Las Hermanitas de los Pobres suman argumentos para que Obama no las obligue a facilitar abortos
"Como Hermanitas de los Pobres dedicamos nuestras vidas a servir a los más necesitados con amor y dignidad. Ejercemos este ministerio de amor por nuestra fe. Sencillamente, no podemos elegir entre nuestra fe y nuestra atención a los ancianos pobres, y no lo haremos. Esperamos que el Tribunal Supremo atienda nuestro caso y asegure a la gente que puede seguir libremente la llamada de Dios en sus vidas": así de clara fue la Hermana Loraine Marie Maguire, superiora provincial de las Hermanitas de los Pobres en Colorado, quienes prosiguen su batalla para evitar que la Administración de Barack Obama las obligue a facilitar a sus empleados contraceptivos, abortivos y otras intervenciones sanitarias contrarias a la ley de Dios.
El 14 de julio, el 10º Circuito del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos falló contra ellas, determinando que no pueden acogerse a la exención que el mandato abortista del Departamento de Salud establece para instituciones religiosas en sí mismas (por ejemplo, una parroquia), pero que no extiende a las que prestan servicios sociales, aunque se trate -como es el caso- de una congregación religiosa.
Nueve días después, el pasado jueves 23, las Hermanitas presentaron su recurso ante el Tribunal Supremo, que deberá fallar ahora una cuestión grave y de fondo sobre la libertad religiosa de la que dependen miles de colegios, hospitales, asilos, comedores sociales o centros de atención infantil católicos en todo el país.
Para esos casos, le disposición prevé que las instituciones afectadas pueden rellenar un formulario alegando que el cumplimiento del mandato abortista viola su religión, y en tal caso la Administración autoriza u obliga a terceros a llevar a financiar los métodos anticonceptivos o abortivos objetados. Según los jueces del 10º Circuito y según la Administración Obama, en este caso las Hermanitas de los Pobres no serían "cómplices" del mal, como alegaban.
Pero "en una sociedad libre", explica a National Review el abogado Mark Rienzi, de Becket Fund, que está asesorando a las religiosas, "no es el gobierno quien te dice lo que tu religión permite o prohibe. Las Hermanitas dicen que su religión prohibe el uso de anticonceptivos y que por tanto consideran que firmar para que su plan permita a otros distribuir anticonceptivos supone complidad en un mal moral. Son las monjas, no los jueces, quienes deben decidir si ese acto les es permitido o prohibido".
La Administración Obama alega que los anticonceptivos son un derecho constitucional, pero como afirma irónicamente Rienzi, "resulta algo embarazoso que el gobierno del país más poderoso de la tierra pretenda que no puede lograr el objetivo de distribuir anticonceptivos sin la ayuda de las Hermanitas de los Pobres": "Millones de personas se las arreglan para conseguir anticonceptivos sin involucrar en ello a monjas, ¡no es tan difícil!".
Las religiosas, señalan, en efecto, que si bien rellenar el formulario las libraría de financiar directamente el mal, se trata de un paso necesario para que se ponga en marcha el mecanismo administrativo que lo financia, acudiendo incluso a las aseguradoras de las Hermanitas, entidades que en algunos casos son también entidades católicas.
La cuestión alcanza pues una dimensión teológica, y 67 teólogos firmaron un informe para apoyarlas desde el punto de vista de la doctrina católica. "Hay cooperación formal al mal cuando uno hace una acción que contribuye o ayuda a la acción mala de otro, de forma que el cooperador comparte la intención mala del otro agente. Las Hermanitas pueden concluir razonablemente que, obedeciendo la directiva del gobierno para rellenar el formulario, vendrían a compartir la intencion del gobierno de conseguir su objetivo malo de cubrir y promover el uso de abortivos, anticonceptivos y esterilizaciones. Las Hermanistas pueden inferir razonablemente de la Tradición católica que poner en marcha un proceso que designa y autoriza a otro a realizar una acción prohibida implica necesariamente que se comparte la intención de realizar esa acción", explican los teólogos para demostrar que la oposición de las religiosas no es caprichosa, sino anclada en la fe que los tribunales deben respetar.
El 14 de julio, el 10º Circuito del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos falló contra ellas, determinando que no pueden acogerse a la exención que el mandato abortista del Departamento de Salud establece para instituciones religiosas en sí mismas (por ejemplo, una parroquia), pero que no extiende a las que prestan servicios sociales, aunque se trate -como es el caso- de una congregación religiosa.
Nueve días después, el pasado jueves 23, las Hermanitas presentaron su recurso ante el Tribunal Supremo, que deberá fallar ahora una cuestión grave y de fondo sobre la libertad religiosa de la que dependen miles de colegios, hospitales, asilos, comedores sociales o centros de atención infantil católicos en todo el país.
Para esos casos, le disposición prevé que las instituciones afectadas pueden rellenar un formulario alegando que el cumplimiento del mandato abortista viola su religión, y en tal caso la Administración autoriza u obliga a terceros a llevar a financiar los métodos anticonceptivos o abortivos objetados. Según los jueces del 10º Circuito y según la Administración Obama, en este caso las Hermanitas de los Pobres no serían "cómplices" del mal, como alegaban.
Pero "en una sociedad libre", explica a National Review el abogado Mark Rienzi, de Becket Fund, que está asesorando a las religiosas, "no es el gobierno quien te dice lo que tu religión permite o prohibe. Las Hermanitas dicen que su religión prohibe el uso de anticonceptivos y que por tanto consideran que firmar para que su plan permita a otros distribuir anticonceptivos supone complidad en un mal moral. Son las monjas, no los jueces, quienes deben decidir si ese acto les es permitido o prohibido".
La Administración Obama alega que los anticonceptivos son un derecho constitucional, pero como afirma irónicamente Rienzi, "resulta algo embarazoso que el gobierno del país más poderoso de la tierra pretenda que no puede lograr el objetivo de distribuir anticonceptivos sin la ayuda de las Hermanitas de los Pobres": "Millones de personas se las arreglan para conseguir anticonceptivos sin involucrar en ello a monjas, ¡no es tan difícil!".
Las religiosas, señalan, en efecto, que si bien rellenar el formulario las libraría de financiar directamente el mal, se trata de un paso necesario para que se ponga en marcha el mecanismo administrativo que lo financia, acudiendo incluso a las aseguradoras de las Hermanitas, entidades que en algunos casos son también entidades católicas.
La cuestión alcanza pues una dimensión teológica, y 67 teólogos firmaron un informe para apoyarlas desde el punto de vista de la doctrina católica. "Hay cooperación formal al mal cuando uno hace una acción que contribuye o ayuda a la acción mala de otro, de forma que el cooperador comparte la intención mala del otro agente. Las Hermanitas pueden concluir razonablemente que, obedeciendo la directiva del gobierno para rellenar el formulario, vendrían a compartir la intencion del gobierno de conseguir su objetivo malo de cubrir y promover el uso de abortivos, anticonceptivos y esterilizaciones. Las Hermanistas pueden inferir razonablemente de la Tradición católica que poner en marcha un proceso que designa y autoriza a otro a realizar una acción prohibida implica necesariamente que se comparte la intención de realizar esa acción", explican los teólogos para demostrar que la oposición de las religiosas no es caprichosa, sino anclada en la fe que los tribunales deben respetar.
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