La izquierda utiliza su poder local para recortar ayudas a las iniciativas sociales de la Iglesia
Según informa ABC, la izquierda radical ha irrumpido con fuerza en ayuntamientos y gobiernos autonómicos. Desde el primer momento está imponiendo, en algunos casos, e intentándolo, en otros, su sello ideológico en determinadas decisiones que afectan a instituciones gestionadas por la Iglesia Católica. El instrumento que utiliza para atacar a los entes con significación religiosa son los presupuestros para este año: recortes o congelaciones financieras.
Del punto de mira de los gobiernos de Podemos, PSOE o Bildu tampoco escapan organizaciones como Cáritas y ONG como Cruz Roja. Estos son algunos casos muy significativos del acoso de la izquierda a la Iglesia.
Navarra: Supresión del convenio con la Universidad de Navarra
El Gobierno de Navarra (Geroa BaiB-ildu-Podemos-Izquierda Unida) no ha renovado el convenio del Servicio de Salud de Navarra con los trabajadores de la Universidad. En virtud de ese acuerdo, los 7.200 empleados del centro universitario que gestiona el Opus Dei eran atendidos en la Clínica Universidad de Navarra (CUN), con un coste para el Gobierno foral de 5,1 millones de euros (719 euros por persona y año). Al finalizar este convenio, estos trabajadores pasarán a ser atendidos por el Servicio Navarro de Salud, con un coste para el contribuyente de 1.200 euros por persona y año. Además del coste económico se producirá otro social, ya que la CUN puede verse obligada a despedir hasta a 200 trabajadores.
La izquierda ha jaleado esta medida, como así lo escribió el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, en un tuit: «Hemos tocado el hueso del Opus y de la Navarra católica, foral y española». Aranzadi, la marca de Podemos, intentó arremeter contra las Fiestas de San Fermín, proponiendo el cambio de denominación por «Fiestas de la Ciudad»; que la procesión de San Fermín pase a denominarse Desfile del Día Grande y la procesión de San Saturnino, Desfile de Iruña-Pamplona, pero no lo consiguió.
Valencia: 400.000 euros menos a Cruz Roja y Cáritas
La Generalitat valenciana eliminó las ayudas en 2016 a Cáritas, por volumen de 200.000 euros; a Cruz Roja otros 100.000 euros; y Casa Caridad, 300.000. En el Ayuntamiento de Valencia, Cruz Roja ha dejado de percibir 194.000 euros y Cáritas, otros 21.736 euros.
También se han suprimido otras partidas dirigidas a entidades de confesionalidad católica como el Albergue San Juan de Dios, que cuenta con 142.000 euros menos. En el caso de las universidades privadas como la Cardenal Herrera CEU o la Católica de Valencia (UCV), la Consejería de Educación está aplicando un veto que afecta a unos 3.000 estudiantes de grado y ha decidido excluir a los alumnos de las becas de la Generalitat.
La de Sanidad pretende «priorizar» a los de la Universidad pública en las prácticas en hospitales dependientes de la Generalitat y cobrar una tasa a la Universidad por el acceso a esta formación. Por otra parte, la Diputación no prorrogará este año los convenios con ambos centros para que sus estudiantes hagan prácticas remuneradas de 500 euros al mes en ayuntamientos de la provincia durante el verano.
Baleares: derogación de la ley de protección a la maternidad
La ley de protección a la maternidad que aprobó el Gobierno de José Ramón Bauzá tiene los días contados. La Cámara autonómica debate la propuesta del actual Govern –compuesto por PSOE, la coalición econacionalista MÉS y Podemos– un proyecto de ley para derogar dicha norma, que contempla una serie de medidas de apoyo a las mujeres embarazadas en riesgo de exclusión social.
