Un senador de California lanza una ley gravemente discriminatoria contra los colegios católicos

Imagine que su familia pone un restaurante y que, paralelamente, el gobierno también decide poner el propio. Tenemos por tanto un restaurante privado (el suyo) y uno público (el del gobierno). Para atender el restaurante tanto usted como el gobierno contratan algunas personas. En una de esas, una de las personas contratadas para atender el restaurante privado, y también uno del restaurante del gobierno, abusan separadamente de algún cliente menor de edad.

Pasan muchos años y, por tanto, el crimen ya no puede ser denunciado a la justicia. Pero muchos años después a algunos políticos se les ocurre proveer de un periodo especial para que las víctimas puedan demandar y pedir resarcimientos económicos. Hasta ahí se podría estar de acuerdo.

Pero ahora suponga que la ley pediría los resarcimientos no al criminal (siguiendo el ejemplo, no al empleado que cometió el delito) sino a quienes le dieron trabajo. Esa no sería la injusticia solamente: en ese proyecto de ley los únicos que podrían ser demandados son los privados (el suyo) pero no los restaurantes públicos, los del gobierno.

Evidentemente, como la mayoría de los restaurantes privados no tendrían para cubrir gastos de indemnización por crímenes que ellos no cometieron, sino que cometieron sus empleados, se ven abocados al cierre. Los restaurantes del gobierno se quedan con el monopolio de la comida.

No es una fantasía: es una proposición de ley
Una ley en esa línea es la que se está impulsando en California. La propuesta de ley (SB [Senate Bill] 131) ha impulsado al arzobispo de Los Ángeles, José H. Gómez, a invitar a los católicos de California para que contacten a sus asambleístas y les pidan votar en contra de una medida impulsada por el senador Jim Beall de Campbell y que podría entrar en vigor en 2014.

La iniciativa de ley apunta contra la educación privada en general y la católica en particular. Los tres grandes errores que conlleva la propuesta de ley son: 1) no cumple con el deber de proteger a todas las víctimas de abuso sexual; 2) discrimina contra escuelas católicas y empleadores privados; y 3) pone en riesgo la labor de los servicios sociales y educativos de la Iglesia.

Graves irregularidades en el proyecto de ley
La web de la archidiócesis de Los Ángeles precisa algunas irregularidades de la propuesta de ley SB131:

Suspende por un año el límite conocido como «ley de prescripción civil» con la intención de que las víctimas de abuso puedan entablar una demanda contra los empleadores de los criminales o supuestos criminales que abusaron de ellas. Se incluye incluso a los criminales o supuestos criminales que ya murieron, por tanto las instituciones privadas de hoy deben responder por actos de personas muertas.

La propuesta de ley no protege a todos los niños pues sólo posibilita que se demande a escuelas privadas y no a los que fueron violados en escuelas públicas u otros empleadores dependientes del gobierno. Esto es muy grave pues el 92% de los niños de California acuden a escuelas públicas, regentadas por el gobierno.

La propuesta va directamente contra colegios católicos y privados pues sólo y nada más contra ellos se pueden entablar las demandas. Estadística y socialmente, el fenómeno de los abusos es mayor fuera de la Iglesia. Y a los niños que estudian en escuelas del gobierno, ¿quién les protege o a quién pueden acudir?

La propuesta de ley no hace algo por incrementar sanciones contra los que cometieron los delitos: se va a la caza de los empleadores y no de los criminales.

Seiscientos casos en la escuela pública en 15 meses
Un ejemplo sobre este último punto: un artículo publicado en The Media Report («Media Highlights Church Opposition to California Bill Pushed By Contingency Lawyers Seeking to Bankrupt It, Ignores Exemption of Abuse-Ridden L.A. Schools», 24.07.2103) evidenciaba que en los últimos 15 meses al menos 600 maestros de escuelas públicas han sido despedidos o han tenido que renunciar por denuncias graves de conductas sexuales inapropiadas, tan sólo en el distrito de Los Ángeles. Y es ahí mismo donde el gobierno ha tenido que pagar 30 millones de dólares por denuncias de abusos en una sola escuela primaria pública. Pregunta: ¿por qué la iniciativa de ley sólo va contra instituciones privadas en general, y católicas en particular, cuando los abusos han ocurrido y siguen ocurriendo mayoritariamente en colegios públicos?

La propuesta de ley pasó en el senado de California el pasado 29 de mayo de 2013. Si es aprobada por el Comité de la Asamblea pasará al pleno este mismo verano.

La advertencia-respuesta de la Iglesia ha sido presentada por los medios de comunicación como una oposición contra las víctimas: la Iglesia es la mala y el gobierno el bueno de la historia. Como se puede notar por todo lo referido líneas arriba, no es así. En cambio, apenas si se han hecho referencias al abogado Jeff Anderson, la persona que más ha lucrado con el tema de los abusos, representando a víctimas y que después se ha quedado con buena parte del dinero que las víctimas deberían tener para sí. De hecho, ya ha dispuesto de una fans page en Facebook para ofrecerse como representante, en caso de que prospere la iniciativa de ley.

Qué hacer
Escribir a los asambleístas. En este enlace puede encontrar una explicación en español.

En inglés se puede mandar la petición a los asambleístas pidiéndoles que voten “no” en estos dos enlaces: aquí o aquí.