El conflicto de EpC será denunciado en Viena como un ataque a la libertad religiosa y de conciencia

La discriminación que sufren los padres españoles objetores a Educación para la Ciudadanía en España será denunciada el próximo viernes 10 en Viena en el marco de la Reunión sobre Libertad de Religión o Creencia.

Convocada por la Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa (OSCE), la reunión tiene por objeto debatir acerca de la libertad de religión y creencias en el continente europeo. Una de las sesiones se dedica a la educación.

En el marco de la reunión, intervendrá Leonor Tamayo, responsable del área internacional de Profesionales por la Ética, para denunciar ante la comunidad internacional el conflicto ocasionado por las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC) y su agresión a las creencias y convicciones de miles de padres españoles.

No es la primera vez que el conflicto de EpC es denunciado en instituciones internacionales. En junio de este mismo año, Profesionales por la Ética lo presentó en Bruselas ante el Grupo Popular Europeo; en septiembre, el European Centre for Law and Justice (ECLJ) expuso la problemática de los padres españoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. El pasado mes de octubre, la EpC española protagonizó dos intervenciones en el marco de la Asamblea de la OSCE celebrada en Varsovia.

«Con estas denuncias», explica Leonor Tamayo, «explicamos que la agresión a las libertades de los padres españoles constituyen un problema global porque vulneran derechos fundamentales reconocidos no sólo en la legislación española sino también en la normativa europea e internacional».

«De hecho», asegura Tamayo, «en la documentación preparatoria de la reunión del 10 de diciembre, la OSCE pide a los estados participantes que respeten la libertad de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y morales».

A las denuncias del conflicto de EpC en foros internacionales hay que añadir las demandas presentadas en marzo y julio pasados por 321 españoles objetores ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.