El Gobierno quiere aplicar el IVA a la escuela privada y parte de la concertada: provocaría cierres

El Gobierno conformado por PSOE y Podemos tiene una guerra declarada a la educación concertada y privada, cuyos muchos de sus centros son de ideario católico. Y con el objetivo de ir asfixiando a estos centros, en el borrador de los presupuestos generales del Estado pretenden aplicar el IVA del 21% a los colegios privados, y a las actividades extra-escolares y complementarias de los concertados. Además, en estos últimos afectará directamente en las etapas de infantil y bachillerato puesto que ambas no reciben concierto.

Hasta ahora, estos colegios estaban exentos de IVA puesto que la educación es considerado un servicio esencial. Sin embargo, el Gobierno en una nueva maniobra de carácter ideológico quiere acabar con los centros que no controla totalmente. El adoctrinamiento así sería mucho más sencillo.

Según informa Europa Press, el sector de la enseñanza privada ya ha advertido que de llevarse esta medida finalmente en los presupuestos se producirían cierres de colegios.

La Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), reconoce a Europa Press que están “sorprendidos” y “preocupados” por esta noticia, ya que consideran que “sería un ataque a un derecho esencial como es la educación, que tendría como perjudicados a las familias y por supuesto a la educación que reciben muchos niños”.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

“Iniciaremos las conversaciones con los ministerios competentes, pues de ser cierta esta información, más en la situación de crisis que vivimos y el sobreesfuerzo que están realizando los colegios para garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas, existe un riesgo evidente de que muchos colegios se vean abocados a cerrar como consecuencia de esta medida”, avisan desde CICAE.

 Además, supondría un “verdadero daño” para las familias, tanto de la escuela pública como de la privada: “Esta medida supondría que parte de los padres de los centros de enseñanza privada no pudieran hacer frente a la cuota, lo que aumentaría considerablemente el alumnado que los colegios públicos tendrían que absorber, con un aumento de ratios en las aulas”.

También desde Escuelas Católicas advierten del posible cierre de centros privados y concertados. “Con un gravamen del 21% corren peligro de no poderse sostener y empujar a esas familias a tener que ir a centros públicos, es una forma de empujarlas a colegios que las familias no han elegido para sus hijos”, afirma en declaraciones a Europa Press su secretario general, Pedro Huerta.

En su opinión, este nuevo anuncio supone un “nuevo ataque y acorralamiento” al sector de la enseñanza privada y concertada, pues recuerda lo perjudicial que está siendo la gestión de la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, para estos centros, con el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE) o las enmiendas presentadas por parte del PSOE y Unidas Podemos a dicho texto. “Todo se va sumando a esta especie de asfixia con la que se quiere acabar con la enseñanza privada y concertada”, comenta.

Pedro Huerta es secretario general de Escuelas Católicas

La medida podría perjudicar a la concertada, no en cuanto al concierto propiamente dicho, pero sí respecto a las actividades que no están comprendidas en la subvención, por ejemplo, las actividades extraescolares y complementarias, así como las etapas de Bachillerato e Infantil (0-3), que mayoritariamente no tienen concierto.

Huerta teme que se califique de “anomalía” el hecho de que la educación privada esté actualmente exenta de IVA, pues según asegura, “no es algo propio solo de España”, sino de “todos” los países de Europa, a excepción de Italia y Grecia.

Del mismo modo advierte la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), que agrupa tanto a centros privados como concertados. “No es el momento de destruir empleo subiendo los costes de infinidad de pequeñas entidades educativas que no podrán subsistir con esa subida del 21%”, critica su presidente, Alfonso Aguiló, en declaraciones a Europa Press.

Según subraya, desde el sector existe un “rechazo absoluto” a cualquier medida que vaya en esa dirección, una medida que, además, “no puede ser más inoportuna”.