La exsenadora del PP y portavoz de la asociación Familia y Dignidad Humana, Gari Durán, explicó a ABC que la derogación de esta norma «se debe a motivos estrictamente ideológicos y sin ningún consenso». Además, lamenta que la consejera de Servicios Sociales y Cooperación del Govern, Fina Santiago, considere que «dar a conocer a una mujer embarazada, en situación de dificultad, los recursos de los que dispone para llevar adelante su embarazo, suponga poco menos que obligarla a ser madre». «Se confunde el derecho a elegir con el derecho a elegir solo el aborto», afirma Durán. La portavoz parlamentaria de Podemos, Laura Camargo, aseguró ayer que la ley de protección a la maternidad era un «intento gratuito del “bauzarismo” del Partido Popular de dificultar el derecho al aborto».
Castilla-La Mancha: Centros de discapacitados, en peligro
La decisión del Gobierno del socialista Emiliano García-Page, que cuenta con el apoyo de Podemos, de congelar el presupuesto para la educación concertada en 2016 e ir reduciéndolo en el futuro, puede poner en peligro a otros centros de educación especial. El PP ha advertido de que estos recortes podrían afectar, por ejemplo, al Centro de Educación Especial Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina para personas con discapacidad intelectual y el de Nuestra Señora del Prado, de la misma ciudad, gestionado por los hermanos maristas.
No es ésta la única amenaza para la Iglesia Católica, ya que quieren dejar de pagar los servicios religiosos en la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales.
Cataluña: La poesía blasfema y contra la misa de la Mercè
En Barcelona, una de las primeras medidas que adoptó el Ayuntamiento presidido por Ada Colau fue la de eliminar la misa de la Mercè, dedicada a la patrona de Barcelona, dentro del programa oficial de fiestas. Ningún concejal del equipo de Gobierno acudió a la celebración religiosa. El caso más polémico se produjo en lo que se ha conocido como «padrenuestro blasfemo». En la entrega de los Premios Ciudad de Barcelona, la poetisa Dolors Miquel leyó un poema en el que mezclaba el padrenuestro con elementos de contenido sexual.
País Vasco: Devolución de bienes inmatriculados
Bildu ha emprendido una campaña contra la Iglesia Católica centrada en los bienes inmatriculados. En el Parlamento registró una proposición no de ley que contempla que su posesión quede derogada y que dichos bienes, los comprendidos entre 1978 y 2015, sean devueltos. En Vitoria reclamó a la Diócesis que devolviera un total de 69 bienes inmatriculados.
Por otra parte, el Partido Socialista (PSE) abogará por un código de actuación que «garantice el carácter laico de la institución municipal y de sus acciones». Propone analizar «las exenciones de impuestos municipales, las inmatriculaciones y la asistencia a actos de confesiones religiosas».
Andalucía: Arrebatar a la Iglesia la Mezquita de Córdoba
PSOE, IU y Podemos han reclamado la titularidad pública que nunca, históricamente, se ejerció de la Mezquita-Catedral de Córdoba, una larga polémica que se arrastra desde hace muchos años. Hay convenios firmados por administraciones gobernadas por socialistas e IU que reconocen explícitamente al Cabildo Catedral como propietario de la Mezquita-Catedral. Estas organizaciones ponen en duda la capacidad (tras años de hacerlo) de que la Iglesia cobre entradas y reclaman una cogestión en aspectos no religiosos. Han acusado al Obispado de robar lo que, en puridad, se le entregó hace siglos.
No es la única polémica religiosa que ha tenido lugar en Córdoba, gobernada en minoría por socialistas e IU con el apoyo de Ganemos, una marca blanca de Podemos. El acuerdo de investidura de Isabel Ambrosio, alcaldesa desde el mes de junio, recoge expresamente acciones laicas que han puesto de uñas a la relevante comunidad cofrade de la capital. La primera medida del gobierno fue retirar un crucifijo del despacho de la alcaldía, expuesto desde la época de Anguita por su alto valor artístico e histórico. El segundo, el intento de quitar un cuadro de San Rafael, obra del pintor barroco Antonio del Castillo.
