El Parlament pide a la Generalitat que prohíba la ocultación del rostro, pensando en el burka
El Parlamento catalán ha aprobado con los votos de CiU, PSC, PP y C´s una moción que insta al Gobierno catalán a "estudiar y analizar" por motivos de seguridad si prohíbe la ocultación del rostro en el espacio público mediante distintas indumentarias, entre ellas el ´burka´ y el ´niqab´.
ERC se ha abstenido e ICV-EUiA y CUP han votado en contra de esta iniciativa, que asegura que tiene como objetivo hacer "respetar unas normas comunes de convivencia y preservar la integridad de las personas sea cuál sea su origen, sexo o forma de pensar".
La moción se compromete a dotar a los ayuntamientos de la cobertura legal necesaria "en relación con las ordenanzas que aprueben en materia de seguridad y espacio público", y también pide más medios para reforzar las labores de mediación.
Los grupos han polemizado sobre si este proyecto cuenta o no con el aval de la comunidad musulmana: Xavier Sabaté (PSC) ha asegurado que algunos grupos se han mostrado partidarios de esta regulación, mientras que Marta Ribas (ICV-EUiA) ha recalcado que entidades sociales de distintos ámbitos han defendido la mediación y han destacado que con esta regulación, el Parlamento catalán "abre la puerta a argumentos xenófobos".
El popular Pere Calbó se ha preguntado qué más tiene que pasar para regular el ´burka´ y ha lamentado que el Gobierno catalán "haga más caso" a la tertuliana y articulista Pilar Rahola que a los grupos parlamentarios a la hora de abordar esta cuestión.
"No compartimos y no estamos dispuestos a participar en un planteamiento que ignore las causas de este fenómeno", ha destacado Gemma Calvet (ERC), que ha asegurado que la ocultación del rostro no debe regularse como algo vinculado con la seguridad pública, sino relacionado con los derechos y libertades.
Mientras que Lluís Guinó (CiU) ha defendido la regulación, Quim Arrufat (CUP) ha asegurado que su formación se opone a ella, porque esta no es una problemática que manifiesten los servicios sociales y porque contribuirá a "estigmatizar" a las mujeres.
Por contra, según Carina Mejías (C´s), la normativa permitirá que la ley esté en consecuencia con "la realidad social que denuncian los concejales que tratan cara a cara" con los ciudadanos.
ERC se ha abstenido e ICV-EUiA y CUP han votado en contra de esta iniciativa, que asegura que tiene como objetivo hacer "respetar unas normas comunes de convivencia y preservar la integridad de las personas sea cuál sea su origen, sexo o forma de pensar".
La moción se compromete a dotar a los ayuntamientos de la cobertura legal necesaria "en relación con las ordenanzas que aprueben en materia de seguridad y espacio público", y también pide más medios para reforzar las labores de mediación.
Los grupos han polemizado sobre si este proyecto cuenta o no con el aval de la comunidad musulmana: Xavier Sabaté (PSC) ha asegurado que algunos grupos se han mostrado partidarios de esta regulación, mientras que Marta Ribas (ICV-EUiA) ha recalcado que entidades sociales de distintos ámbitos han defendido la mediación y han destacado que con esta regulación, el Parlamento catalán "abre la puerta a argumentos xenófobos".
El popular Pere Calbó se ha preguntado qué más tiene que pasar para regular el ´burka´ y ha lamentado que el Gobierno catalán "haga más caso" a la tertuliana y articulista Pilar Rahola que a los grupos parlamentarios a la hora de abordar esta cuestión.
"No compartimos y no estamos dispuestos a participar en un planteamiento que ignore las causas de este fenómeno", ha destacado Gemma Calvet (ERC), que ha asegurado que la ocultación del rostro no debe regularse como algo vinculado con la seguridad pública, sino relacionado con los derechos y libertades.
Mientras que Lluís Guinó (CiU) ha defendido la regulación, Quim Arrufat (CUP) ha asegurado que su formación se opone a ella, porque esta no es una problemática que manifiesten los servicios sociales y porque contribuirá a "estigmatizar" a las mujeres.
Por contra, según Carina Mejías (C´s), la normativa permitirá que la ley esté en consecuencia con "la realidad social que denuncian los concejales que tratan cara a cara" con los ciudadanos.
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