas).

Si la Iglesia se limita a exigir a las leyes que éstas le permitan manifestar su posición contraria a ellas, su posición política se esfuma: ya no tendría más principio fundamental que defender que la libertad de expresión, que ni es originalmente suyo ni configura por sí mismo un orden social conforme a la naturaleza del hombre. Foto: Cámara de los Diputados italiana.

En este contexto, los diputados católicos tenían muy poca posibilidad de ser protagonistas de una verdadera acción política.

Si los católicos aceptan lo antinatural convertido en sistema

La actitud católica oficial sobre el proyecto de ley Zan marca el final de la relación entre el catolicismo y la política.

El motivo es que esta ley hace de la negación del orden natural un verdadero sistema. Pretende que el poder político transforme un error en un derecho (un "derecho al deshonor", diría Dostoyevski; un "derecho a la impiedad", diría Rosmini) que no solo hay que defender, sino también proponer e imponer por parte de la autoridad pública.

De este modo lo antinatural, es decir, la organización de la vida comunitaria basada no en fundamentos razonables que emanan de la naturaleza humana, sino en el sinsentido antinatural, se convertiría en natural.

Lo antinatural como sistema ya estaba presente en las leyes que permiten el divorcio, el aborto, la fecundación artificial y la eutanasia. Sobre todo cuando el poder político los convierte en derechos "naturales" e impide la objeción de conciencia.

Pues bien, este es el objetivo del proyecto de ley Zan, que asume como justa una relación entre personas profundamente injusta, y la impone. De este modo, lo antinatural se convierte en sistema totalitario.

La debilitación política de la objeción de conciencia

¿Cómo es posible, nos preguntamos, que políticos católicos, periodistas católicos, obispos católicos, estén dispuestos a aceptar el corazón del proyecto de ley Zan, es decir, la equiparación política en orden al bien común entre heterosexualidad por una parte y homosexualidad, transexualidad y bisexualidad, etc., por la otra, limitándose a pedir la libertad de manifestar una opinión distinta?

Tanto la Iglesia como los católicos han declarado que su objetivo final es solo la sociedad pluralista. Pero ¿desde cuándo el objetivo de la Iglesia y de los católicos es garantizar la libertad de opinión de las democracias procedimentales?

Se olvidan que también en la política hay una verdad que hay que defender y que el deber/derecho a la objeción de conciencia encuentra su fundamento solo si se realiza al servicio de esta verdad indisponible.

En cambio, la nueva visión de libertad de conciencia es garantizar que toda opinión pueda expresarse. Es precisamente aquí donde empieza la crisis de la relación entre religión católica y política, y si hemos llegado a ello, quiere decir que es necesario volver a empezar desde los cimientos.

Por supuesto, había que defender el derecho a la objeción de conciencia al proyecto de ley Zan, pero como objeción al corazón profundamente injusto de la ley, no a la limitación de la libertad de expresión, que es solo una consecuencia. De hecho, habría que rechazar también un proyecto de ley que mantuviera el núcleo central del texto y permitiera la manifestación de opiniones distintas. Tras haber combatido durante decenios la moderna libertad de opinión, ¿la Iglesia actualmente se proclama su tutora suprema? Lo que falta es la idea de que en la acción política haya algo que no se pueda hacer nunca, bajo ninguna condición.

En un libro, el arzobispo Giampaolo Crepaldi la llamaba "la línea del Piave en política". Si en política no hay ningún "no" (non possumus) que obligue moralmente, tampoco hay ningún caso en el que el político católico, o el periodista católico, o el obispo católico pueda decir: "¡Esto nunca!".

Si no existe este límite insuperable, entonces la libertad de conciencia en política se desvanece, porque cualquier ley podría ser aceptada si en su texto admite la libertad de pensar de manera distinta.

Empezar desde lo indisponible

El declive de la Iglesia y de los católicos en política -ya nadie escucha lo que tienen que decir-, depende del hecho de que ya no dicen nada que sea absoluto, sino solo cosas contingentes, posibles, opinables, discutibles. Piensan que en la política el valor de las ideas depende del consenso, que el consenso depende del diálogo y que el diálogo es lo único que hay que garantizar y por lo que comprometerse.

Esta es la Iglesia del cómo, no del qué. Y el hecho de que ya no digan nada que sea absoluto se debe a que han perdido la idea de la línea del Piave de lo indisponible, cayendo en la visión modernista de la política.

Se comprende así que la política los tenga en su rincón recóndito; la culpa no es de la política, sino de los católicos oficiales y oficializados que se han arrinconado solos.

Hay algo en lo que la política no puede meter sus manos porque se trata de algo que fundamenta la política misma. Esta no puede darse la vuelta y decidir sobre sus premisas. Si lo hiciera, se demolería a sí misma, pues negaría que tiene premisas. La política que somete a votación sus premisas razonables se anula en el puro poder del sinsentido.

La tarea de la Iglesia y de los católicos es, al final, solo esta: pensar y actuar en política para defender y promover la indisponibilidad de las Premisas Últimas porque, al hacerlo, no solo defiende su papel insustituible en política, sino que también devuelve la política a sí misma.

Leyes como la ley Zan no son enmendables, porque convierten en natural lo que no lo es: esto es lo que debería decir la Iglesia y esto deberían promover de manera concreta los católicos. Si no lo hacen, quiere decir que hay que empezar desde el principio.

Traducido por Elena Faccia Serrano.