Galicia: Se retiran ayudas a las cofradías de Semana Santa
Pese a no haber sido capaz todavía de aprobar su presupuesto para este año por encontrarse en minoría, el alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, como había hecho también al inicio de su mandato el de Ferrol, Jorge Suárez, advirtió de que retiraría las ayudas públicas a las asociaciones de la Semana Santa compostelana. En los primeros borradores de las cuentas municipales, Martiño Noriega avanzó que se suprimían las partidas de 3.800 y 2.500 euros que habían recibido en 2015 la Junta de Cofradías y la Cofradía de la Veracruz, respectivamente.
Pero no ha sido esta festividad la única que ha sido víctima de la discriminación ideológica que imponen los populistas santiagueses por la vía del gasto. Otra de las medidas que han adoptado ha sido refrendar la rescisión de los convenios que se mantenían con dos asociaciones –RedMadre y Centinelas– por su carácter provida alegando «discrepancias religiosas» con ellas. Una nueva manera de entender la libertad y los derechos sociales.
El veto de pueblos de Madrid a Cruz Roja se extiende a Barcelona y sus socorristas
Cinco ayuntamientos de Madrid gobernados por el PSOE y marcas afines a Podemos han decretado un boicot a los autobuses de Cruz Roja que recogen donaciones de sangre. Cuatro municipios han prohibido la entrada de los vehículos para hacer la colecta mensual y el quinto, Coslada, les presiona cobrando una tasa por aparcar. La izquierda alienta el veto después de que el Gobierno regional del PP firmara en 2013 un convenio por el que sufraga con 67 euros cada bolsa de sangre recogida por la ONG, para cubrir los gastos de una labor que realizan en Madrid desde 1960. Con este cerco, Cruz Roja calcula que perderá 1.600 unidades de sangre al año.
En Barcelona, tras casi 30 años vigilando las playas de Barcelona, Cruz Roja ha perdido el concurso convocado por el Ayuntamiento para cubrir el servicio. Como consecuencia, unos 70 trabajadores han enviado una carta a la alcaldesa Ada Colau expresando el temor a su futuro laboral. El Ayuntamiento, que ha mediado para que la nueva adjudicataria contrate a parte de los socorristas que se quedan sin empleo, alega que la ganadora ofertó más turnos, servicios y prestaciones.
Del punto de mira de los gobiernos de Podemos, PSOE o Bildu tampoco escapan organizaciones como Cáritas y ONG como Cruz Roja. Estos son algunos casos muy significativos del acoso de la izquierda a la Iglesia.
Navarra: Supresión del convenio con la Universidad de Navarra
El Gobierno de Navarra (Geroa BaiB-ildu-Podemos-Izquierda Unida) no ha renovado el convenio del Servicio de Salud de Navarra con los trabajadores de la Universidad. En virtud de ese acuerdo, los 7.200 empleados del centro universitario que gestiona el Opus Dei eran atendidos en la Clínica Universidad de Navarra (CUN), con un coste para el Gobierno foral de 5,1 millones de euros (719 euros por persona y año). Al finalizar este convenio, estos trabajadores pasarán a ser atendidos por el Servicio Navarro de Salud, con un coste para el contribuyente de 1.200 euros por persona y año. Además del coste económico se producirá otro social, ya que la CUN puede verse obligada a despedir hasta a 200 trabajadores.
La izquierda ha jaleado esta medida, como así lo escribió el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, en un tuit: «Hemos tocado el hueso del Opus y de la Navarra católica, foral y española». Aranzadi, la marca de Podemos, intentó arremeter contra las Fiestas de San Fermín, proponiendo el cambio de denominación por «Fiestas de la Ciudad»; que la procesión de San Fermín pase a denominarse Desfile del Día Grande y la procesión de San Saturnino, Desfile de Iruña-Pamplona, pero no lo consiguió.
