¿Fue imparcial la sentencia del 9 de mayo del Tribunal Constitucional español sobre el aborto? Los juristas de la Asamblea de Asociaciones por la Vida y la Dignidad creen que no, y por eso la van a llevar a diferentes instancias europeas, a saber.

- el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
- el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo,
- el Comisario de Justicia de la Unión Europea.

La experiencia de Estados Unidos y la sentencia Roe vs. Wade muestra que no es inteligente rendirse cuando un grupo de jueces activistas cambian las leyes y cultura de un país con interpretaciones creativas: lo inteligente es protestar y revisar las sentencias. Y las 130 entidades de la Asamblea de Asociaciones van a agotar las posibilidades jurídicas.

Las asociaciones presentaron su estrategia jurídica y sus dudas sobre la imparcialidad de la sentencia en un acto en la Real Casa de Postas (son unas dependencias de la Comunidad de Madrid), donde sus delegados y juristas fueron saludados por el Consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín.

Entre estos juristas y ciudadanos había personalidades públicas de primer orden, incluyendo un magistrado del Supremo, un antiguo vicepresidente del Constitucional, un antiguo conseller de la Generalitat y un antiguo presidente del Congreso de los Diputados.

Los juristas de la Asamblea de Asociaciones por la Vida presentarán ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo una queja por la falta de abstención de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que estuvieron implicados en procedimientos relaciones con la misma ley que juzgaron años después.

También se presentará un escrito denunciando el caso ante el Comisario de Justicia de la Unión Europea.

Algo nunca antes visto en la democracia española

Francisco La Moneda, jurista y Doctor en derecho, señaló lo insólito del caso. Recordó que ya el 16 de marzo "por primera vez en nuestra historia democrática, la sociedad civil presentó un escrito de queja ante nuestro más alto tribunal solicitando que los magistrados incursos en causas de recusación fuesen apartados de este procedimiento". Ese escrito nunca tuvo respuesta. "Es igualmente excepcional cómo esta sentencia ha afectado la imagen de imparcialidad del Tribunal", añadió el jurista.

Delegados de 10 entidades de la Asamblea por la Vida en marzo presentan su queja al Constitucional; nunca había sucedido algo así (asociaciones civiles acusando formalmente de parcialidad al Tribunal Constitucional); el TC de Conde-Pumpido ni respondió. Ahora llevan la queja a 3 instancias europeas.

La Moneda aseguró -como hacen también los activistas provida en EEUU- que en el ordenamiento jurídico español "no existe un presunto derecho al aborto". Además, añadió, "la labor del Tribunal Constitucional es interpretar la ley pero no establecer derechos". Las causas para recusar magistrados responden a razones técnico-jurídicas, dijo, no ideológicas.

El TC declaró no sentirse vinculado a su propia jurisprudencia

Federico Trillo, jurista y Letrado del Estado (y presidente del Congreso de los Diputados de 1996 al 2000) destacó que estas actividades buscan "reafirmar y unir a todos los que quieren trabajar por el principal derecho, el derecho a la vida". Citando al fallecido filósofo Julián Marías, afirmó que "la aceptación social del aborto es lo más grave que ha sucedido este siglo".

Sobre la sentencia del TC sobre el aborto de 2023, destaca que sus autores declaran no sentirse vinculados por la jurisprudencia previa del propio Tribunal y además crean un derecho al aborto que daña a "un bien jurídicamente protegido, la vida".

Pidió reconocer la integridad de la magistrada Concepción Espejel que pidió abstenerse de juzgar ese asunto y enumeró sus motivos. El tribunal designado poco antes y lleno de afectos al Partido Socialista, presidido por Conde-Pumpido (antiguo Fiscal General con el Gobierno socialista de Zapatero), no admitió su autorrecusación. "Han demorado 13 años la respuesta al recurso a la sentencia sobre el aborto porque estaban esperando a tener un tribunal conformado por personas que lo defienden", aseguró Trillo.

El resultado es que los españoles sospechan -o ven claramente- que su Tribunal Constitucional no es imparcial.

Sobre la falta de imparcialidad habló también Benigno Blanco, jurista y exsecretario de Estado, y antiguo dirigente del Foro de la Familia. "Nos han privado del derecho de contar con jueces imparciales para decidir sobre un derecho fundamental: el derecho a la vida", denunció. Pidió que cada ciudadano cree conciencia a favor de la vida. "Hagamos cada uno que en nuestro entorno crezca el compromiso de la vida, el valor de la maternidad y la vida del niño no nacido", dijo.

4 jueces marcados por falta de imparcialidad

Habló también Ramón Rodríguez Arribas, quien fue miembro del Tribunal Constitucional de 2004 a 2013, y su vicepresidente en esos dos últimos años. Es además presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura y de la International Association of Judges. Él denunció una clara falta de imparcialidad en los jueces.

"En la sentencia del 2023 hay 4 jueces claramente marcados por su falta de imparcialidad que han dictado una sentencia manchada por su parcialidad", insistió. Rodríguez Arribas explicó que cuando fue miembro del TC intentó, sin éxito, suspender la vigencia de la ley de aborto de Zapatero hasta que se hubiera dictado una sentencia definitiva (que tardó 13 años en llegar). Rodríguez Arribas añadió además que "la defensa de la vida frente al aborto no es patrimonio de los católicos. El ‘no matarás’ es para todas las personas".

"La sentencia 2023 nos degrada con Estado de Derecho"

José Luis Requero Ibáñez, magistrado del Tribunal Supremo desde 2014​ y antiguo vocal del Consejo General del Poder Judicial (2001-2008), insistió en que se está usando ahora al Tribunal Constitucional como una especie "de tercera capa, con otro ropaje, de la lucha política".

"Un Tribunal Constitucional desjudicializado y politizado es un drama. La sentencia 2023 nos degrada como Estado de Derecho", lamentó. Añadió que no es labor del Tribunal Constitucional crear derechos, sino que esa tarea correspondería en todo caso a la ciudadanía a través de los mecanismos del Estado de Derecho.

Por último, Josep Miró i Ardèvol, coordinador de la Asamblea por la Vida y presidente de E-Cristians, cerró el acto citando al Deuteronomio como recomendación para los jueces: "La justicia y solo la justicia buscarás". Animó a todos a continuar en su lucha por defender la Vida, como el primero y fundamental de los derechos. La Asamblea por la Vida ya dejó claro que insistiría en esta línea.

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