Iceta responde a las exmonjas de Belorado: «Al estar excomulgadas, no son poseedoras del monasterio»

Tras el comunicado de las exreligiosas dirigido este miércoles al Comisario Pontificio y Arzobispo de Burgos -sobre la búsqueda de la naturaleza civil de la labor de las religiosas, del que informamos en Religión en Libertad-, Iceta ha emitido otro en respuesta remarcando que "el Monasterio ya tiene naturaleza civil, al tener personalidad jurídica canónica en virtud de los Acuerdos Jurídicos de 1979 entre la Santa Sede y el Estado Español".

Asimismo, da la razón a las exreligiosas en lo tocante a que "el Monasterio de Belorado es propiedad de la Comunidad de Religiosas Clarisas de Belorado", de modo que dicho monasterio es "un bien de titularidad eclesiástica".

Por tanto, agrega Iceta, "desde el momento en que estas personas han incurrido en excomunión, ya no forman parte de dicha comunidad y, en consecuencia, dejan de ser legítimas poseedoras del inmueble, sin título legal alguno para habitar ni permanecer en él". Algo que no afectaría a las ocho religiosas que siguen perteneciendo a la comunidad de clarisas, al margen de las excomulgadas.

"Son ellas quienes se han apartado de la Iglesia católica por una decisión `libre y personal´, hecho que conlleva aparejada la exclusión de la vida consagrada", se remarca desde el arzobispado.

También se responde a lo manifestado por las exreligiosas en torno a la "intervención de las cuentas corrientes".

Según el arzobispo, en calidad de Comisario Pontificio, le corresponde a él y no a las exclarisas "la administración de los bienes y también, por tanto, la supervisión de las cuentas bancarias", tal y como han reconocido "todas las entidades bancarias a las cuales se ha dirigido la Comisión Gestora".

Precisamente en lo referente a la gestión económica, Iceta da cuenta de cómo el pasado 6 de junio, tres miembros de la Comisión Gestora se personaron en el Monasterio de Belorado para establecer un cauce de interlocución económica a través de la secretaria y ecónoma de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu. Sin embargo, lamentan, "en ningún momento se ha facilitado esta labor por parte de las exreligiosas".

El arzobispado tampoco obvia la acusación por parte de las firmantes de una "amenaza al recurso a la fuerza pública".

Nuestra actitud, dice, "ha sido, es y seguirá siendo de respeto y consideración hacia las exreligiosas", lo que sin embargo "no es óbice para que se haya comunicado que, de no procederse a una salida voluntaria por parte de las exreligiosas, se iniciarán las acciones legales a las que haya lugar".

En referencia al respeto y consideración, el arzobispado considera preciso recordar "que han sido las exreligiosas quienes recurrieron a la fuerza pública, cuando requirieron la intervención de la Guardia Civil para proceder a la expulsión del Monasterio de los miembros de la Comisión Gestora", del mismo modo que "denunciaron ante la Policía Nacional, y después ratificaron ante los Juzgados de Burgos, al mismo Comisario Pontificio".

En otro de los puntos, Iceta celebra que las exreligiosas reconozcan "la autoridad de los Tribunales de Justicia" respecto a la personalidad jurídica de los monasterios y de quienes legítimamente los habitan, ya que "a ellos corresponde velar por el cumplimiento de la legalidad vigente".

Por eso, el Comisario Pontificio aprecia que "no tiene sentido la interlocución con `comisión profesionalizada´ alguna", en referencia a la propuesta y "apreciación" de las exreligiosas, sino "únicamente el cumplimiento de la legalidad vigente".

Tras manifestar nuevamente su preocupación por las religiosas clarisas de avanzada edad residentes en el monasterio "y de modo particular por su atención espiritual", descuidada hasta la fecha, el arzobispado concluye con una renovada "disposición de la Iglesia católica de acoger nuevamente en su seno, con entrañas de amor y misericordia, a quien quiera emprender el camino de regreso a casa, a ejemplo de la parábola del hijo pródigo".