En la ley española de «muerte digna» la izquierda impide que la asistencia religiosa sea un derecho

«Las personas que se encuentran en el proceso final de su vida tendrán derecho a recibir, conforme a sus convicciones y sus creencias, la asistencia espiritual y religiosa». Esta es la propuesta que bloquea la izquierda española y que intentan introducir el Partido Popular, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro (que tiene dos congresistas y un senador).

En contra tienen a los partidos de izquierda, que lo torpedean sistemáticamente.

Primero lo intentaron en la reunión de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados que aprobó el texto de la ponencia sobre "muerte digna".

El Partido Popular lo volverá a intentar en el Senado con una enmienda, según ha podido saber el diario ABC.

El texto de la ponencia, aprobado por la comisión el pasado martes, solo afirma, hasta ahora, que «los centros e instituciones sanitarias facilitarán el acceso de aquellas personas que les puedan facilitar ayuda espiritual, conforme a sus convicciones y creencias, procurando, en todo caso, que las mismas no interfieran con las actuaciones del equipo sanitario».

Es decir, no se considera un "derecho" y se presenta a las personas que facilitan ayuda espiritual como potenciales "interferencias". Cualquier sanitario podría expulsar a un sacerdote o pastor declarando, simplemente, que "interfería".

Tener derecho" a la asistencia religiosa

UPN presentó una enmienda, que fue apoyada por el PP y Ciudadanos, pero fue rechazada por el PSOE, la izquierda radical y los nacionalistas. En este texto alternativo, se señala que «las personas que se encuentran en el proceso final de su vida tendrán derecho a recibir, conforme a sus convicciones y sus creencias, la asistencia espiritual y religiosa, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 7/1980 de 5 de julio de Libertad Religiosa. Las indicaciones sobre este extremo podrán ser objeto de expresión en las instrucciones previas».

Esta enmienda llegará viva al debate a la totalidad que tendrá lugar el próximo jueves en el Congreso, pero volverá a ser rechazada.

La enmienda sí se aprobará en el Senado (donde el PP tiene mayoría) presentarán en la tramitación en el Senado. Su mayoría absoluta le permitirá aprobarla allí, pero en el Congreso será bloqueada de nuevo por las izquierdas.

Las multas las pone cada autonomía

Este texto ha sufrido modificaciones en su trámite final, respecto a lo que se aprobó en la ponencia. El PSOE introdujo una enmienda para que las sanciones dependan de cada Comunidad Autónoma, quizá un guiño a los nacionalistas, algo que puede hacer que Ciudadanos se replantee su apoyo a la ley.