PSOE, IU y Podemos quieren quitar la cruz parroquial de Callosa de Segura, con nombres de mártires
En nombre de la memoria histórica, y con activa oposición vecinal, los partidos de izquierda y extrema izquierda con representación en el ayuntamiento de Callosa de Segura (Alicante) quieren quitar la cruz junto a la parroquia de San Martín, que incluye nombres de 81 personas asesinadas por el bando frentepopulista durante la guerra, entre ellos dos sacerdotes en proceso de beatificación. Así lo cuentan J.V. Echagüe y L. Gómez Pérez en La Razón:
La Iglesia Parroquial de San Martín fue edificada en Callosa de Segura (Alicante) en torno al siglo XVI. Pero mucho más reciente es la cruz que se encuentra dentro de un enrejado, en el recinto de la iglesia, pero expuesta al público. Es la Cruz de los Caídos. En ella aparecen inscritos los nombres de 81 personas que fueron asesinadas durante la Guerra Civil por parte del bando republicano. En el monumento figuran dos inscripciones: «Caídos por Dios y por España», y otra con el nombre de José Antonio Primo de Rivera.
El pasado mes de marzo tomó forma una iniciativa que ya venía meses fraguándose. El tripartito formado por PSOE, IU y Somos Callosa –la «marca blanca» de Podemos en la localidad–, aprobó una moción de IU para retirar la cruz amparándose en la Ley de Memoria Histórica. En definitiva, algo similar a lo ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena, sólo que reducido a una población de apenas 18.000 habitantes. Todavía se tiene que resolver el recurso presentado por el PP en contra de la medida. Y la decisión del juez podría producirse dentro de meses.
Sin embargo, el movimiento vecinal ha sido imparable. La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz ha entregado ya 6.000 firmas al Ayuntamiento en contra lo que consideran un ataque a la libertad religiosa y de conciencia. A estas hay que sumar más de 2.000 que la plataforma ya ha registrado en Change.org. Sin olvidar el impulso que ha tomado la iniciativa gracias a la Asociación Española de Abogados Cristianos, que ya ha registrado más de 10.000 adhesiones en esta web.
En medio de la polémica, está el custodio de la cruz, Juan Bautista Samper Sellés, de 51 años y párroco de la Iglesia de San Martín. Su actitud, y por tanto, la postura oficial de la parroquia, es la de buscar vías de entendimiento: la buena disposición de la iglesia a la hora de cumplir la ley, pero también el respeto a todas las sensibilidades desde los principios de la sana y pacífica convivencia.
La parroquia tiene mucho que decir en la polémica. No en vano, la cruz está emplazada en la Plaza de la Iglesia, por lo que constituye un bien de su patrimonio, aunque es visible al exterior al ser colindante con la Plaza de España. «Llevo cinco años de párroco. Y nunca antes un vecino se había mostrado molesto por la presencia de la cruz. Siempre ha habido armonía y concordia. Ahora, pueden producirse divisiones», afirma Juan Bautista a La Razón. «No queremos polémica, sólo pedir respeto por la fe y sus símbolos», añade.
Y es que, ¿qué significa la cruz para los callosinos? «Muchísimo. La cruz es algo suyo. Ha estado presente en bodas, bautizos y comuniones de varias generaciones durante 70 años. Muchísimas familias se han fotografiado junto a ella y guardan su recuerdo». ¿Y qué supondría su pérdida? «Históricamente, sería una gran pérdida. Una pérdida de identidad para el pueblo. La historia es la que es. No se puede borrar. Hay que mirarla, afrontarla y mejorar a partir de ella. Son 70 años que forman parte de la historia del pueblo y de su comunidad cristiana», responde. Así, respeta la decisión del consistorio, pero no puede dejar de alabar «la movilización de los cristianos en defensa de los símbolos religiosos».
Juan Bautista recuerda que «no hay combatientes ni nadie que acudiera al frente» entre los 81 nombres que figuran en el monumento. «Todos murieron en el pueblo o se los llevaron», apunta.