Valencia: 400.000 euros menos a Cruz Roja y Cáritas
La Generalitat valenciana eliminó las ayudas en 2016 a Cáritas, por volumen de 200.000 euros; a Cruz Roja otros 100.000 euros; y Casa Caridad, 300.000. En el Ayuntamiento de Valencia, Cruz Roja ha dejado de percibir 194.000 euros y Cáritas, otros 21.736 euros.
También se han suprimido otras partidas dirigidas a entidades de confesionalidad católica como el Albergue San Juan de Dios, que cuenta con 142.000 euros menos. En el caso de las universidades privadas como la Cardenal Herrera CEU o la Católica de Valencia (UCV), la Consejería de Educación está aplicando un veto que afecta a unos 3.000 estudiantes de grado y ha decidido excluir a los alumnos de las becas de la Generalitat.
La de Sanidad pretende «priorizar» a los de la Universidad pública en las prácticas en hospitales dependientes de la Generalitat y cobrar una tasa a la Universidad por el acceso a esta formación. Por otra parte, la Diputación no prorrogará este año los convenios con ambos centros para que sus estudiantes hagan prácticas remuneradas de 500 euros al mes en ayuntamientos de la provincia durante el verano.
Baleares: derogación de la ley de protección a la maternidad
La ley de protección a la maternidad que aprobó el Gobierno de José Ramón Bauzá tiene los días contados. La Cámara autonómica debate la propuesta del actual Govern –compuesto por PSOE, la coalición econacionalista MÉS y Podemos– un proyecto de ley para derogar dicha norma, que contempla una serie de medidas de apoyo a las mujeres embarazadas en riesgo de exclusión social.
La exsenadora del PP y portavoz de la asociación Familia y Dignidad Humana, Gari Durán, explicó a ABC que la derogación de esta norma «se debe a motivos estrictamente ideológicos y sin ningún consenso». Además, lamenta que la consejera de Servicios Sociales y Cooperación del Govern, Fina Santiago, considere que «dar a conocer a una mujer embarazada, en situación de dificultad, los recursos de los que dispone para llevar adelante su embarazo, suponga poco menos que obligarla a ser madre». «Se confunde el derecho a elegir con el derecho a elegir solo el aborto», afirma Durán. La portavoz parlamentaria de Podemos, Laura Camargo, aseguró ayer que la ley de protección a la maternidad era un «intento gratuito del “bauzarismo” del Partido Popular de dificultar el derecho al aborto».
Castilla-La Mancha: Centros de discapacitados, en peligro
La decisión del Gobierno del socialista Emiliano García-Page, que cuenta con el apoyo de Podemos, de congelar el presupuesto para la educación concertada en 2016 e ir reduciéndolo en el futuro, puede poner en peligro a otros centros de educación especial. El PP ha advertido de que estos recortes podrían afectar, por ejemplo, al Centro de Educación Especial Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina para personas con discapacidad intelectual y el de Nuestra Señora del Prado, de la misma ciudad, gestionado por los hermanos maristas.
No es ésta la única amenaza para la Iglesia Católica, ya que quieren dejar de pagar los servicios religiosos en la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales.
Cataluña: La poesía blasfema y contra la misa de la Mercè
En Barcelona, una de las primeras medidas que adoptó el Ayuntamiento presidido por Ada Colau fue la de eliminar la misa de la Mercè, dedicada a la patrona de Barcelona, dentro del programa oficial de fiestas. Ningún concejal del equipo de Gobierno acudió a la celebración religiosa. El caso más polémico se produjo en lo que se ha conocido como «padrenuestro blasfemo». En la entrega de los Premios Ciudad de Barcelona, la poetisa Dolors Miquel leyó un poema en el que mezclaba el padrenuestro con elementos de contenido sexual.
País Vasco: Devolución de bienes inmatriculados
Bildu ha emprendido una campaña contra la Iglesia Católica centrada en los bienes inmatriculados. En el Parlamento registró una proposición no de ley que contempla que su posesión quede derogada y que dichos bienes, los comprendidos entre 1978 y 2015, sean devueltos. En Vitoria reclamó a la Diócesis que devolviera un total de 69 bienes inmatriculados.
