La «Ley Trans» que impulsa la ministra Irene Montero encuentra el apoyo entusiasta del lobby LGTB

Tras la eutanasia, el siguiente objetivo del gobierno es aprobar la Ley Trans, que puede provocar el choque de una parte del Ejecutivo con un sector del feminismo. El texto está impulsado por la podemita Irene Montero y acaba de recibir el visto bueno del lobby LGTB.

De este modo, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), la Fundación Triángulo y Chrysallis, que agrupa a familias de menores trans, han dado su conformidad al borrador de la Ley Trans que Irene Montero quiere presentar este febrero.

Prohibirán cualquier tipo de terapia

Tal y como recoge La Vanguardia, tras reunirse con la titular de Igualdad, estas organizaciones destacaron el trabajo “técnicamente minucioso” del proyecto que recoge, según informaron, el derecho a la “autodeterminación de género”, la despatologización de las personas trans y la prohibición de las terapias de reconversión, entre otras cuestiones.

Uge Sangil, presidente de la Felgt, explicó que el texto del borrador se basa en el anteproyecto sobre el que se avanzó la pasada legislatura y que “contó con informes favorables del Ministerio de Justicia”. Este texto finalmente no se aprobó porque decayó la legislatura y porque empezaron a cuajar diferencias en torno al debate sobre el derecho a la “autodeterminación de género”.

Este último punto es que genera el mayor conflicto entre feministas y el sector trans, debido a que de aprobarse cualquiera que dijera que se siente mujer pasaría a serlo y esto choca con la argumentación feminista, pues hombres biológicos pasarían automáticamente a ser mujeres.

Es este también un tema de controversia entre el PSOE y Podemos. Pero Irene Montero ha señalado que quiere presentar su iniciativa en la primera quincena de este mes de febrero, tanto la ley trans como la ley de igualdad de trato de las personas LGTBI.

Estos grupos LGTB que se reunieron con la ministra de Igualdad afirmaron que “como entidades sociales nuestra obligación es mantenernos vigilantes y velar por una legislación que ofrezca garantías jurídicas y que garantice todos los derechos fundamentales de las personas trans y LGB”.