«Fueron asesinados bien por sus creencias religiosas –de hecho, figuran dos sacerdotes que están en proceso de beatificación–, bien por su ideología. Callosa de Segura fue zona republicana durante la guerra. Y el monumento se edificó de manera privada como iniciativa de las familias de las víctimas», asegura por su parte Manuel Fernández, de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz. «Posteriormente, se realizó la inscripción de Primo de Rivera, ya durante la dictadura. Ése es el único elemento que podría servir para que la iniciativa del Ayuntamiento se amparase dentro de la Ley de Memoria Histórica», añade. Pero no es la primera vez que el debate surge en el municipio. «Ya se produjo a finales de los años ochenta, y todos los partidos decidieron no retirar la cruz. Era un debate zanjado».
Fernández no duda en calificar a los miles de vecinos que se han sumado a la protesta como «indignados». Incluso como «cabreados». «Cada uno aporta lo que puede. Y el respaldo que sentimos de la ciudadanía es importante. Nuestra agrupación nace con un sentimiento cristiano. Entendemos la decisión del Ayuntamiento como una afrenta a los símbolos religiosos en la vía pública», dice. El núcleo de la plataforma está compuesto por 15 personas. Empezaron con pequeñas reuniones y con un grupo en Facebook, en el que actualizan puntualmente toda la información sobre la situación de la cruz. Después, comenzaron con la campaña de firmas y ya han hecho dos entregas: una a finales de junio y otra a finales de julio. ¿El resultado? Que el sentimiento por la cruz va más allá de las ideologías políticas. «Hemos recogido más que firmas que el número de votantes que tiene el PP en Callosa. No es una cuestión política».
Tampoco, en su opinión, es una cuestión de cumplir la legalidad en lo que se refiere a la Ley de Memoria Histórica. «El grupo popular dijo que si algún elemento de la cruz entra en conflicto con la legislación –como es la inscripción de Primo de Rivera–, «se puede quitar. Pero el tripartito hizo oídos sordos».
«Se ha planteado retirar la inscripción, pero lo que quieren es quitar la cruz», afirma Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación Española de Abogados Cristianos. «Aunque la Ley de Memoria Histórica es partidista y parcial, pero ni aún así se puede quitar», añade. Castellanos recuerda el artículo 15.2, por el que la ley no será aplicable en manifestaciones artístico-religiosas. «Es una decisión de espaldas a la ley. Si se retira, podría caerse en un delito de prevaricación. Hablamos de una cruz, un símbolo que no es ni ideológico ni político».
La asociación, que por el momento se ha limitado a recoger firmas en Change.org, pero que podría estudiar medidas legales, espera que finalmente ocurra algo similar a lo sucedido en Madrid, cuando Carmena se vio obligada a no retirar una placa dedicada a un grupo de mártires carmelitas. «El Ayuntamiento entonces se equivocó y rectificó. Espero que en Callosa de Segura comprendan que lo que están haciendo es ilegal».
Nadie se aventura a hacer un pronóstico. El proceso sigue abierto en el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Elche y, quizá, puede transcurrir un año hasta que salga una sentencia definitiva. La plataforma de vecinos espera que, en este tiempo, el alcalde se cite con ellos. Algo que, hasta la fecha, no se ha producido. «Se ha limitado a remitirnos un comunicado», asegura Fernández.
Restos exhumados hace 12 años
Dos de los nombres que aparecen en la cruz están en proceso de beatificación. En 2004, la diócesis de Orihuela-Alicante inició el proceso para dos sacerdotes, Luis Estañ Mellado y Rafael Ramón García, fusilados hace ahora 70 años. Ante la presencia de sus familiares, los restos fueron exhumados del cementerio, purificados e introducidos en unas arcas. Como afirmó entonces la diócesis, se trata de «ejemplares valedores de la fe», representantes de todos aquellos que «murieron violentamente y tuvieron una persecución religiosa en el año 1936», informó entonces Orihuela Digital.