Por otra parte, el Partido Socialista (PSE) abogará por un código de actuación que «garantice el carácter laico de la institución municipal y de sus acciones». Propone analizar «las exenciones de impuestos municipales, las inmatriculaciones y la asistencia a actos de confesiones religiosas».
Andalucía: Arrebatar a la Iglesia la Mezquita de Córdoba
PSOE, IU y Podemos han reclamado la titularidad pública que nunca, históricamente, se ejerció de la Mezquita-Catedral de Córdoba, una larga polémica que se arrastra desde hace muchos años. Hay convenios firmados por administraciones gobernadas por socialistas e IU que reconocen explícitamente al Cabildo Catedral como propietario de la Mezquita-Catedral. Estas organizaciones ponen en duda la capacidad (tras años de hacerlo) de que la Iglesia cobre entradas y reclaman una cogestión en aspectos no religiosos. Han acusado al Obispado de robar lo que, en puridad, se le entregó hace siglos.
No es la única polémica religiosa que ha tenido lugar en Córdoba, gobernada en minoría por socialistas e IU con el apoyo de Ganemos, una marca blanca de Podemos. El acuerdo de investidura de Isabel Ambrosio, alcaldesa desde el mes de junio, recoge expresamente acciones laicas que han puesto de uñas a la relevante comunidad cofrade de la capital. La primera medida del gobierno fue retirar un crucifijo del despacho de la alcaldía, expuesto desde la época de Anguita por su alto valor artístico e histórico. El segundo, el intento de quitar un cuadro de San Rafael, obra del pintor barroco Antonio del Castillo.
Galicia: Se retiran ayudas a las cofradías de Semana Santa
Pese a no haber sido capaz todavía de aprobar su presupuesto para este año por encontrarse en minoría, el alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, como había hecho también al inicio de su mandato el de Ferrol, Jorge Suárez, advirtió de que retiraría las ayudas públicas a las asociaciones de la Semana Santa compostelana. En los primeros borradores de las cuentas municipales, Martiño Noriega avanzó que se suprimían las partidas de 3.800 y 2.500 euros que habían recibido en 2015 la Junta de Cofradías y la Cofradía de la Veracruz, respectivamente.
Pero no ha sido esta festividad la única que ha sido víctima de la discriminación ideológica que imponen los populistas santiagueses por la vía del gasto. Otra de las medidas que han adoptado ha sido refrendar la rescisión de los convenios que se mantenían con dos asociaciones –RedMadre y Centinelas– por su carácter provida alegando «discrepancias religiosas» con ellas. Una nueva manera de entender la libertad y los derechos sociales.
El veto de pueblos de Madrid a Cruz Roja se extiende a Barcelona y sus socorristas
Cinco ayuntamientos de Madrid gobernados por el PSOE y marcas afines a Podemos han decretado un boicot a los autobuses de Cruz Roja que recogen donaciones de sangre. Cuatro municipios han prohibido la entrada de los vehículos para hacer la colecta mensual y el quinto, Coslada, les presiona cobrando una tasa por aparcar. La izquierda alienta el veto después de que el Gobierno regional del PP firmara en 2013 un convenio por el que sufraga con 67 euros cada bolsa de sangre recogida por la ONG, para cubrir los gastos de una labor que realizan en Madrid desde 1960. Con este cerco, Cruz Roja calcula que perderá 1.600 unidades de sangre al año.
En Barcelona, tras casi 30 años vigilando las playas de Barcelona, Cruz Roja ha perdido el concurso convocado por el Ayuntamiento para cubrir el servicio. Como consecuencia, unos 70 trabajadores han enviado una carta a la alcaldesa Ada Colau expresando el temor a su futuro laboral. El Ayuntamiento, que ha mediado para que la nueva adjudicataria contrate a parte de los socorristas que se quedan sin empleo, alega que la ganadora ofertó más turnos, servicios y prestaciones.
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