La Ley navarra de dignidad en el proceso final de la vida abre la puerta a la eutanasia

En el trámite parlamentario sobre la Proposición de Ley  Foral de Derechos y Garantías de la dignidad de la persona en el proceso final de la vida y a petición de UPN ha comparecido este miércoles en la Comisión de Salud del Parlamento de Navarra la asociación Profesionales por la Ética.

Santiago Díez, portavoz de Profesionales por la Ética, ha sintetizado las alegaciones que ha realizado esta asociación a la Proposición de Ley. Díez ha manifestado que la Proposición de Ley foral expresa textualmente que el médico puede incapacitar de hecho a un paciente si tiene dificultades para comprender la información que se le suministra o si no logra tomar finalmente una decisión;  además,  se permite la retirada inadecuada de la hidratación y nutrición y, al no diferenciar las sedaciones correctas de las incorrectas, crea todos los ingredientes necesarios para un acto de eutanasia encubierta.

Díez también ha solicitado que no se penalice a los profesionales sanitarios que actúen de acuerdo con la buena práctica médica, ya que la Proposición de Ley no establece límite alguno a la voluntad del paciente (o, en su caso, a la de sus representantes). Igualmente, ha indicado que la futura ley deberá mencionar explícitamente el derecho de los centros sanitarios a que su ideario sea respetado y garantizar expresamente la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, como recoge el derecho y la jurisprudencia constitucional y así como la reciente Resolución del Consejo de Europa sobre Derecho a la objeción de conciencia en la atención médica.

«Recordamos», ha concluido Díez, «la responsabilidad que tiene este Parlamento con sus ciudadanos y el derecho  que tienen todos ellos a que se proteja su vida y no se ponga fin a ella de manera deliberada, especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad física y emocional a causa de una enfermedad. ¿Acaso hay vidas humanas de primera y segunda categoría?»

Profesionales por la Ética había invitado para que intervinieran en esta comparecencia dos expertos de reconocido prestigio. Uno de ellos, Álvaro Gándara, médico y presidente de la Asociación Madrileña de Cuidados Paliativos, ha alabado el propósito de  garantizar el derecho de todas las personas a recibir cuidados paliativos integrales aunque ha señalado que este derecho no se puede garantizar sino es con una dotación presupuestaria suficiente. También ha solicitado que no se considere la alimentación a o hidratación de una persona como medida extraordinaria de soporte vital.

Igualmente, Gándara ha criticado que la Proposición de Ley defina como «personas en proceso de final de la vida» a las que padecen una enfermedad incurable e irreversible dado que hay numerosas patologías crónicas que no implican proximidad de la muerte. Por último, ha considerado inaceptable que la Proposición de Ley incluya «el derecho  de las personas en agonía a recibir sedación paliativa», dado que la sedación paliativa es una maniobra terapéutica sujeta a la buena práctica médica y es sólo aplicable según el criterio médico oportuno.

El otro experto invitado por Profesionales por la Ética ha sido José Miguel Serrano, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, quién ha explicado que el término «muerte digna» como reclamación de un derecho se asocia a la muerte como la solución más digna para ciertas vidas, normalmente por las condiciones «indignas» en las que una persona se encuentra. 

«Esto se ha traducido», ha señalado Serrano,  «en atribuir a terceros (normalmente un médico) el poder de poner fin a la vida; y, en otros casos, a supeditar la acción médica a la voluntad suicida y no a la lex artis  o buena  práctica médica. Toda norma que utilice el concepto muerte digna hace sospechar  que se refiere a esto y, por ello, debe asegurar que se trata de garantizar «la atención digna en el proceso de muerte». 
«Garantizar la atención digna en el proceso de muerte», ha concluido Serrano, contradice la idea que desprende la Proposición de Ley foral cuando señala que el principal problema con el que se enfrentan los enfermos terminales es una supuesta voluntad ensañadora de los médicos y que la ley sólo debe proteger el cese de tratamientos».

Finalmente, cabe señalar que entre los portavoces parlamentarios que forman parte de la Comisión de Salud en la que se tramita la Proposición de Ley foral no había ningún médico. «Este dato», indica Santiago Díez, «demuestra el carácter ideológico de esta norma».

Además, en el transcurso de la comparecencia el portavoz de Nafarroa-Bai (el partido que ha impulsado la Proposición del Ley foral) ha negado que esta ley impulsara la eutanasia aunque ha reconocido que ellos son partidarios de esta práctica. Igualmente, el portavoz del Partido Socialista de Navarra ha negado el derecho de los centros sanitarios a oponerse a la eutanasia como recientemente ha reconocido el Consejo de Europa.