La Generalitat reconoce que no puede sancionar al obispo Novell tal y como exige el lobby LGTB
"Me pregunto si el fenómeno creciente de la confusión en la orientación sexual de muchos chicos adolescentes no se debe a que en la cultura occidental la figura del padre estaría simbólicamente ausente, desviada, desvanecida, hasta la virilidad estaría cuestionada". Esta pregunta se la hizo el obispo de Solsona, Xavier Novell, en una de sus cartas dominicales el pasado mes de mayo.
Estas palabras provocaron una cascada de improperios contra el obispo. Fue reprobado por varios ayuntamientos, criticado por diputados de varios signos políticos, fue acosado por el lobby gay y hasta el caso llegó al Parlamento catalán.
Finalmente, la libertad de expresión ha prevalecido sobre la censura que se pretende imponer en todo lo relacionado con la ideología de género. Sin embargo, el caso Novell ha seguido coleando hasta ahora y de nuevo el gobierno catalán se ha visto obligado a reconocer que el obispo está amparado en su derecho a la libertad de expresión.
Novell no infringió la ley
En una respuesta parlamentaria, la consejera de Trabajo, Asuntos sociales y Familia de la Generalidad, Dolors Bassa, ha explicado que una vez analizadas las palabras por parte de los servicios jurídicos, han constatado la imposibilidad de abrir un procedimiento administrativo sancionador contra el obispo.
Tal y como informa Europa Press, sus palabras no incurren en ninguna infracción regulada en el artículo 34 de la Ley 11/2014, del 10 de octubre, y “entran en el ámbito del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, opinión e ideología de esta persona”, ha alegado.
No fueron expresiones vejatorias
Las palabras manifestadas como opiniones y dudas personales y jurídicamente no pueden ser consideradas expresiones vejatorias que inciten a la violencia o actos que comportan aislamiento, rechazo o menosprecio público al colectivo LGTBI, según la Ley a favor de la erradicación de la homofobia.
Bassa recordó que la Dirección General de Igualdad envió una carta al obispo de Solsona en la que se adjuntaba la citada ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, la bifobia y la transfobia “para dejar patente que la opción sexual es un derecho que forma parte de la libertad personal de cada individuo y no del tipo de familia en que crece”.
“Consideramos necesario y responsabilidad de la administración el rechazo sistemático y contundente de las expresiones y manifestaciones que ponen en duda los derechos de las personas LGTBI”, reconocidos por la ley, ha subrayado la consejera.
Estas palabras provocaron una cascada de improperios contra el obispo. Fue reprobado por varios ayuntamientos, criticado por diputados de varios signos políticos, fue acosado por el lobby gay y hasta el caso llegó al Parlamento catalán.
Finalmente, la libertad de expresión ha prevalecido sobre la censura que se pretende imponer en todo lo relacionado con la ideología de género. Sin embargo, el caso Novell ha seguido coleando hasta ahora y de nuevo el gobierno catalán se ha visto obligado a reconocer que el obispo está amparado en su derecho a la libertad de expresión.
Novell no infringió la ley
En una respuesta parlamentaria, la consejera de Trabajo, Asuntos sociales y Familia de la Generalidad, Dolors Bassa, ha explicado que una vez analizadas las palabras por parte de los servicios jurídicos, han constatado la imposibilidad de abrir un procedimiento administrativo sancionador contra el obispo.
Tal y como informa Europa Press, sus palabras no incurren en ninguna infracción regulada en el artículo 34 de la Ley 11/2014, del 10 de octubre, y “entran en el ámbito del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, opinión e ideología de esta persona”, ha alegado.
No fueron expresiones vejatorias
Las palabras manifestadas como opiniones y dudas personales y jurídicamente no pueden ser consideradas expresiones vejatorias que inciten a la violencia o actos que comportan aislamiento, rechazo o menosprecio público al colectivo LGTBI, según la Ley a favor de la erradicación de la homofobia.
Bassa recordó que la Dirección General de Igualdad envió una carta al obispo de Solsona en la que se adjuntaba la citada ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, la bifobia y la transfobia “para dejar patente que la opción sexual es un derecho que forma parte de la libertad personal de cada individuo y no del tipo de familia en que crece”.
“Consideramos necesario y responsabilidad de la administración el rechazo sistemático y contundente de las expresiones y manifestaciones que ponen en duda los derechos de las personas LGTBI”, reconocidos por la ley, ha subrayado la consejera.
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