Católicos y Vida Pública: «El Estado no es el titular del derecho a la educación, sino su garante»

Este domingo se clausuró en Madrid el 21º Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la Acción Católica de Propagandistas (ACdP) y la Universidad CEU San Pablo. Convocado en torno al tema Libertad para educar, libertad para elegir, su transcurso estuvo inevitablemente marcado por las explosivas declaraciones del pasado jueves de la ministra de Educación en funciones, la socialista Isabel Celaá, negando que la libertad de elección de centro de educativo por parte de los padres para sus hijos tenga un fundamento constitucional.

El tradicional Manifiesto que recoge las conclusiones del Congreso fue leído por Carla Díez de Rivera y responde implícitamente esa pretensión, al afirmar desde su inicio que "la libertad de enseñanza o de educación, conforme a su reconocimiento explícito en el artículo 27 de la Constitución, engloba un conjunto de libertades: la libertad de creación de centros, la libertad de elección de tipo o modelo de educación, la libertad de elección de formación religiosa y moral de los hijos de acuerdo con las convicciones de los padres y la libertad de cátedra".

Esa libertad de enseñanza tiene como elemento nuclear, según la doctrina del Tribunal Constitucional, el proyecto educativo singular de cada centro, "no reducido solo a las opciones de formación religiosa y moral (aun siendo ésta su acepción más característica, genuina y notable), sino también a las opciones pedagógicas y organizativas". De ahí que sea imprescindible que la enseñanza de iniciativa social sea financiada con fondos públicos, "para que esa libre elección sea real y no venga condicionada por las circunstancias económicas previas". Los conciertos económicos son el actual enemigo a batir por el Gobierno socialista, que pretende suprimir la "demanda social" como criterio objetivo para la obligación de la Administración de establecer un concierto económico con los centros que lo soliciten por petición de los padres.

De izquierda a derecha en la foto: Rafael Sánchez Saus, director del Congreso; José Masip Marzá, vicepresidente de la ACdP; Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la ACdP; Fidel Herráez, arzobispo de Burgos; Marcelino Oreja, vicepresidente del CEU y ex ministro de Asuntos Exteriores; y Carla Díez de Rivera, miembro de la ACdP y encargada de leer el Manifiesto final.

El Manifiesto del congreso Católicos y Vida Pública recuerda así que "la familia, los padres, tienen el derecho original, primario e inalienable a la educación de los hijos y, por lo tanto, el Estado y los centros son subsidiarios de la familia. El Estado no es, en la España actual, el titular del derecho a la educación, sino su garante".

Durante el evento se ha prestado una atención especial a la imposición escolar de la ideología de género: "El adoctrinamiento ideológico de género es preocupante, pues tanto profesores como alumnos experimentan ya las imposiciones a través de cursos y talleres. Aunque muchos son conscientes, todavía algunos padres y profesores lo desconocen o lo han aceptado acríticamente. Por ello, urge fomentar la creación de escuelas de padres en todo tipo de colegios, así como la formación del profesorado en este tema".