La intención de procesos de beatificación como este es que «no sólo se venere a santos de los siglos III y IV, sino que también, hoy día, hay hombres y mujeres que han sido auténticos héroes de la fe». Para el proceso, se contó con testigos que aseguraron que ambos murieron perdonando a sus verdugos.
La Iglesia Parroquial de San Martín fue edificada en Callosa de Segura (Alicante) en torno al siglo XVI. Pero mucho más reciente es la cruz que se encuentra dentro de un enrejado, en el recinto de la iglesia, pero expuesta al público. Es la Cruz de los Caídos. En ella aparecen inscritos los nombres de 81 personas que fueron asesinadas durante la Guerra Civil por parte del bando republicano. En el monumento figuran dos inscripciones: «Caídos por Dios y por España», y otra con el nombre de José Antonio Primo de Rivera.
El pasado mes de marzo tomó forma una iniciativa que ya venía meses fraguándose. El tripartito formado por PSOE, IU y Somos Callosa –la «marca blanca» de Podemos en la localidad–, aprobó una moción de IU para retirar la cruz amparándose en la Ley de Memoria Histórica. En definitiva, algo similar a lo ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena, sólo que reducido a una población de apenas 18.000 habitantes. Todavía se tiene que resolver el recurso presentado por el PP en contra de la medida. Y la decisión del juez podría producirse dentro de meses.
Sin embargo, el movimiento vecinal ha sido imparable. La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz ha entregado ya 6.000 firmas al Ayuntamiento en contra lo que consideran un ataque a la libertad religiosa y de conciencia. A estas hay que sumar más de 2.000 que la plataforma ya ha registrado en Change.org. Sin olvidar el impulso que ha tomado la iniciativa gracias a la Asociación Española de Abogados Cristianos, que ya ha registrado más de 10.000 adhesiones en esta web.
En medio de la polémica, está el custodio de la cruz, Juan Bautista Samper Sellés, de 51 años y párroco de la Iglesia de San Martín. Su actitud, y por tanto, la postura oficial de la parroquia, es la de buscar vías de entendimiento: la buena disposición de la iglesia a la hora de cumplir la ley, pero también el respeto a todas las sensibilidades desde los principios de la sana y pacífica convivencia.
La parroquia tiene mucho que decir en la polémica. No en vano, la cruz está emplazada en la Plaza de la Iglesia, por lo que constituye un bien de su patrimonio, aunque es visible al exterior al ser colindante con la Plaza de España. «Llevo cinco años de párroco. Y nunca antes un vecino se había mostrado molesto por la presencia de la cruz. Siempre ha habido armonía y concordia. Ahora, pueden producirse divisiones», afirma Juan Bautista a La Razón. «No queremos polémica, sólo pedir respeto por la fe y sus símbolos», añade.
Y es que, ¿qué significa la cruz para los callosinos? «Muchísimo. La cruz es algo suyo. Ha estado presente en bodas, bautizos y comuniones de varias generaciones durante 70 años. Muchísimas familias se han fotografiado junto a ella y guardan su recuerdo». ¿Y qué supondría su pérdida? «Históricamente, sería una gran pérdida. Una pérdida de identidad para el pueblo. La historia es la que es. No se puede borrar. Hay que mirarla, afrontarla y mejorar a partir de ella. Son 70 años que forman parte de la historia del pueblo y de su comunidad cristiana», responde. Así, respeta la decisión del consistorio, pero no puede dejar de alabar «la movilización de los cristianos en defensa de los símbolos religiosos».
Juan Bautista recuerda que «no hay combatientes ni nadie que acudiera al frente» entre los 81 nombres que figuran en el monumento. «Todos murieron en el pueblo o se los llevaron», apunta.
