La Constitución Española, ¿cómo encaja la ley de aborto de Rodríguez Zapatero? No lo sabemos porque hace 10 años y medio (y un millón de niños abortados) que el Tribunal Constitucional no responde.
El pasado 1 de junio de 2020 se cumplieron 10 años del recurso al Tribunal Constitucional que presentaron 50 diputados del Partido Popular y el Gobierno de Navarra contra la ley del aborto, conocida como Ley Aído, diseñada por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.
Al contrario que la ley anterior, de Felipe González, esta ley no se limitaba a despenalizar algunos supuestos, sino que instauró el aborto a petición, sin necesidad de alegar causa o necesidad alguna, y estableció que el aborto es un "derecho" (algo que no parece encajar bien en la Constitución española).
Han pasado 10 años y el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado al respecto mientras el recurso presentado hace una década espera aún ser sometido a debate. Para muchos expertos esta demora es un auténtico escándalo que no tiene otra explicación que la política.
Casi un millón de abortos desde la presentación del recurso
Desde entonces, y según las cifras oficiales, desde que Zapatero aprobó esta ley, recurrida en el Constitucional aunque aún sin respuesta se han abortado más de 830.000 bebés. Esta última cifra oficial fue ofrecida en noviembre de 2019. Se refería a los datos de 2018 por lo que el número de abortos provocada por esta ley es sensiblemente mayor, y ascendería ya estas alturas de 2020 a cerca del millón de niños abortados.
Composición del Tribunal Constitucional
El Gobierno socialista logró sacar la Ley Aído, llamada así por el nombre de la ministra de Igualdad que lideró el proyecto, fue sacada adelante por 184 votos a favor y 154 en contra.
El "silencio" del tribunal
Ya en verano el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, recordaba este triste aniversario. A través de su cuenta de Twitter afirma: “El silencio ante el recurso de inconstitucionalidad presentado ahora hace diez años contra la ley del aborto me recuerda a la incomodidad de Pilato. ¿No será que resulta imposible conjugar el ‘derecho al aborto’ con el reconocimiento en 1985 del derecho a la vida del nasciturus?”.
No es la primera vez que el obispo guipuzcoano se ha pronunciado sobre el silencio de este alto tribunal.
En un encuentro organizado por Orvalle & Retamar Alumni el pasado año, el obispo de San Sebastián afirmaba que la falta de respuesta del Tribunal Constitucional al recurso de inconstitucionalidad "se acerca a la prevaricación".
La obligación a responder al recurso
"Ese no querer responder es inaceptable", añadía el prelado: "Existe el derecho a hacer una pregunta sobre si una ley es inconstitucional y el Tribunal Constitucional tiene la obligación de responderla".
Este hecho algunos expertos lo consideran "escandaloso", pues no solo se trata de un asunto concerniente a un derecho fundamental como el derecho a la vida, reconocido en el artículo 15 de la Constitución, sino que los alegantes sostienen que la norma recurrida contraviene la doctrina al respecto fijada por el propio Tribunal en su sentencia de 1985 sobre la primera ley del aborto existente en España.
Protestas de E-Cristians y Abogados Cristianos
La Asociación Española de Abogados Cristianos, en octubre, y la asociación E-Cristians en junio, también instaron al Tribunal Constitucional a que respondiese. E-Cristians pidió también que fuera el PP quien instase al Tribunal a pronunciarse (cosa que no ha sucedido).
E-Cristians denunciaba: "al escándalo de la ocultación del recurso -¿qué significa, si no, la década transcurrida?- por parte del Tribunal Constitucional, hay que añadir, en un segundo orden, el desinterés del PP por su propio recurso. ¿Cómo puede aceptar, si para él la ley del aborto es tan importante como da a entender un recurso al Tribunal, que deje pasar tantos años sin efectuar el más mínimo pronunciamiento? Este desinterés debe ser subsanado inmediatamente si no quiere dar lugar a un pésimo juicio sobre su forma de proceder".
La asociación también llamaba la atención de "todos los decanos de los colegios de abogados de España y a su organización colegial, y todas las asociaciones de jueces y fiscales para exponerles lo que desde nuestro punto de vista es una anomalía. Nos dirigiremos a las organizaciones presentes en el Parlamento Europeo, y a los representantes del Consejo de Europa, para dar a conocer la anómala situación que se vive en España en el orden constitucional".
En octubre la Asociación Española de Abogados Cristianos presentó ante el Tribunal Constitucional cerca de 200 derechos de petición de particulares urgiéndole a pronunciarse sobre la ley del aborto.
Estos juristas consideraron “inadmisible que el Constitucional no se haya pronunciado sobre este asunto en 10 años pese a asegurar en su momento que iba a dar carácter prioritario a esta resolución”.
En su opinión, “se trata de una grave, indebida e injustificada dilación que afecta al derecho supremo que nuestro ordenamiento jurídico protege frente a todos los demás: el Derecho a la Vida”.
El letrado de Abogados Cristianos, Ignacio García, afirmó que “esta dilación sólo beneficia a los empresarios del aborto”. Recordó que “anualmente se destina diez veces más dinero público al aborto que a ayudas a las mujeres”.
También Ignacio García instó al PP a “definir su posición actual sobre el derecho a la vida y a solicitar el impulso del procedimiento, ya que es el único legitimado para ello puesto que fue quien presentó el recurso”.