La Justicia ve serios indicios de que las clínicas de Morín se saltaron la Ley Aído con 115 abortos

La juez de Barcelona Elisabet Castelló ha terminado su investigación iniciada en el año 2006 a raíz de que saltara el escándalo de los presuntos abortos ilegales cometidos en las tres clínicas dirigidas por el controvertido doctor Carlos Morín. Y lo ha hecho con un auto que no deja lugar a dudas: la existencia de serios indicios de que, junto a su mujer y al equipo que tenía contratado constituían una asociación ilícita que practicó más de un centenar de abortos ilegales, y eso excluyendo ya los numerosos que se realizaron cuando las mujeres se encontraban de menos de 14 semanas de gestación. Es decir, aplicando ya la nueva ley del aborto, la cual está recurrida ante el TC. En algunos supuestos los abortos se llevaron a cabo con fetos de hasta 29 semanas de gestación.

Ahora, la jueza otorga un plazo de diez días para que el fiscal y las acusaciones –Colegio de Médicos de Barcelona, la Asociación E-Cristians, el partido Alternativa Española y la asociación Tomás Moro– presenten sus escritos de acusación en los que soliciten la apertura de juicio oral o la práctica de aquellas diligencias complementarias que consideren «indispensables para formular la acusación». En total, la juez considera que Morín, su mujer, María Luisa Durán Salmerón, la considerada «mano derecha» del primero, María Virtudes Sánchez, cinco ginecólogos, dos psiquiatras y tres anestesistas –uno sin titulación homologada en España– han podido incurrir en los delitos de aborto ilegal, falsedad documental y asociación ilícita.

En el auto de la magistrada, al que ha tenido acceso La Razón, hace un «breve resumen», aunque con un contenido más que revelador, de una investigación que ha resultado «sumamente compleja». Y tras estos años de intensa instrucción, la conclusión a la que llega es lo suficientemente explícita y contundente: «Se han aportado a la presente instrucción indicios de la existencia de una asociación ilícita entre todos los imputados, de manera permanente y estable para la práctica de intervenciones abortivas, sin cumplir ninguno de los requisitos legales». Al frente de esas clínicas se encontraba Morín, quien controlaba la totalidad de la «actividad económica» de esas clínicas.

Los abortos practicados en sus mismas le proporcionaron «ingentes ingresos en metálico, con los que atendía las necesidades y gastos de material y personal»  que,  además,  le permitieron mantener «un elevado nivel de vida» y disponer como vivienda una «lujosa mansión».

Esas prácticas abortivas comenzaron, al menos, en el año 2007, cuando Morín «explotaba y dirigía» en Barcelona las clínicas Ginemedex, TCB y el centro CBM-MC. Para llevar a cabo esos abortos, Morín disponía como «colaboradores médicos» a cinco ginecólogos, tres anestesistas y dos psiquiatras, estos últimos asalariados «para dar apariencia de legalidad con sus supuestos informes psiquátrico» a las interrupciones voluntarias que se practicaban en esas clínicas.

Así, Morín o cualquiera de los médicos que empleaba en sus clínicas practicó abortos a «una pluralidad de pacientes, siendo ilegal en todos los casos la intervención practicada, ya fuere por no existir peligro alguno para la vida ni la salud física o psíquica de la embarazada, ni por ser el embarazo consecuencia de un delito de violación, ni por haberse podido presumir que el feto habría de nacer con graves taras físicas o psíquicas», que eran los supuestos que amparaba la derogada ley.

Sin riesgos para madre e hijo
Pero es que, además, la magistrado ha concluido que en 115 abortos tampoco se cumplen «en ninguno de los casos» las condiciones que prevé la nueva ley  en la que se permite abortar libremente en las primeras 14 semanas  y cuando, más allá de ese límite, concurran «circunstancias excepcionales»,  Sin embargo, en ninguno de esos supuestos se disponía del preciso dictamen médico emitido por un especialista distinto del que iba a llevar a cabo el aborto ni de las historias clínicas se desprende que existiese grave riesgo para la vida o salud de la madre o graves anomalías en el feto. Por ello, ordena que siga la causa contra Morín y sus colaboradores por los tres delitos.

Los trece imputados
- Carlos Guillermo Morín Gamarra, ginecólogo.
- María Luisa Durán Salmerón, esposa de Morín.
- Ramón Tanda Herrero, ginecólogo.
- Tomás Parra Parra, ginecólogo
- Antonio René Ruiz, ginecólogo.
- Dimas Arvin Camejo, ginecólogo.
- Marcial Rodríguez Fero, ginecólogo.
- Agustín Castrillo Ferrando, anestesista.
- Esther Santacana Rillo, anestesista.
- Pedro Juan Luis Ávila, anestesista sin titulación válida en España.
- Pascual Javier Ramón Mora, psiquiatra.
- Fernando Javier Carrato, psiquiatra.
- María Virtudes Sánchez Vázquez, administrativa y mano derecha de Morín.

El historial del horror
Salta el escándalo
En el año 2006, la televisión pública danesa emitía un reportaje en el que se observaba cómo no se ponía inconveniente alguno a practicar un aborto a una mujer embarazada de siete meses.

Irregularidades
El ginecólogo peruano Carlos Morín ya pasó por la cárcel por practicar abortos ilegales. Desde 2007, jueces  de Madrid y Barcelona investigaron las irregularidades cometidas   en sus clínicas.

Sin consentimiento
La clínica de Morín «convenció» a jóvenes para abortar. Madres de algunas adolescentes gestantes que interrumpieron su embarazo no firmaron el correspondiente consentimiento informado que era necesario.

Archivo en Madrid
Un juez de Madrid archivó la causa por los abortos en su clínica de Madrid y esgrimió, entre otros motivos, la nueva ley del aborto que fue aprobada por el Gobierno socialista. La decisión está recurrida en la Audiencia.

Barcelona
La instrucción de la causa abierta en Barcelona ha finalizado y ahora fiscal y acusaciones deben presentar sus escritos o la petición de  de nuevas dligencias. Después, harán lo propio las defensas de los 13 imputados.