Más de 300 asociaciones españolas de mujeres piden un veto mundial a los vientres de alquiler

Los vientres de alquiler tienen la oposición frontal de la Iglesia Católica, y en esta lucha, aunque por otros motivos, tienen como aliada a los grupos feministas, que se están movilizando para “frenar” estas prácticas y el tráfico de bebés.

Las 300 organizaciones de mujeres y feministas que están englobadas en la Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres han reclamado al Gobierno que lidere una campaña en Naciones Unidas para prohibir los vientres de alquiler.

En una carta remitida a los ministros de Igualdad, Carmen Calvo, Sanidad, María Luisa Carcedo, y Exteriores, Josep Borrell, la red denuncia que el Fondo de Población de Naciones Unidas y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU están "tratando de influir" en algunos gobiernos y, en algunos casos, incluso asesorándolos para legalizar la gestación subrogada.

"Tácticas criminales"

Según recoge la agencia EFE, las ONG censuran que la industria del alquiler de vientres opere en países en desarrollo utilizando las mismas "tácticas criminales" que las redes de tráfico y trata de seres humanos y consideran que la legalización completa de esta práctica "abre las puertas a la explotación reproductiva de las mujeres".

Por ello, y con motivo de la celebración desde hoy y hasta el próximo 5 de octubre de la Asamblea General de Naciones Unidas, la red reclama a todos los jefes de Estado que se pronuncien públicamente a favor de los derechos de las mujeres y de la infancia y por la "prohibición global" del alquiler de vientres.

Asimismo, demandan a los gobiernos que tomen todas las medidas oportunas para "perseguir e impedir" la gestación subrogada a nivel internacional y nacional, además de exigir la ilegalización y clausura de todos los negocios de la industria del alquiler y de sus anuncios publicitarios.

La carta concluye reclamando a los mandatarios mundiales que prioricen la lucha contra la pobreza de las mujeres y la desigualdad de género, así como que incrementen sus esfuerzos para promover y proteger sus derechos.