«Fueron asesinados bien por sus creencias religiosas –de hecho, figuran dos sacerdotes que están en proceso de beatificación–, bien por su ideología. Callosa de Segura fue zona republicana durante la guerra. Y el monumento se edificó de manera privada como iniciativa de las familias de las víctimas», asegura por su parte Manuel Fernández, de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz. «Posteriormente, se realizó la inscripción de Primo de Rivera, ya durante la dictadura. Ése es el único elemento que podría servir para que la iniciativa del Ayuntamiento se amparase dentro de la Ley de Memoria Histórica», añade. Pero no es la primera vez que el debate surge en el municipio. «Ya se produjo a finales de los años ochenta, y todos los partidos decidieron no retirar la cruz. Era un debate zanjado».
Fernández no duda en calificar a los miles de vecinos que se han sumado a la protesta como «indignados». Incluso como «cabreados». «Cada uno aporta lo que puede. Y el respaldo que sentimos de la ciudadanía es importante. Nuestra agrupación nace con un sentimiento cristiano. Entendemos la decisión del Ayuntamiento como una afrenta a los símbolos religiosos en la vía pública», dice. El núcleo de la plataforma está compuesto por 15 personas. Empezaron con pequeñas reuniones y con un grupo en Facebook, en el que actualizan puntualmente toda la información sobre la situación de la cruz. Después, comenzaron con la campaña de firmas y ya han hecho dos entregas: una a finales de junio y otra a finales de julio. ¿El resultado? Que el sentimiento por la cruz va más allá de las ideologías políticas. «Hemos recogido más que firmas que el número de votantes que tiene el PP en Callosa. No es una cuestión política».
Tampoco, en su opinión, es una cuestión de cumplir la legalidad en lo que se refiere a la Ley de Memoria Histórica. «El grupo popular dijo que si algún elemento de la cruz entra en conflicto con la legislación –como es la inscripción de Primo de Rivera–, «se puede quitar. Pero el tripartito hizo oídos sordos».
«Se ha planteado retirar la inscripción, pero lo que quieren es quitar la cruz», afirma Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación Española de Abogados Cristianos. «Aunque la Ley de Memoria Histórica es partidista y parcial, pero ni aún así se puede quitar», añade. Castellanos recuerda el artículo 15.2, por el que la ley no será aplicable en manifestaciones artístico-religiosas. «Es una decisión de espaldas a la ley. Si se retira, podría caerse en un delito de prevaricación. Hablamos de una cruz, un símbolo que no es ni ideológico ni político».
La asociación, que por el momento se ha limitado a recoger firmas en Change.org, pero que podría estudiar medidas legales, espera que finalmente ocurra algo similar a lo sucedido en Madrid, cuando Carmena se vio obligada a no retirar una placa dedicada a un grupo de mártires carmelitas. «El Ayuntamiento entonces se equivocó y rectificó. Espero que en Callosa de Segura comprendan que lo que están haciendo es ilegal».
Nadie se aventura a hacer un pronóstico. El proceso sigue abierto en el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Elche y, quizá, puede transcurrir un año hasta que salga una sentencia definitiva. La plataforma de vecinos espera que, en este tiempo, el alcalde se cite con ellos. Algo que, hasta la fecha, no se ha producido. «Se ha limitado a remitirnos un comunicado», asegura Fernández.
Restos exhumados hace 12 años
Dos de los nombres que aparecen en la cruz están en proceso de beatificación. En 2004, la diócesis de Orihuela-Alicante inició el proceso para dos sacerdotes, Luis Estañ Mellado y Rafael Ramón García, fusilados hace ahora 70 años. Ante la presencia de sus familiares, los restos fueron exhumados del cementerio, purificados e introducidos en unas arcas. Como afirmó entonces la diócesis, se trata de «ejemplares valedores de la fe», representantes de todos aquellos que «murieron violentamente y tuvieron una persecución religiosa en el año 1936», informó entonces Orihuela Digital.
La intención de procesos de beatificación como este es que «no sólo se venere a santos de los siglos III y IV, sino que también, hoy día, hay hombres y mujeres que han sido auténticos héroes de la fe». Para el proceso, se contó con testigos que aseguraron que ambos murieron perdonando a sus verdugos.
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