Programada para el Jueves Santo
Los ateos de la «procesión» desafían al Gobierno y amenazan con realizarla
Estudiarán recurrir la prohibición decretada por la Delegación del Gobierno ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL) ha anunciado este miércoles que no desconvocarán la manifestación atea convocada para el Jueves Santo en Lavapiés y que estudiarán recurrir la prohibición decretada hoy por la Delegación del Gobierno ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM).
En declaraciones a Europa Press, el presidente de AMAL, Luis Vega, ha señalado que la prohibición es una "decisión política" que no comparten. "En un Estado democrático y aconfesional como es España no se puede prohibir una manifestación porque digan que tienen indicios que se hace para provocar. Es una mala decisión para el Estado de Derecho", ha afirmado.
Vega ha explicado que este año el motivo de la manifestación se centra en protestar "contra los privilegios económicos de la Iglesia, en un momento en que se están produciendo recortes en Sanidad, Educación y pensiones". "Entendemos que eso pueda ser una provocación a la Iglesia, que se ha acostumbrado a que cualquier cosa lo tome como una provocación. Pero no es de un recibo que un Gobierno acepte como tal esta argumentación", ha sostenido.
El líder de los ateos madrileños ha criticado que la Delegación del Gobierno esgrima como uno de los motivos de la prohibición la sentencia del año pasado del TSJM porque este año el lema y las reivindicaciones de la marcha atea son otros. "Además, en esta ocasión, se ha convocado con todo el cuidado del mundo para evitar las provocaciones que hubo el año pasado, ajenas a nosotros", ha dicho.
Vega también ha justificado que el día elegido para la manifestación sea el Jueves Santo porque, a su juicio, las protestas "se hacen en los días que tienen significado y el día que uno quiere manifestarse lo decide aquel que quiera protestar y no sobre el que se centra las protestas".
"No nos consta que exista alguna situación contractual entre el Gobierno actual y la Iglesia para determinar que el Jueves Santo sea propiedad de los católicos. Todos los días del año son propiedad de los españoles y de nadie más, ni de nosotros ni de la Iglesia", ha señalado.
Representantes de AMAL se reunirán esta tarde con miembros de la Asociación Vecinal ´La Playa de Lavapiés´, la otra entidad organizadora, así como con las organizaciones laicas, anarquistas y sociales que se han adherido a la marcha para decidir las actuaciones a seguir tras conocer la prohibición.
Así, decidirán si recurrirán la resolución de la Delegación del Gobierno ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como así hicieron el año pasado. En abril de 2011, el TSJM rechazó los argumentos de los convocantes y reafirmó la prohibición.
Además, han recordado que tras la prohibición del año pasado en Semana Santa, el departamento estatal les permitió manifestarse un mes más tarde con el mismo recorrido por las calles de Lavapiés, una marcha "que transcurrió de forma pacífica y respetuosa, no hubo ningún incidentes y no pasó nada".
"Vamos a plantear no desconvocar la manifestación, que es un derechos ciudadano. El hecho de comunicarlo a la Delegación de Gobierno es un trámite administrativo y ésta sólo puede prohibir una protesta cuando se den causas muy importantes para ello, que en este caso no existen", ha concluido el presidente de la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores.
En declaraciones a Europa Press, el presidente de AMAL, Luis Vega, ha señalado que la prohibición es una "decisión política" que no comparten. "En un Estado democrático y aconfesional como es España no se puede prohibir una manifestación porque digan que tienen indicios que se hace para provocar. Es una mala decisión para el Estado de Derecho", ha afirmado.
Vega ha explicado que este año el motivo de la manifestación se centra en protestar "contra los privilegios económicos de la Iglesia, en un momento en que se están produciendo recortes en Sanidad, Educación y pensiones". "Entendemos que eso pueda ser una provocación a la Iglesia, que se ha acostumbrado a que cualquier cosa lo tome como una provocación. Pero no es de un recibo que un Gobierno acepte como tal esta argumentación", ha sostenido.
El líder de los ateos madrileños ha criticado que la Delegación del Gobierno esgrima como uno de los motivos de la prohibición la sentencia del año pasado del TSJM porque este año el lema y las reivindicaciones de la marcha atea son otros. "Además, en esta ocasión, se ha convocado con todo el cuidado del mundo para evitar las provocaciones que hubo el año pasado, ajenas a nosotros", ha dicho.
Vega también ha justificado que el día elegido para la manifestación sea el Jueves Santo porque, a su juicio, las protestas "se hacen en los días que tienen significado y el día que uno quiere manifestarse lo decide aquel que quiera protestar y no sobre el que se centra las protestas".
"No nos consta que exista alguna situación contractual entre el Gobierno actual y la Iglesia para determinar que el Jueves Santo sea propiedad de los católicos. Todos los días del año son propiedad de los españoles y de nadie más, ni de nosotros ni de la Iglesia", ha señalado.
Representantes de AMAL se reunirán esta tarde con miembros de la Asociación Vecinal ´La Playa de Lavapiés´, la otra entidad organizadora, así como con las organizaciones laicas, anarquistas y sociales que se han adherido a la marcha para decidir las actuaciones a seguir tras conocer la prohibición.
Así, decidirán si recurrirán la resolución de la Delegación del Gobierno ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como así hicieron el año pasado. En abril de 2011, el TSJM rechazó los argumentos de los convocantes y reafirmó la prohibición.
Además, han recordado que tras la prohibición del año pasado en Semana Santa, el departamento estatal les permitió manifestarse un mes más tarde con el mismo recorrido por las calles de Lavapiés, una marcha "que transcurrió de forma pacífica y respetuosa, no hubo ningún incidentes y no pasó nada".
"Vamos a plantear no desconvocar la manifestación, que es un derechos ciudadano. El hecho de comunicarlo a la Delegación de Gobierno es un trámite administrativo y ésta sólo puede prohibir una protesta cuando se den causas muy importantes para ello, que en este caso no existen", ha concluido el presidente de la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores.
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